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Es claro quiénes están detrás del intento lamentable de debilitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No basta sino con mirar cómo funcionan las “democracias en papel” de estas naciones, cómo atacan la libertad de prensa, violan los derechos a la propiedad y manipulan la inversión, se convierten en estados autoritarios controlando todos los poderes públicos y hasta persiguen la libertad sagrada de la democracia, la del derecho al voto, de una manera tan sutil que parecen no hacerlo. Resulta que todas estas cosas y muchas más son violaciones a los derechos fundamentales de sus ciudadanos, pero los Gobiernos de Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela quieren quitarle a sus ciudadanos y a la región el único instrumento que todavía les puede servir de voz y de control frente a estos hechos, la CIDH.
Y como lo piensan hacer? Como lo hacen todos los estados cuando algo que les estorba, no los beneficia o los importuna aparece. Intentan primero descreditarlo, luego “reformarlo” y luego terminan recurriendo al elemento de presión más bajo pero efectivo, le cortan los fondos para evitar así su accionar. La propuesta de los países del ALBA encabezados nada más y nada menos que por Ecuador, Venezuela y Bolivia, de prohibir el financiamiento independiente de investigaciones y procesos ante la CIDH, restringiendo su financiamiento solo a lo que los estados miembros aporten, básicamente significa que la corte puede investigar lo que los estados miembros digan o no hay más dinero para ella. Si bien es cierto que organizaciones con intereses particulares pueden tratar de influenciar el accionar de la corte a través de dinero, Preferimos los latinoamericanos ese caso a que la corte sea manipulada por los estados, más aun, por estados como los del ALBA, a los que la libertad de expresión y los derechos humanos son conceptos de poco valor dentro de su ideología.
Otras naciones que han sido afectadas o señaladas de manera negativa por decisiones de la corte, entre ellas Colombia, México o Chile, apoyan de manera fundamental su independencia. Porque ellas no quieren coartar , ni limitar los poderes y la financiación de la corte? Porque a pesar de sus problemas, la gran mayoría de las naciones latinoamericanas funcionan con un estado de derecho, respetuoso de sus compromisos internacionales y que ve en la corte un instrumento regional fundamental de legitimidad, para garantizar los derechos humanos en la región y tener un mecanismo de control y de chequeo a los estados miembros. La región no puede permitir que aquellos que vulneran los derechos y la libertad de sus pueblos de manera constante en nombre de sus propias revoluciones, usen la excusa del intervencionismo, el imperialismo y la falta de igualdad para debilitar lo que es para muchos el último instrumento de defensa de sus derechos en la región.
La corte no ha demostrado históricamente ser incongruente con su misión, si algo le ha faltado es mayor ímpetu para condenar los abusos de muchos estados miembros. Debilitarla ahora sería un golpe fatal a la civilidad y la garantía de los derechos humanos en la región. Los gobiernos de los países del ALBA pretenden hacernos creer que estas reformas son por el bien de los pueblos de la región. La realidad es que son para el bien de esos regímenes que buscan evitar ser señalados en sus acciones violatorias de esos derechos. Para sus pueblos, sería un revés dramático y un motivo más de desesperanza y abandono. La región debe actuar para proteger la CIDH de lo que los regímenes del ALBA quieren lograr y con ello, proteger a sus pueblos que lo necesitan ahora más que nunca.
