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Ahora en la segunda
quincena de enero es cuando realmente comienza nuevamente la gestión
administrativa en Bogotá, durante este 2013 la alcaldía de Petro debe
consolidar su ambicioso y bien intencionado Plan de Desarrollo y pasar del
dicho al hecho, del discurso a la realidad. A estas alturas, la novatada de
varios e importantes funcionarios públicos debe estar superada para que se
puedan concretar metodologías, cronogramas, capacidades institucionales,
proyectos e incluso contratos que saquen adelante con éxito las iniciativas del
equipo de gobierno.

Fortalecer lo
público, evitar la segregación socio-espacial y organizar la ciudad alrededor
del agua  fueron los ejes conceptuales con
que se estructuró el Plan, hace un
año cuando se comenzaron a debatir estas ideas, a muchos
nos sonaron raras
, no
las entendimos, pero hay que reconocer que la administración ha intentando
avanzar en cada uno de estos ejes, y es más, sus debatibles y muchas veces
innecesariamente beligerantes actuaciones han sido absolutamente coherentes con
estos principios. Mencionemos solo tres de los más sonados ejemplos:

¿A quien le cabe duda que el intento de crear una empresa pública capaz
de recoger eficientemente las 7.000 toneladas de basura producidas, que
prometía reducir las tarifas que se cobran a los ciudadanos, y en un 30% la
cantidad de desechos que llegan a Doña Juana, además de dignificar el trabajo
de miles de recicladores que noche a noche silenciosamente se paran frente a
las canecas a buscar su sustento, no pretendía ser uno de los frentes para
fortalecer el aparato público? Hay que decirlo claramente, eso salió mal, y
diga lo que diga la administración, le tocó recular y seguir manteniendo
relaciones contractuales con aquellos a quienes tildó de mafiosos
paramilitares, y básicamente acudir a la sensatez reconociendo que los
responsables públicos de estructurar semejante empresa no fueron capaces, al
menos no para el tan anunciado 18 de diciembre, cuando así quedó claramente evidenciado
con los hechos que todos los que habitamos esta ciudad conocimos, y que la
excesivamente amarillista prensa nacional se ha encargado de explotar como
manjar noticioso.

¿Quién creerá que la idea de exigir que los nuevos desarrollos
urbanísticos
ubíquense donde se ubiquen cedan al menos el 20% de suelo para la
construcción de vivienda de interés prioritario para víctimas del conflicto, no
busca mitigar en algo la segregación socio
-espacial?  Y digo idea porque la exigencia debe ser
concretada a través de un decreto que fue ampliamente anunciado desde el pasado
mes de mayo pero que como otros proyectos de la alcaldía, hasta ahora no pasan
de ser un mito discursivo, no se expide tal acto administrativo.

¿Suspender la venta de agua en bloque indiscriminada a cuanto potrero
los grandes constructores de la sabana quisieran desarrollar, muchas veces
contra las normas urbanísticas y ambientales, pero bajo la anuencia de alcaldes
municipales vecinos y de la Corporación Autónoma Regional, explayando la
invasión de concreto bogotano sobre el verde protegido de la ruralidad? O evitar
que se siga construyendo vivienda popular en zonas inundables del occidente,
incluso contra hechos jurídicos cumplidos como la viabilidad ya dada -por parte
de la alcaldía anterior- a planes parciales que dieron derecho a los interesados
a tramitar licencias de urbanismo y construcción para esos predios, y que tarde
o temprano le implicará a la ciudad lidiar con sendas demandas al quebrantar la
confianza legítima que tienen los ciudadanos en el Estado ¿no significa ordenar
la ciudad alrededor del agua? Sin embargo, y como en los dos casos anteriores,
después de anuncios, vociferaciones y pelea tras pataleta, estos hechos se
concretan a través de las derogatorias de los decretos otorgados por la propia
alcaldía de Bogotá, y como por variar, hasta ahora, no pasa nada, nada de nada,
no se derogan.

Como si fuera poco, sacar adelante éstos y muchos otros proyectos propuestos
por la alcaldía, pasan así sea tangencialmente  por que se expida un nuevo Plan de
Ordenamiento Territorial que demuestre con claridad técnica y jurídica una
visión de ciudad a largo plazo, que un Concejo políticamente adverso al alcalde
le permita a la ciudad endeudarse por la bobadita de 4.3 billlones de pesos, para
poder así financiar la mayoría de obras de infraestructura, e inevitablemente
acudir a los grandes inversionistas privados -a quienes la administración no
parece tolerar- para que aporten capital, con ánimo de lucro, al desarrollo de
proyectos como la construcción y operación de un sistema de transporte férreo
por solo citar solo algún ejemplo.
Concretar la construcción
las 70.000 viviendas populares con las que se comprometió la administración,
implementar correctamente el Sistema Integrado de Transporte Público con un
régimen tarifario con fuentes de financiación sostenibles e identificables,
ajustar su equipo de trabajo para  que
jalone los proyectos del Plan de Desarrollo, y sobre todo, gane a través de
ello nuevamente el apoyo ciudadano que aparentemente está perdido, parecen ser
tareas apremiantes para la administración durante este 2013.

El 2013 será decisivo para el futuro de Petro, para el embrionario
movimiento Progresistas, y más importante aún, para el futuro mediato de
Bogotá.
Si de aquí a diciembre no se logran concretar
proyectos técnicamente sustentados, financieramente sostenibles y jurídicamente
viables, muy probablemente durante los dos años que le quedarían a la
administración, no habrá tiempo de recomponer el camino para  encausar a Bogotá hacia el desarrollo urbano,
y con algo de razón, al finalizar la Bogotá Humana, muchos ciudadanos podríamos
decir que esta administración estuvo caracterizada por la beligerancia y la palabrería. 

Por: Felipe Morales

@felipemoraless

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