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En un mundo imaginario, donde cada vez que usted tiene un bache de ingresos, los bancos salen a su ayuda prorrogando la cuota de capital e intereses por 6 meses o sencillamente poniéndola a la cola de su calendario de pagos y, mejor aún, le apoyan con nuevos recursos en caso que no alcance a cubrir sus gastos de operación, no necesitaríamos realizar ajustes en gastos, no existirían los abogados de cobranzas, ni las leyes de insolvencia, ni los call centers para recordarnos que estamos morosos y debemos concurrir a pagar una cuota pendiente del crédito hipotecario.
En este mundo imaginario, nosotros (los deudores) seríamos los grandes beneficiados, mientras que los bancos, al poco andar, se transformarían en grandes mecenas para la sociedad proveyendo recursos en forma de efectivo que difícilmente vamos a ser capaces de pagar. Es decir, este mundo ideal terminaría muy rápidamente cuando los bancos se den cuenta que perdieron su patrimonio y por tanto, nadie más quiera confiarle sus recursos en forma de bonos, depósitos o CDTs.
Las crisis económicas que tienen su origen en el sector “real” de la economía deben sufrir primero los ajustes en el mismo sector real de la economía, para después ver sus consecuencias en el sector financiero. Por ejemplo, un restaurante que debido a todas las restricciones impuestas por el gobierno, a raíz del covid-19, no pudo generar ingresos para cubrir su nómina y menos los intereses y capital de sus créditos, entonces en condiciones normales sus empleados y bancos presentarán sendas demandas judiciales para el pago de lo adeudado. Si este restaurante no puede acordar con sus acreedores un mecanismo de refinanciamiento, entonces sencillamente los mismos acreedores liquidarán el negocio con el consecuente impacto económico que esto significa para los empleados, proveedores, bancos inversionistas y sociedad en general.
En la actualidad, a raíz de las líneas de financiamiento covid-19 que han promovido los diversos gobiernos en la región y la inusual disposición de la banca para ejecutar masivamente el forbearance de préstamos (esto es limpiar temporalmente los vencimientos futuros de capital e intereses), este restaurante ha podido sobrevivir a los inclementes azotes y demandas de acreedores, postergando – en muchos casos – lo inevitable.
La evidencia de esta situación está a la vista. Los niveles de cartera vencida en una buena parte de los países de la región están por debajo de los niveles existentes previos a la crisis y las solicitudes de ingreso a procedimientos concursales o insolvencia durante el primer semestre de este año, está por debajo de lo ocurrido durante el primer semestre del año 2019.
Lo anterior es un síntoma muy claro que, en la mitad de la mayor crisis económica después de la depresión de 1929, (al menos) los bancos no han dejado vencer los préstamos de su cartera de clientes y por tanto sus clientes no han tenido la necesidad de proceder a implementar refinanciamientos judiciales o privados.
Ciertamente los gobiernos han actuado con gran cautela ante la envergadura de esta crisis permitiendo a los bancos las flexibilidades necesarias para permitir a las empresas y personas el tiempo suficiente que permita retomar una nueva normalidad de operación. Asimismo, la banca ha actuado con gran sentido de responsabilidad social en esta crisis, con una gran alineación a los planes del gobierno respecto de permitir a los deudores el oxígeno suficiente para normalizar sus operaciones.
Sin embargo, este apoyo de la banca a todo el sector real de la economía no puede ser permanente. El hecho de mantener por otros doce meses las flexibilidades en el tratamiento de cartera que se han evidenciado durante esta crisis, sencillamente determinarán mayores deterioros de cartera en los segmentos de clientes que hoy sencillamente no son viables, además de serias “dificultades” para tratar cartera deteriorada o calificada en sus estados financieros.
Este último punto es tremendamente importante dado que, ante una desconfianza generalizada respecto de la información de calidad de cartera reportada por las distintas instituciones financieras, los inversionistas tenderán a actuar mucho más selectivamente y a incrementar las tasas de rentabilidad exigidas a sus inversiones en depósitos, CDTs o bonos, generando de esta forma presiones sobre la liquidez del sistema financiero.
Dado todos estos argumentos es sumamente difícil que el regulador permita por mucho tiempo más continuar pateando hacia delante los problemas de cartera, dado que será un atentado sobre la misma liquidez de las instituciones financieras y por tanto, el posible inicio de una segunda fase de esta crisis: la financiera.
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