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Jhon Arley Murillo. Foto: Partido Colombia Renaciente

Jhon Arley Murillo. Foto: Partido Colombia Renaciente

En esta serie tendremos a los dos Representantes a la Cámara por circunscripción afro y a los presidentes, saliente y entrante, de la Comisión Legal Afro del Congreso, como un aporte al control social de su gestión por parte de sus representados. 

Jhon Arley Murillo, chocoano, salió elegido representante a la Cámara con la más alta votación, 32.434 sufragios, en la Circunscripción Especial para las Comunidades Afrodescendientes. 

Fue avalado por el Consejo Comunitario La Playa Renaciente, ubicado en la zona rural de Cali. Su curul dio origen al partido político Colombia Renaciente, que entregó más de 5.600 avales para las elecciones de este 27 de octubre. 

Murillo es abogado de la Universidad de Santiago de Cali y especialista en derecho administrativo y docencia universitaria, con amplia trayectoria en el sector público, especialmente en el ICBF como director regional en Valle y Chocó. 

En entrevista con Color de Colombia, habló sobre su gestión como representante, sus logros y los retos que enfrentará para su segundo periodo legislativo. 

¿Qué balance hace del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 en relación con la población afrocolombiana?

El resultado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) es agridulce porque se avanzó en algunos temas, pero al mismo tiempo lo que se logró no es suficiente en lo relacionado con la defensa de los derechos de las comunidades negras y la protección de lo consagrado en la Ley 70 de 1993. 

Por ejemplo, se logró incluir en el artículo 4 del PND 19 billones de pesos para invertirlos en nuestras comunidades, un compromiso que ya había sido adquirido por el Gobierno Nacional en el marco de la consulta previa. 

No obstante, esa suma no es suficiente, teniendo en cuenta el número de población que existe actualmente y el hecho de que se requiere muchísima inversión para lograr que las comunidades afro más vulnerables y alejadas del país se pongan al nivel de desarrollo del resto de la ciudadanía en el acceso a servicios, programas e infraestructura.

Frente a este tema puntual, yo expuse en su momento un ejemplo muy claro de por qué las comunidades negras, hoy por hoy, requieren más inversión y por qué hablamos de deuda histórica frente al desarrollo de nuestros pueblos.

No es lo mismo un PND proyectado para las ciudades y municipios del interior del país, que para una capital como Quibdó, donde es evidente que se requieren planes especiales que le permitan ponerse al nivel de las demás ciudades.   

Lo mismo ocurre en Tumaco y Buenaventura, que van a requerir de una atención diferencial en la implementación de los programas y servicios del Estado en los próximos cuatro años.

Por otra parte, un logro importante del PND fue la eliminación del artículo 7 que impedía adjudicar terrenos declarados como reserva forestal, afectando a las comunidades negras. Este artículo desconocía las normas vigentes de la ley 70 que hoy garantizan que los consejos comunitarios de negritudes tengan acceso a la tierra a través de títulos colectivos.

En el mismo sentido, y gracias a la insistencia durante el debate y la votación, se impidió que a través del artículo 349 de vigencias, que señalaba cuáles normas se derogaban, fueran eliminados varios artículos considerados como logros en luchas pasadas de las comunidades negras.  

Entre estos se encuentran varios de la Ley 1753, como el artículo 101, que establece el subsidio integral de tierras para los consejos comunitarios; el artículo 109, que implicaba destinación de bienes de extinción de dominio para el pueblo raizal de San Andrés; el 131 sobre el estatuto raizal; el 185 que creó el fondo Somos Pacífico, el 255 de compensación del predial afro, y los artículos 27 y 31 de la Ley 1151 del Programa Especial de Compra de Tierras.  

Evité, mediante proposición, que estos artículos fueran derogados y hoy siguen vigentes porque son garantía para las comunidades negras en la preservación de sus derechos.

Por su parte, nos dimos cuenta de que los compromisos de la minga indígena, afro y campesina del Cauca no iban a ser parte del PND en el último día de discusión.

Unimos esfuerzos y, mediante un bloque parlamentario de distintas fuerzas, logramos que estos acuerdos fueran incluidos con el fin de garantizar que el Gobierno Nacional diera cumplimento a los mismos de manera irrestricta.

Frente a comunidades étnicas y en relación con el PND, considero que estos son los puntos más importantes y a destacar de la gestión individual que realicé, y la otra que fue lograda gracias a la unión de fuerzas políticas y la firma en bloque de algunas proposiciones. 

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Jhon Arley Murillo. Foto: Partido Colombia Renaciente

¿Qué destacaría de su gestión como congresista en esta primera legislatura?

