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Por: Luis Felipe Cruz* y Andrés Felipe Anaya Arenas**
No es fácil resolver el problema del uso de baldíos inadjudicables, pero debemos aprender a generar mecanismos participativos y respetuosos para lograrlo. | Foto: Carlos Ortega, EFE
“Están diciéndole al campesino: usted no está en tierra suya, sino que está en tierra de otros. Y uno se siente mal ahí, porque lleva uno veinticinco, treinta, cuarenta años allí; y de un momento llegar a firmar un contrato de uso para poder trabajar ahí, pues… se siente uno muy preocupado”.
Así se expresa Germán Ramírez, líder del núcleo veredal Las Acacias-Guacamayas, en el departamento de Guaviare, en una entrevista para la emisora Marandúa Stereo, en la que se alertó sobre la utilización de los contratos de uso de suelo (CUS) para regularizar la tenencia de tierras ubicadas en baldíos inadjudicables, en el marco de la implementación de los proyectos productivos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). El tema de los CUS no es nuevo y ha generado múltiples preocupaciones, que ahora se integran al complejo panorama de implementación del PNIS. Acá nos vamos a centrar solo en lo que respecta a la política de sustitución.
Según el Acuerdo 58 de 2018, los CUS son acuerdos celebrados entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y familias campesinas habitantes de predios baldíos, es decir, tenedores de terrenos que por estar en zonas de manejo ambiental especial no puede ser titulados. El trato incluye el derecho a que la familia campesina use y explote el suelo, sin que el predio deje de ser propiedad de la Nación. Los CUS pretenden dar una salida jurídica a la presencia de comunidades campesinas en zonas de reserva forestal.
Debido a esto, los CUS precisan obligaciones respecto al uso de suelo, según lo que indique la ordenación del territorio, y los planes de desarrollo local, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental. Estas limitaciones al uso del suelo en sí mismas no son arbitrarias, considerando que se tratan de zonas de manejo ambiental especial. El contrato dura 10 años prorrogables, y ahí un primer problema, algunas familias afiliadas al PNIS tienen miedo de que por esa vía los puedan despojar “legalmente”.
Desde hace meses la DSCI está presionando a los campesinos del Guaviare para que firmen estos contratos, bajo el argumento de que son necesarios para implementar los proyectos productivos. Estos proyectos son una parte importante del PNIS, por lo que varias familias se han quedado por fuera del programa, debido a que se niegan a firmar.
La inclusión de los CUS como presupuesto para implementar el proyecto productivo del PNIS tiene dos problemas. El primero, es que los CUS son una exigencia que no estaba dentro de los compromisos adquiridos por las familias al momento de vincularse al programa. En respuesta a una petición, la Subdirección de la Administración de Tierras de la Nación indicó que la primera experiencia con los CUS en la implementación del PNIS fue en el corregimiento de Batata, en el municipio de Tierra Alta, departamento de Córdoba.
En este caso se constató que no se cumplió con la respectiva socialización, como lo manifiesta la comunidad, a quienes nunca les explicaron que el estos contratos los convertían en usuarios, y no en propietarios de las tierras que están ocupando. El PNIS tiene problemas muy serios de comunicación con sus beneficiarios y eso se ve reflejado en las dificultades para informar a las familias lo que están firmando. Además, es consecuente con la propia experiencia. Teniendo en cuenta el continuo incumplimiento en la implementación del PNIS, que a la fecha presenta un avance de apenas el 4% en el componente de proyectos productivos.
El caso de Tierra Alta pone en alerta a los campesinos del Guaviare, algunas familias encuentran razones de sobra para desconfiar del Estado, aún más si se les presiona a firmar los contratos de uso, sin que medie diálogo, socialización o concertación alguna por parte de la DSCI y/o la ANT.
La negativa a suscribir los contratos, y la consecuente imposibilidad de implementar proyectos productivos, afecta a un considerable porcentaje de familias campesinas beneficiarias del PNIS. Según el gobierno nacional, un 20% de los hogares adscritos al programa habitan zonas consideradas inadjudicables. Por lo que un considerable porcentaje de familias se verían excluidas de facto de los proyectos productivos, en caso de negarse a firmar los CUS.
El segundo problema, es la vulneración del debido proceso para las familias en la evaluación del cumplimiento de sus obligaciones, y el consiguiente riesgo de pérdida de los derechos de uso. El PNIS tiene antecedentes al respecto, debido a que ha vulnerado los derechos de miles de familias nomás al evaluar si habían arrancado las plantas de coca. Este fue el caso de 12 familias de Putumayo, que habían sido excluidas del PNIS arbitrariamente, y que por orden de un fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, fueron reintegradas.
La corporación señaló que no existía publicidad respecto del procedimiento con el que la DSCI evaluaba el cumplimiento de las familias de sus obligaciones. Lo que llevó a actuaciones arbitrarias que terminaron en exclusiones, que restaron legitimidad al PNIS. El Tribunal instó a la DCSI clarificar el procedimiento y tener en cuenta la calidad de sujeto y bienes de especial protección constitucional, que tienen el campesinado y su tierra, al momento de tomar decisiones respecto a la permanencia de las familias.
Si a esta falta de sensibilidad de la DSCI para la garantía del debido proceso administrativo, le sumamos que es la ANT la encargada de supervisar los CUS, quedan dudas de cómo se van a articular las entidades para no tomar decisiones arbitrarias sobre las familias campesinas. También pesa el hecho de que la ANT tiene poca presencial territorial, lo que dificultaría aún más esa supervisión.
No es fácil resolver el problema del uso de baldíos inadjudicables, pero debemos aprender a generar mecanismos participativos y respetuosos para lograrlo. Y eso es más apremiante si se trata de la implementación de un programa de sustitución que pretende justamente sacar a esas familias de una economía en la que se engancharon por la falta de ingresos. Además, debemos aprender a ponderar entre la conservación de los ecosistemas y la presencia de los campesinos en los territorios a donde llegaron incluso antes de la generación de muchas figuras de protección ambiental. Por último, el campesinado necesita seguridad jurídica sobre la tenencia de sus terrenos y a pesar de que los CUS intentan dar una respuesta, se deben plantear escenarios deliberativos para usarlos, no simplemente presionar su firma.
* Investigador de Dejusticia
** Pasante de la Línea de Política de Drogas.
