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Sede de Ecopetrol en la ciudad de Bogotá.
Para nadie es un secreto que la minería en Colombia está devastando el país, no sólo por parte de algunas compañías multinacionales a las que se les han otorgado títulos mineros sin mayor control; sino también por la explotación ilegal que saquea, contamina y arruina de igual forma nuestro medio ambiente.
De hecho, la minería artesanal podría ser mucho peor que la que se hace a gran escala pues la cantidad de personas que incurren en estas prácticas, ocasiona que el efecto dañino se multiplique. A esto se suma que algunos grupos armados irregulares también están explotando indiscriminadamente estos recursos a cielo abierto, inclusive con maquinaria pesada y con las graves consecuencias que esto tiene para la nación.
La realidad de muchas zonas mineras colombianas es que la explotación que se ha realizado por décadas ha dejado más muertos, pobreza y contaminación que desarrollo. Esto mismo se repite en todo el país pues la responsabilidad social y ambiental de las empresas extractivas es casi nula y el Estado parece no tener control sobre estas compañías las cuales, imponen su ley en los territorios donde tienen presencia.
Un ejemplo podría ser Muzo-Boyacá, municipio que por décadas ha sufrido la guerra que ha generado la disputa del control sobre las minas de esmeraldas por parte de particulares que se autoproclaman dueños de esas riquezas. Dicho conflicto ha traído más atraso que progreso no sólo para ese municipio sino para todo el departamento e inclusive para el resto del país, el cual ha tenido que sufrir las consecuencias de semejante barbarie donde se ha destinado más dinero a programas de seguridad que a inversión social.
No obstante, ese municipio no es el único afectado, existen muchos otros pues prácticamente las multinacionales se repartieron el territorio nacional a su conveniencia. Es por eso que hemos visto casos como el de la Drummond, que desacató la ley cuando fue sancionada por verter carbón al mar. El de Cerromatoso, donde el Estado regala el mineral por un arriendo simbólico. El de Pacific Rubiales, que se lucró con el petróleo colombiano a cambio de darle camisetas nuevas a la selección de fútbol y patrocinar torneos de golf. Además de la explotación de oro y otros minerales como el cobalto y el coltán, que se realiza de forma caótica por todo el país dejando una inmensa contaminación ambiental.
Si bien la explotación minera es necesaria para el desarrollo del país pues es lógico que si existen recursos hay que aprovecharlos de alguna forma, no se está haciendo con las mejores prácticas y actualmente sólo beneficia a unas pocas empresas que en su mayoría, son extranjeras. Colombia apenas está empezando a entender los efectos de tal devastación al ver contaminadas sus aguas, talados sus bosques, muertos a sus animales y con un notable incremento de la violencia en los territorios adyacentes. También con unos índices de pobreza y desempleo que contrastan con las exorbitantes ganancias que obtienen dichas compañías.
Tampoco se trata de frenar la inversión extranjera sino de explotar los recursos de una manera responsable, ordenada y racional. La idea de todo esto es que los ciudadanos se beneficien tanto como las multinacionales y que el Estado tenga control sobre los recursos en por lo menos un 51% por tratarse de un sector estratégico de la economía. Así se le garantizaría dividendos a la nación y se podría exigir altos estándares de calidad en materia social, ecológica y tributaria.
La solución a todos estos problemas podría ser crear una empresa como Ecopetrol para que realice el 100% de la explotación minera del país. Esto propiciaría que el Estado recibiera mayores ingresos por concepto de utilidades que bien se podrían destinar a inversión social a la vez que se protegería la naturaleza, las comunidades y se garantizaría el pago de impuestos.
La Ecopetrol de la minería necesariamente debe ser de mayoría accionaria estatal, tal como funciona la petrolera e inclusive, podría ser una división de la misma. Así se tendría control sobre las decisiones a la vez que se garantizaría la inversión extranjera ejerciendo plena soberanía sobre los recursos para que las utilidades producto de su comercialización, se re-inviertan en el país. De igual forma, se podrían ofrecer paquetes accionarios para que la ciudadanía participe de las utilidades de un modo más ordenado.
No se puede seguir obviando la importancia que tiene el sector minero-energético para la economía colombiana y de allí la necesidad de formalizar todas las actividades relacionadas. Tampoco se puede ocultar que las multinacionales mineras ganan mucho más de lo que le dejan a Colombia y esto es fácilmente comprobable al visitar las zonas de explotación que casualmente son de las más pobres del país, situación que se debe corregir con urgencia.
Al crearse la Ecopetrol de la minería, las compañías extranjeras también se beneficiarían pues tendrían normas claras por parte del Estado al otorgarles seguridad jurídica a sus inversiones y una guía de prácticas ambientales adecuadas para cada tipo de extracción. También obtendrían mejores resultados operacionales pues la explotación se haría ordenadamente sin el caos que genera la actividad ilegal.
Otro aspecto a tener en cuenta es la creación de empleo. Según cifras del sector, las actividades mineras generan más de 350.000 puestos de trabajo, número que se podría aumentar al tenerse pleno control sobre los recursos. Además, valdría la pena añadirle todas las posiciones que se generarían al formalizar la actividad de cientos de personas que laboran clandestinamente.
También se debe empezar a crear industrias que transformen la materia prima para que el valor agregado se quede en el país. Es hora de que el Estado colombiano mire mucho más allá de la simple exportación de materia prima para empezar a elaborar productos terminados y semi-terminados en alianzas público-privadas. De ese modo, se llegaría a otros mercados y se generaría más puestos de trabajo a la vez que crecería la economía.
No debemos caer en la dicotomía de preguntarnos si es correcto o no el explotar los recursos naturales, el punto es hacerlo de una manera racional en que se beneficie toda la población del país y sin afectar negativamente al medio ambiente. El Estado de Colombia debe propiciar estos cambios si queremos progresar como nación y alcanzar el desarrollo anhelado o de lo contrario, seguiremos exportando commodities y acabando con los pocos recursos no renovables que nos quedan, cometiendo así un claro error estratégico.
