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Por: Ana María Malagón Pérez [1]

 

Hace unas semanas tuve la oportunidad de compartir con campesinos y campesinas provenientes del suroriente del país, vinculados a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito en sus regiones, quienes manifestaron su preocupación por tres problemas en sus territorios: los incumplimientos por parte del Estado colombiano para la continuación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); el alto riesgo de victimización a las y los líderes sociales y comunitarios; y el impulso de proyectos extractivos que aparecen relacionados con la presencia de grupos armados ilegales.

Vamos uno a uno. En primer lugar, el punto 4 del Acuerdo de Paz sobre la “solución al problema de las drogas ilícitas”, incluyó la creación del PNIS, reconociendo la necesidad de participación del campesinado en los procesos de sustitución de los cultivos de la hoja de coca, amapola y marihuana. Para ello, en teoría, las comunidades firman unos acuerdos familiares o colectivos y el Estado responde con —entre otros compromisos— acompañamiento y apoyo económico para las y los cultivadores e infraestructura para poder transportar sus productos.

Según la Presidencia, son 67 los acuerdos colectivos de sustitución firmados a nivel nacional, 52 de los cuales se encuentran en los departamentos de Nariño, Putumayo, Cauca, Guaviare, Caquetá y Meta. En el encuentro con estos campesinos, resaltaron los incumplimientos de aspectos como los beneficios económicos a los que tienen derecho las familias por el cese de sus actividades económicas, la falta de infraestructura y la continuación del abandono estatal en estas zonas.

Durante la implementación del programa de sustitución, se ha agudizado la intervención de la fuerza pública en sus territorios, como resultado de confrontaciones cuando se toman las vías para exigir que se cumpla con los pagos o cuando se dan procesos de judicialización a campesinos por preservar los cultivos de coca y amapola. Sobre esto, la Fundación Ideas para la Paz ha señalado que, durante el proceso de sustitución, la intervención de la Fuerza Pública y el Ejército no debe representar daños para las comunidades, ni agravar su situación de vulnerabilidad.

A su vez, como lo señalaron las y los campesinos del sur oriente del país, así como  diversas organizaciones sociales en un informe presentado en el 2018, la falta de cumplimiento en lo pactado y la presión de la fuerza pública, ha generado ruptura en el tejido social, desconfianza y temor en los procesos organizativos; afectando especialmente la imagen de los y las lideresas, así como la de las organizaciones sociales, quienes, siguiendo con lo propuesto en el acuerdo, hicieron llamados en masa para la vinculación con el PNIS y que fruto de los incumplimientos han perdido credibilidad y respaldo comunitario.

La segunda preocupación es el asesinato a líderes sociales. En el encuentro las comunidades manifestaron dos de las caras actuales de la violencia que están enfrentando en los territorios del Sur: la violencia del Estado a través del uso de la fuerza pública -mencionada anteriormente-, y la que infringen grupos sin rostro, de los que no se conoce con claridad su naturaleza -si son disidencias o crimen organizado-, los cuales realizan controles en el territorio y amedrentan a las y los líderes sociales, especialmente a aquellos que son líderes del PNIS.

En el informe antes señalado de la Fundación Ideas para la Paz se expone el aumento en el asesinato de líderes sociales en los departamentos de Vichada, Guaviare, Caquetá, Putumayo y Nariño, departamentos en donde se está desarrollando el PNIS y en donde se erradicaron forzosamente 450 hectáreas o más entre enero y septiembre de 2017. La fundación recomienda al Estado la identificación del nivel del riesgo de un territorio para disminuir los daños colaterales, como la violencia, y las afectaciones a las comunidades.

Sobre la última preocupación, es de resaltar en departamentos como Meta y Caquetá la presencia de ejércitos privados; en Putumayo los desplazamientos forzosos como consecuencia de la erradicación de cultivos de uso ilícito; y como común denominador en los tres departamentos el interés económico en grandes proyectos minero-energéticos o de agricultura industrial, y el asesinato a líderes y lideresas que se oponen a estos.

Ante este común denominador, ¿cuáles son las respuestas del gobierno de Iván duque?

Pues a este panorama se suma un nuevo peligro que se pensaba ya superado: la posibilidad de que se retomen las aspersiones aéreas con glifosato, que fue discutida en la audiencia pública de revisión a la sentencia T-236 de 2017 por parte de la Corte Constitucional que prohibió este tipo de prácticas. Adicionalmente aparecen también como riesgosas para estas comunidades, las inquietudes que están generando los montos asignados del financiamiento estatal para el cumplimiento de los compromisos pactados en el PNIS.

Esto, sin duda, pone de manifiesto el interés del Gobierno en reemplazar la posibilidad de participación de las comunidades campesinas mediante la sustitución voluntaria, por la ya presente práctica de erradicación forzada. Práctica que se realiza a gran escala y para la cual se busca retomar las aspersiones aéreas de glifosato, empleadas con anterioridad de forma extendida en el Sur del país.

El acompañamiento se necesita de forma urgente, pues como lo ha señalado Darío Fajardo, las comunidades cultivadoras de plantas de uso ilícito han sido las más marginadas, con mayor carencia de infraestructura y presencia débil del Estado. Y tal como lo había propuesto María Clara Torres, son justamente estas poblaciones las que abren la oportunidad de fortalecer el Estado y la democracia en las zonas marginadas. Por lo tanto, se hace necesario trabajar para preservar la confianza y esperanza entregada a los acuerdos; pues, mientras no se tenga claridad del papel que va a jugar este nuevo gobierno para cumplir con lo pactado, los líderes y lideresas seguirán caminando en tierras movedizas.

 

[1] Egresada del programa de sociología de la Universidad Externado de Colombia, investigadora asistente en Dejusticia.

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Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad / Center for the Study of Law, Justice and Society. We work to promote human rights in the Global South.

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