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Por: Carolina Mila*
Hace dos años se cayó un proyecto de ley que buscaba regular el cabildeo o lobby en espacios de toma de decisiones esenciales para todos los colombianos, como el Congreso. Hoy, esta práctica está parando proyectos que buscan promover regulaciones en la industria de alimentos y bebidas azucaradas.
La pequeña sala de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde el jueves 23 de noviembre se realizó una audiencia pública sobre el Proyecto de Ley que busca regular la publicidad de alimentos no saludables para menores de edad, estuvo ocupada ese día no sólo por los ciudadanos y los congresistas. De la mitad de los asistentes (cerca de 30 personas) casi la mitad eran lobistas, según los cálculos que hicieron los integrantes del equipo del representante Víctor Correa, autor del proyecto.
Algunos de ellos son bien conocidos en el medio. Se les ha visto cabildeando en temas anti-azúcar y anti-tabaco. Acceder a información sobre los gremios para los que trabajan y las empresas de las que provienen —en Colombia hay agencias como Axxis y Valure que incluyen el servicio en su portafolio—, es muy difícil pues no están obligados a declararlo.
Se presentan como consultores o estudiantes, y se pasean por el Congreso revisando carpetas de proyectos de ley y haciéndoles visita a los legisladores. También se les ve en las plenarias acompañando a los congresistas hasta el último minuto antes de votar, como dice el representante Óscar Ospina de la Alianza Verde.
El representante Víctor Correa asegura que el lobby ha surtido efecto en la dilatación de la votación de su proyecto de ley. Aunque fue radicado en la Cámara VI en julio, fue enviado a la Cámara I y tuvieron que solicitar que lo devolvieran. Luego el 11 de octubre estuvo en el orden del día para que se agendara el primer debate pero hubo una moción por parte de algunos congresistas que pedían que se realizara primero una audiencia pública. Entre los invitados recomendados a la audiencia pública se priorizó al sector público y a los gremios de la industria, pero no se nombró a ningún miembro de la sociedad civil.
La audiencia pública, en todo caso, tampoco se convocó y la cosa se volvió a dilatar. Así que Correa convocó la audiencia él mismo con la participación de la sociedad civil, para que la falta de información y de contexto dejara de ser una excusa para agendar la votación. Según Correa, como no existen argumentos fuertes, la dilatación es el único mecanismo que ha quedado para silenciar el debate.
Algo parecido sucedió con el impuesto a las bebidas azucaradas que se incluyó en la reforma tributaria a finales del 2016, que por las presiones de la industria se cayó en el último debate en plenaria. Esa semana hubo “muchos lobistas”, se quejó entonces el ministro de Salud Alejandro Gaviria: “parecía hablándoles más a los lobistas que a los congresistas”.
El representante Óscar Ospina, coautor del artículo del impuesto, recuerda que nunca antes había visto tal despliegue de lobistas para ninguna otra reforma. Y que incluso en una ocasión los lobistas de la industria, “unas chicas muy hermosas”, intentaron meterse en la plenaria de la Cámara pero él alcanzó a advertirle a sus colegas y no pudieron quedarse.
El pasado jueves, en la audiencia pública del proyecto que quiere regular la publicidad dirigida a menores de edad (PL 022 de 2017), el peso de la industria se hizo sentir cuando llegó la intervención de la Asociación de Industriales de Colombia (Andi), y los voceros se sumaron a la sala únicamente cuando llegó su turno de hablar. En lugar de sentarse en el semicírculo, junto a los demás participantes de la audiencia de la sociedad civil y el sector público, se acomodaron en la mesa principal junto al representante Correa y, desde allí, realizaron su intervención.
Quedó claro que la industria se opone a la regulación de la publicidad. Ante las múltiples réplicas que tuvo su intervención, el vocero de Fenalco dejó claro que, en todo caso, esa discusión le competía a los congresistas y que ese era un espacio en donde ellos no tenían voz. Pero con un lobby sin límites, que raya en el tráfico de influencias, la realidad es otra: hoy no existen sanciones ni prohibiciones expresas sobre incentivos económicos o de otro tipo que provengan de cabilderos hacia los tomadores de decisiones. Tampoco se sabe quiénes son los clientes detrás de cada lobista, qué intereses representan ni quiénes son los servidores públicos que contactan. Además la información sobre las audiencias o reuniones que sostienen no es pública.
Que el lobby o cabildeo no esté regulado se traduce en una falta de igualdad a la hora de incidir en el diseño de políticas públicas. No todos los sectores de la sociedad pueden pagar a un lobbista, y quien sí puede tiene entonces una “sobrerepresentación” de sus intereses en estos debates.
Por eso urge que la ciudadanía esté enterada del poder del lobby en la definición de las políticas públicas y exija mayor control y transparencia. De lo contrario la industria seguirá mandando la parada en temas relacionados con la producción y mercadeo de bebidas y alimentos. El derecho de la gente y de los niños a una alimentación adecuada no puede estar subordinado a los intereses económicos de las empresas.
*Comunicadora social de la Universidad Javeriana, forma parte de la oficina de comunicaciones y prensa de Dejusticia.
Dejusticia forma parte de la Alianza por la Salud Alimentaria que trabaja a favor de la regulación de la publicidad de comida chatarra dirigida a menores de edad.
