El hecho de que una cantidad considerable de militares venezolanos haya instalado un campamento en territorio colombiano «en cumplimiento de órdenes de superiores», es un asunto grave y para preocuparse. Desde tiempo atrás, los incidentes ocasionados por la Guardia venezolana en territorio colombiano, han dejado de ser hechos aislados, para convertirse en una realidad que viven y sufren cientos de compatriotas.

Lo sucedido esta semana, unido con la cantidad de incursiones militares en la frontera, la adquisición de grandes bombarderos rusos y de abundante equipamiento militar, la alianza política con Irán y Rusia, y el constante discurso de convertir a Colombia como los victimarios de los problemas internos de Venezuela, son en suma un cóctel de alto riesgo, una papa caliente, que podría estallar en cualquier momento y convertirse en un incidente mayor.

Desde hace muchas décadas, en el derecho internacional, se encuentra la prohibición que en la conducción de las relaciones internacionales los Estados recurran a la amenaza o al uso de la fuerza, así está consagrado en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, indicando lo siguiente:

Artículo 2 Para la realización de los Propósitos consignados en el Artículo 1, la Organización y sus Miembros procederán de acuerdo con los siguientes Principios:  […]
4. Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas»

 

El marco jurídico que ofrece la Carta de Naciones Unidas permite establecer que la prioridad de la sociedad internacional es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, puesto que son los elementos configurativos de su existencia, y es correlativo con el principio de humanidad que la inspira. Por tanto, se hace un llamado a que el uso de la fuerza sea limitado y sometido al derecho internacional.

La invasión de Venezuela en Colombia, así sea sobre una pequeña porción territorial es una clara provocación, que está catalogada como agresión, entendida como  «el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, integridad territorial o independencia política de otro estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas» (Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1974). Dados los hechos, Venezuela ha efectuado una agresión, a través del uso de la fuerza con el despliegue de fuerzas armadas contra la integridad territorial de Colombia.

La crisis fue manejada por estrictos canales diplomáticos, y no está mal hacerlo, pero Colombia debe tener una reacción más contundente para evitar que la papa caliente explote. Se debe documentar e informar, en forma inmediata a la Organización de Estados Americanos y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, todos los hechos que se han venido desplegando por Venezuela, y que están sugiriendo un posible y lento escalamiento de un conflicto contra la integridad territorial colombiana.

Colombia debe promover que los Estados y los organismos multilaterales, condenen el uso de la fuerza de Venezuela hacia Colombia, como una violación a una prohibición internacional, en contra de los derechos de los colombianos a su integridad territorial, así como a la libertad de movimiento y la seguridad de las personas habitantes de la frontera con dicho país.

 

Juan Pablo Salazar
PhD candidato en Derecho Internacional.
Máster en Relaciones Internacionales.

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Fuentes: