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Bogotá D.C, sede de la democracia colombiana. Foto: Juan Carlos Martínez Castro. Archivo El Tiempo.
El pasado 27 de septiembre de 2023 se realizaron marchas multitudinarias por toda Colombia en apoyo al presidente Gustavo Petro. Algunas personas aún no comprenden el por qué de semejante apoyo a pesar de la intransigencia de la oposición, del pesimismo de los gremios, de las falsas narrativas de algunos medios y de los dudosos sondeos de ciertas firmas encuestadoras.
Pues bien, para comprender esto, basta con recordar la situación del país durante las últimas dos décadas en las que el uribismo estuvo en el poder:
En Colombia, el 1% de la población se adueñó de todo. Los demás, reciben un ingreso fijo y la gran mayoría, sólo el SMLV o menos o nada. Normalmente, los gobiernos uribistas y los gremios solían divulgar sin ninguna vergüenza las cifras del crecimiento económico del país y las utilidades billonarias de algunos sectores como el bancario y el extractivista. Sin embargo, nunca se atrevían a difundir con igual intensidad las cifras de la distribución de la riqueza o de la disminución de la pobreza. Claramente, porque buscaban ocultar la enorme inequidad que se presenta en nuestra patria.
Millones de colombianos están desempleados, además se encuentran endeudados y la gran mayoría se halla entre la espada y la pared debido a los altos precios que pagan por los diferentes productos y por los exorbitantes impuestos que tributan, algo que contrasta con los bajos salarios que perciben y con su precaria calidad de vida. De hecho, muchos ciudadanos no tienen servicio de salud, tampoco acceso a la educación, menos aún una vivienda digna y ya ni siquiera se van a poder pensionar. Una dura realidad que fue la principal razón del surgimiento del Paro Nacional como se le conoce al estallido social.
Toda esta injusticia, las innumerables necesidades insatisfechas y el deseo de vivir mejor, llevaron a los colombianos a manifestarse por primera vez en la historia a través de un “cacerolazo” como sucedió el pasado 21 de noviembre de 2019. Fue una especie de “Big Bang Social”, un acto espontáneo de la más alta nobleza, una expresión genuina de descontento que se originó en la ciudad de Bogotá y que se replicó con gran intensidad en el resto del país. Es claro que Colombia cambió a partir de ese día y que ya nunca volverá a ser igual.
Es como si los colombianos hubieran hecho un alto en el camino para decir ¡No Más! a las políticas que los tienen sumidos en la miseria. Fue como despertar de una horrible noche de pesadillas o como salir del letargo en el que había caído la sociedad. También fue una expresión de solidaridad y de empatía al entender que todos merecemos vivir dignamente sin ninguna distinción. Las marchas, los conciertos y los miles de comentarios en las redes, evidenciaron el descontento ciudadano con la situación de entonces y su firme decisión de construir una mejor sociedad.
Y es que los colombianos desean que se les garantice acceso al sistema de salud, de educación, de pensión y de vivienda. Sin embargo, esta vez quieren ir más allá y poder adquirir con mayor facilidad toda clase de bienes como serían automóviles, muebles, celulares, computadores, electrodomésticos, ropa y calzado. También poder ir de vacaciones, a un parque de diversiones, a un buen restaurante o al cine. Algo que ya sucede en las grandes democracias donde la educación es gratuita como en Alemania, o en donde la salud también lo es como en España, o donde pasa lo mismo con el transporte como en Luxemburgo, o donde los productos son asequibles como en los Estados Unidos.
En síntesis, los colombianos exigen que el crecimiento económico del país beneficie al total de la población y que, de ese modo, todos vivamos mejor. Esto incluye elevar el estándar de vida y la creación de un Estado de Bienestar. Una petición justa y totalmente posible teniendo en cuenta los inmensos recursos que posee nuestra nación. Sin embargo, para lograrlo, se necesita realizar un Pacto Histórico y definir así nuevas reglas de juego de modo que exista una distribución de la riqueza más equitativa, se garanticen los derechos ciudadanos y se establezca una lucha frontal contra la corrupción.
No obstante, el aspecto económico no es lo único que está reclamando el conjunto de la población puesto que, también desea que el país avance en otros ámbitos. Por ejemplo, los colombianos exigen un mayor nivel de justicia, un amplio cuidado de los ecosistemas naturales, una superior protección del patrimonio cultural, una infraestructura más moderna, unos medios de comunicación más plurales y unas fuerzas militares que respeten los derechos humanos y protejan la soberanía. Igualmente, la población está exigiendo políticas serias contra el racismo, la homofobia, la xenofobia y contra todo tipo de discriminación y exclusión.
Con semejante panorama presentado en esa época, era obvio que la ciudadanía iba a explotar de alguna manera y como mínimo, manifestarse en las calles y mediante otros tipos de expresiones civiles. Por ello, es inaceptable que se haya criminalizado la protesta social y reprimido aún más a la población. Debemos tener claro que protestar es un derecho constitucional que hace parte de la democracia y por tanto, quienes ejercen ese derecho no son ningunos vándalos y merecen todo el respeto por parte del gobierno, de los gremios, de la fuerza pública, de los medios y del resto de la sociedad.
Si somos sensatos, la actuación que solía tener la policía en las protestas durante los gobiernos uribistas fue bastante deplorable, particularmente, la actuación del Esmad. El uso desmedido de la fuerza, la violación de los derechos humanos y el irrespeto al ciudadano; son acciones antidemocráticas. Ningún miembro de las Fuerzas Militares de Colombia debe olvidar que trabaja para la ciudadanía y no para el gobierno de turno, o para gobiernos extranjeros, o para empresarios, o para partidos políticos. Tampoco debe olvidar que es la ciudadanía la que le paga su sueldo y es a esta a la que debe respetar, defender y obedecer.
El papel de los medios tampoco ha sido el mejor. Fue deplorable el cubrimiento que hicieron sobre la protesta social al banalizarla de tal manera, que la equipararon con un acto criminal. Los medios no analizaron a profundidad las causas del estallido social e ignoraron el mérito de la ciudadanía al manifestarse contra la injusticia que le agobiaba. En consecuencia, los medios no están cumpliendo con su función social y parecen estar en contra de la propia democracia para favorecer intereses particulares. Por ello, vale la pena recordar que el espectro radioeléctrico de Colombia, le pertenece al pueblo colombiano.
Por su parte, los gremios deben comprender que no son los dueños del país y que las personas que trabajan en sus empresas no son esclavos, son ciudadanos con derechos. Si somos sensatos, la difícil situación por la que atravesó nuestra sociedad, se originó porque algunos “empresarios” se creyeron dueños de Colombia a tal punto que, pretendieron apropiarse de los recursos que le pertenecen a todos los ciudadanos. Además, porque han impulsado reformas tributarias que les exonera del pago de impuestos y porque han influido para que el SMLV sea paupérrimo. Algo lamentable puesto que, han empobrecido al consumidor al impedir que tenga un mayor poder adquisitivo y por tanto, han impedido que se eleve el consumo y crezca la economía.
Debemos tener presente que el pueblo colombiano está respetando las reglas de juego y le está apostando a una transformación pacífica del país, pero que su paciencia tiene límites. Es claro que la sociedad colombiana cambió a partir del pasado 21 de noviembre del 2019 y que desde entonces, se propuso restablecer la democracia, ejercer soberanía, recuperar sus derechos y alcanzar un mayor estándar de vida. Pero, sobre todo, se propuso hacer valer su dignidad.
