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Una sentencia de la Corte Constitucional pone en peligro la empresa de los indígenas nasa que comercializa productos a base de hoja de coca. Ahora que el conflicto se acrecienta en algunos territorios y las comunidades buscan escapar a las economías ilegales, el fallo no sienta un buen precedente. Aquí explicamos la historia.

Por: Jesús David Medina Carreño y Luis Felipe Cruz Olivera – Investigadores de Dejusticia

Fotografía: David Curtidor

Fotografía: David Curtidor.

 

La lucha y el estigma

Como cualquier lucha social en Colombia, la batalla por separar la coca de la cocaína no ha sido fácil de afrontar. A diferencia de las iniciativas estatales de Perú y Bolivia en donde esta planta nativa ha tomado el carácter de patrimonio nacional, en nuestro país algunas entidades públicas siguen obstinadas en arrinconar la hoja de coca y sus usos lejos de las ciudades. La política antidroga, no sólo compara la planta con violencia y muerte, además la ha proscrito como un verdadero mal capaz de dañar la sociedad.

Liberar la coca del estigma ha tenido un sabor agridulce para quienes ven en ella una salida a la guerra que ha golpeado sus territorios. Esa es la historia de Fabiola Piñacué y David Curtidor, líderes de ‘Coca Nasa’, una de las cuatro iniciativas indígenas que buscan fomentar una economía alternativa de la hoja en el país.

La lucha va desde la judicialización de quienes transportan la hoja de coca hasta la batalla legal contra el famoso comercial de “la mata que mata”. En 2010, un joven empleado de Coca Nasa, proveniente del Cauca, fue detenido por la policía cuando cargaba un bulto de hojas de coca tostadas hacia Bogotá. El joven fue presentado ante la fiscalía por transportar sustancias ilícitas. En seguida, Piñacué atendió la situación, usando su posición como lideresa indígena y empresaria. Argumentó que la coca se trataba de una planta sagrada, con grandes beneficios nutricionales y medicinales, amparada además por normas constitucionales y que su transporte obedecía a las necesidades de la empresa. Gracias a su defensa, el joven fue puesto en libertad y la carga de hojas devuelto a sus dueños.

Como representante de Coca Nasa, Piñacué entuteló al Gobierno nacional en el año 2009 para solicitar la suspensión de la campaña gubernamental que tenía como lema  “no cultives la mata que mata”. La Corte Constitucional le dio la razón y ordenó suspender la emisión de la publicidad. Los argumentos fueron similares a los que lograron la liberación del joven empleado: la campaña vulneraba los derechos de los pueblos indígenas, ya que la coca se trataba de una planta con un valor cultural de trascendental importancia para las comunidades étnicas del país.

Coca Nasa: la empresa indígena

Fabiola Piñacué y David Curtidor lideran ‘Coca Nasa’, una empresa creada en el año 2000 por indígenas del resguardo de Calderas, en Tierradentro (Cauca), con el propósito de reivindicar la planta de coca como un recurso natural y cultural que puede ser explotado económicamente por las comunidades indígenas. Desde sus inicios, la empresa se propuso consolidar la autonomía económica, política y administrativa del pueblo Nasa. Hoy por hoy, este proyecto representa “un espacio de resistencia económica ante la intervención de actividades ilícitas en el territorio de Tierradentro”, y es ajeno a cualquier otro recurso o apoyo que no sea propio de la comunidad.

Fotografía: David Curtidor

Fotografía: David Curtidor

En marzo de 2005, la Asociación de Cabildos ‘Juan Tama’, por solicitud del resguardo de Calderas, emitió un registro sanitario especial a favor de Coca Nasa para la comercialización de varios productos a base de hoja de coca. El registro avalaba la producción de bebidas hidratantes, galletería y panadería, hoja seca, aperitivos de alcohol e incluso jabones. A partir de entonces, la empresa ha enfrentado toda clase de dificultades que minan la activación de la hoja de coca como recurso y alimento: comenzando por el transporte de la materia prima desde sus zonas de producción, hasta la validez del registro sanitario otorgado por las autoridades indígenas.

