A los contadores juzguémoslos, pero en sus justas proporciones

Por: Carlos Julio Cortés Sánchez, gerente de Global Forensic Auditing, y Lorena del Pilar Motta Forero, consultora en Global Forensic Auditing.

Se supo durante las últimas semanas por diferentes medios que al parecer las firmas PWC, Deloitte y KPMG serán investigadas por varias entidades, entre ellas por la Junta Central de Contadores (JCC), debido a que dichas firmas tenían bajo su responsabilidad la auditoría a contratos en el caso de Odebrecht en Colombia.  (Ver nota en otros medios)

En este contexto y al calor del día del contador, que se celebró ayer, 1 de marzo, queremos plantear una reflexión sobre un tema que no deja de preocupar al gremio ¿hasta dónde va hoy la responsabilidad del contador público, en sus diferentes roles, como contador, auditor, revisor fiscal, en las transacciones económicas?

Es claro que las entidades de control deben investigar a los contadores, auditores y revisores fiscales en todos los casos en que haya indicios de corrupción, ya que cuando se materializa alguna transacción económica, hay alguien encargado de contabilizar y registrar en libros, así como de auditar el cumplimiento de las normas y de certificar registros y revelar situaciones anómalas.

En el ordenamiento legal colombiano se prevé, además, que el contador denuncie. Por lo que para esta profesión la reserva profesional en los casos de transacciones, operaciones o negocios con entidades del Estado, el contador está obligado a denunciar las operaciones y transacciones que considere inusuales o sospechosas por implicar una actividad que se presume puede ser ilícita. (Ver ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción) artículo 7, que adiciona el artículo 26 de la ley 43 de 1990, Corte constitucional en sentencia C-062 de 1998, Corte constitucional Sentencia C-200/12, sobre el secreto profesional)

Pero ante la explosión de los recientes escándalos, nos preguntamos ¿están los contadores egresados de programas de pregrado, suficientemente preparados para ir más allá del registro de documentos que entrega el ordenador del gasto, cuando están vinculados a departamentos de contabilidad? ¿o cuentan con las herramientas técnicas y de análisis para ejercer, con idoneidad y la profundidad requeridas, las labores de auditoría o revisoría fiscal que por ley pueden desarrollar?

Normalmente las personas que están involucradas en operaciones de soborno o corrupción, disfrazan sus operaciones con el fin de darles apariencia de legalidad, procurando la obtención de soportes contables depurados (contratos, facturas, entre otros) que, dentro de la infinita cadena de transacciones, tienden a camuflarse en el mar de documentos que debe trabajar el contador, el auditor y el revisor fiscal.

Para que se pudiera ejercer mejor la labor, se requeriría que el Contador Público tuviera una preparación académica con un desarrollo de competencias más profundas en investigación que las que se ofrecen en los programas de educación convencionales en Colombia. También sería necesario que contaran, en las entidades en las que trabajan, con software contable robustos que permitan agilizar procesos operativos, y que los contratos de revisoría fiscal involucraran un mínimo de horas de profesionales especializados para cumplir con sus funciones, siendo estas garantizadas por ley.

Estos requerimientos básicos que soportarían las labores de los contadores y auditores para que puedan cumplir con lo que el Estado y la sociedad espera de ellos, sin embargo, no están siendo atendidos ni por el Estado, encargado de velar por la calidad de la educación;  ni por las empresas, quienes desafortunadamente no invierten lo suficientemente en sus procesos de apoyo -esperamos, no de forma intencional-; ni por los entes de control de la profesión, quienes están fallando en controlar la guerra de tarifas; ni por las entidades de regulación quienes se han quedado atrás en la definición de las condiciones mínimas y de calidad de lo relativo a la revisoría fiscal.

Contador  y auditor forense vería lo que el tradicional no

Siendo conscientes de la complejidad del problema, consideramos que un cambio en el enfoque de la formación que se le da a los contadores públicos, podría ser muy útil para atajar la corrupción. Una transición de la ‘edad de piedra’, en donde se hace énfasis en registros que pueden ser objeto de sistematización, hacia la ‘edad de oro’, en donde la investigación con un enfoque de detección sea el ADN de la profesión, puede hacer la diferencia en el control de los delitos financieros y la corrupción.

Este profesional de la contaduría pública y la auditoría debería estar en capacidad de cuestionar, dudar, realizar análisis estadísticos, financieros y económicos dinámicos; crear y gestionar -con un enfoque detectivo- grandes bases de datos, vincular a equipos multidisciplinarios en esa búsqueda; y tener la seguridad, la integridad y el reconocimiento personal, profesional y económico para poder presentar sus informes a las instancias pertinentes, sin temor a sufrir represalias o ser objeto de cualquier tipo de coacción.

Si bien lo anterior implica un cambio profundo y de largo plazo, en cabeza del ministerio de educación y una reforma a las leyes que rigen la profesión, en Colombia ya existe desde el año 2007 un enfoque investigativo con los profesionales egresados de la especialización de la auditoría forense.

La vinculación de auditores forenses (ver definición), a los equipos de trabajo de las entidades públicas y privadas, podría permitir allanar el camino para prevenir, detectar e investigar la corrupción, el fraude y otro tipo de delitos financieros. Incluir a auditores forenses en los cuerpos de investigación de las entidades públicas, de otro lado, permitiría hacer un rastreo más eficiente de las operaciones ilegales y, por un efecto panóptico, amedrentar a aquellos que quieren hacer su agosto por la vía fácil.

 Un dato para reflexionar. ¿Cuántos de los contadores que no han ejercido adecuadamente finalmente son juzgados? En la mayoría de los casos se vencen términos, porque la JCC no tiene una infraestructura adecuada para juzgarlos. Eso no es secreto y es algo que amerita pronta revisión.

 Epílogo: Si de determinar responsabilidades se trata, no sólo los encargados del área contable, de control interno y de revisoría deben ser investigados por los hechos de corrupción que se vienen detectando en las entidades. El Estado, las universidades, y los organismos de regulación y control, también deben ser investigados por haber permitido vacíos en la formación, en la habilitación, en la protección y en el control de esta profesión, que se ha dejado abandonada y a su suerte, en un marco de competencia leonina y una debilidad de gremio. La reforma de la contaduría pública, no da espera.

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