Cada logro en el Congreso es de destacar porque el trabajo es muy arduo y merece mucha  dedicación, gestión, articulación, seguimiento y largas horas de discusiones sobre cada tema. 

Es fundamental que los ciudadanos sean informados sobre el trabajo realizado en el primer periodo legislativo y que conozcan las proyecciones para el segundo que ya empezó. Puedo indicar, entonces, que presenté tres proyectos de ley de mi autoría y que ya están radicados. Esperamos que en este periodo surtan su trámite para aprobación. 

El primero es el proyecto de ley 272 de 2018, sobre la ley de egreso sistema de protección; el segundo es el 273 de 2018, comité intersectorial para la primera infancia, y el tercero es el 274 de 2018, sobre estabilidad laboral personal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Realicé proposiciones que fueron aprobadas dentro de los proyectos de ley.  Por ejemplo, el proyecto de ley 152 de 2018 Cámara (TIC), que propone adicionar en el artículo 22 un numeral (32) que indique, como función de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, reglamentar la televisión étnica y afrocolombiana.

También propuse el 201 de 2018 sobre violencia intrafamiliar para incluir un artículo nuevo sobre la creación de una estrategia nacional de formación de familia por el Gobierno Nacional para prevenir el maltrato y la violencia intrafamiliar. 

Y finalmente, la Ley de Financiamiento (Ley 1943 de diciembre de 2018), artículo 476 sobre servicios excluidos del impuesto a las ventas IVA, numeral 14: servicios de alimentación, contratados con recursos públicos, destinados al sistema penitenciario, de asistencia social, de escuelas de educación pública, a las Fuerzas Militares, Policía Nacional, Centros de Desarrollo Infantil, centros geriátricos públicos, hospitales públicos y comedores comunitarios. 

Fui ponente de la ley para beneficios laborales de las Madres Comunitarias, que ya fue aprobado. Esperamos la sanción presidencial. Y este es el total de las proposiciones incluidas en el PND: 

  • Artículo 7. Proposición para adicionar un parágrafo 2 al artículo 7, sobre territorios colectivos afro. 
  • Artículo 200.  Proposición para agregar un parágrafo al artículo 200, en el que se indique que se dará prioridad en la generación de nuevos empleos a aquellos jóvenes que salen del sistema de bienestar familiar, de edades entre 18 a 28 años. 
  • Artículo 213.  Proposición para modificar el artículo 213, agregando que no sólo se hará la focalización a través del SISBEN sino también a través de otros factores que demuestren el estado de vulnerabilidad del interesado.  
  • Artículo 239.  Proposición para modificar el parágrafo 1 del artículo 239, con el fin de eliminar que se podrá contratar a un tercero para las auditorías a cargo de la ADRES. 
  • Artículo 349.  Proposición para modificar el artículo 349, sobre la vigencia de leyes y normas, con el fin de incluir la vigencia de las normas relacionadas con negros, afrocolombianos, raizales y palanqueras. 
  • Proposición para crear un artículo nuevo sobre asignación presupuestal para el fortalecimiento organizativo de las comunidades negras afrocolombianas, raizales y palenqueras.
  • Proposición para incluir en el PND los acuerdos con la minga indígena, afro, y campesina del Cauca.

Asimismo, solicité y realicé audiencia de control político el 8 de mayo de 2019 a la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, sobre el funcionamiento de los programas de primera infancia, Sistema de Responsabilidad Penal y Ley 1878 de 2018.

¿Cuál es su apuesta para la segunda legislatura que comienza?

Para la segunda legislatura me he planteado varios objetivos. El primero es avanzar en el seguimiento al cumplimiento de lo que quedó establecido en el documento del PND.  Con esto, se pretende lograr que lo plasmado se lleve a la realidad, con asignación de los recursos, ejecución de los proyectos y verdadero impacto de desarrollo en las comunidades.  

El segundo objetivo es sacar adelante los proyectos de ley que no fueron aprobados en el primer periodo. Este es un tema de mucha gestión, pues hay que insistir, lograr puntos de encuentro con los demás congresistas y, conjuntamente, trabajar en favor de la ciudadanía a través de la expedición de normas que resuelvan problemáticas o que permitan mayor equidad entre los ciudadanos.

Y el tercero es seguir trabajando y realizando control político a todo lo relacionado con el bienestar de la niñez y las familias colombianas. 

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La Fundación Color de Colombia, creada en 2006, promueve los intereses estratégicos de la población negra o afro alrededor de la igualdad y el reconocimiento, con una visión de mayor integración a la sociedad y al desarrollo sostenible. No estamos repitiendo el discurso convencional sobre la cuestión afro ni haciendo lo mismo. Síganos en Twitter: @colordecolombia y en Facebook: Color de Colombia

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