Curtidor señala que actualmente Coca Nasa cuenta con 10 empleados directos y alrededor de 25 vendedores externos que encuentran en sus productos su principal fuente de ingresos. La materia primera, la hoja de coca, es proveída por más de 300 familias indígenas, que cultivan máximo 30 o 40 plantas de coca, en medio del nasa tul, es decir, junto a los cultivos de naranjas, plátanos, guama y cebollas.

El problema

Las autoridades de sanidad han sido el palo en la rueda para las economías indígenas basadas en la hoja de coca. El INVIMA, por ejemplo, en más de una oportunidad ha señalado que su uso está restringido a los territorios tradicionales de las comunidades y que su venta y consumo no ha sido autorizado en el resto del país.

Esta situación llevó al Consejo de Estado en el 2015 a anular una alerta sanitaria emitida por dicha entidad en la que advertía sobre el consumo de productos derivados de la planta. En su decisión, ese Tribunal reconoció dos cosas. Por un lado, el lugar que ocupa la coca en la identidad cultural de distintos pueblos indígenas del país. Por otro lado, la validez de los permisos sanitarios emitidos por las autoridades indígenas en todo el territorio nacional, razón por la cual no se requería una nueva autorización para la venta de estos productos.

No obstante, desde 2017 la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá ha sostenido en distintas capacitaciones a vendedores de tiendas naturistas que los productos a base de hoja de coca no pueden comercializarse, pues no cuentan con el registro del INVIMA, instando suspender la venta de este tipo de productos para evitar así sanciones por incumplimiento de las reglas sanitarias. Los riesgos de estas declaraciones alertaron a Coca Nasa, que por más de diez años se ha hecho con una red de distribuidores en tiendas naturistas de la capital.

Con el fin de defender sus derechos, en octubre de 2017 Coca Nasa interpuso una acción de tutela que llegó a la Corte Constitucional. En el fallo, sin embargo, los jueces de la Corte dieron un paso atrás y señalaron que estos productos solo pueden ser comercializados en los territorios tradicionales de las comunidades, en contravía de lo señalado años antes por el Consejo de Estado. En este sentido, sostuvo que las actuaciones del INVIMA y de la Secretaria eran válidas y no afectaban los derechos fundamentales de los indígenas. Al día de hoy, en contra de esta decisión está pendiente una solicitud de nulidad elevada por Coca Nasa que luego fue ampliada con el apoyo de Elementa y Dejusticia.

Nuestra posición

Para Coca Nasa, Elementa y Dejusticia la sentencia de la Corte falla por varios motivos. En primer lugar, porque omite las implicaciones del principio de diversidad étnica y cultural, según el cual las comunidades indígenas pueden transmitir sus ideas y prácticas más allá de los lugares tradicionales o ancestrales. En segundo lugar, porque no valora las capacidades alimenticias y medicinales de la hoja de coca, así como los conocimientos, técnicas y herramientas que por años han acompañado a las comunidades indígenas para su cultivo y transformación. En tercer lugar, porque sus argumentos se asemejan a las trabas que tantas otras veces les han impuesto las autoridades de sanidad y que fueron desechados por el Consejo de Estado por no atender el texto constitucional.

Aunque se pudiera pensar que el INVIMA es la única entidad que debería emitir registros sanitarios, pues su función es proteger la salud pública, la solución no es en fácil. La decisión de la Corte de negar la validez del registro sanitario en el resto del país es un error porque no planea escenarios para que indígenas y gobierno, establezcan protocolos comunes que respeten la necesidad de proteger la salud pública y la identidad de los pueblos indígenas. Toda política que obvie estos diálogos resulta al final en la asimilación forzada de los pueblos indígenas a la Nación.

De quedar en pie la sentencia de la Corte, se sentaría la idea de un país de ghettos, situación inadmisible a la luz de una Constitución que se dice multicultural. Los jueces, en su lugar, deben plantear soluciones armónicas entre las autoridades indígenas y las competencias del INVIMA y las secretarias de salud. Ahora, que el aumento de cultivos de hoja de coca alarma al Gobierno, las comunidades indígenas que plantean alternativas respetuosas a la legalidad evidencian que la solución se halla en otras vías que sí generan bienestar y autonomía territorial.

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