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El proyecto de ley presentado por el Gobierno de Gabriel Boric en Chile para cumplir con un fallo de la Corte Suprema ha generado tensiones y críticas en el país. La medida busca que las aseguradoras de salud privadas, conocidas como Isapres, apliquen de forma retroactiva los cobros en exceso a sus afiliados, tal como lo estableció la corte en noviembre de 2022.
El problema se originó en diciembre de 2019, cuando la Superintendencia de Salud dictaminó que las isapres ya no podrían cobrar valores diferenciados por sexo o edad, estableciendo una tabla de factores única para todos los afiliados. Sin embargo, las isapres solo aplicaron esta medida a quienes ingresaron al sistema a partir de abril de 2020, manteniendo las reglas anteriores para los afiliados antiguos.
El fallo de la Corte Suprema obligó a las isapres a aplicar los cobros en exceso retroactivamente y ampliar la tabla de factores sin distinciones de sexo o edad para todos los afiliados, sin importar cuándo ingresaron al sistema. El proyecto de ley propuesto por el Gobierno establece que las isapres tendrán seis meses para informar el número de contratos afectados, el monto total de la deuda y proponer un plan de pago, que deberá ser visado por una comisión asesora del Gobierno. Además, prohíbe a las isapres retirar utilidades hasta el pago total de la deuda.
Según los cálculos de la Superintendencia de Salud, las isapres deberán devolver a sus afiliados más de 1.400 millones de dólares por exceso en los cobros. Esto representa cuatro veces el patrimonio actual de las aseguradoras y las utilidades generadas en los últimos 33 años. Además, la aplicación de la tabla de factores sin distinciones de sexo o edad implicaría una rebaja en el valor de al menos 725.878 contratos, lo que afectaría los ingresos mensuales de las aseguradoras.
Las isapres argumentan que el cumplimiento estricto del fallo de la Corte Suprema llevaría a la quiebra del sistema de seguros de salud privado en Chile, que atiende al 17% de la población, principalmente a personas de mayores ingresos. La industria esperaba que el proyecto de ley presentara una alternativa, pero considera que la propuesta del Gobierno pone en peligro el sistema de isapres y obligaría a las personas a recurrir al sistema público de salud, que no tiene capacidad suficiente para atenderlas.
Algunos expertos en salud consideran que el proyecto propuesto por el Gobierno es adecuado y necesario para cumplir con el fallo judicial. Argumentan que la obligatoriedad de acatar los fallos judiciales debe ser valorada, y destacan que el proyecto incluye medidas de gradualidad y la posibilidad de restituir los excedentes en cuotas mensuales. También señalan que pagar a través de las propias prestaciones de salud ayuda a mantener la industria de salud privada.
En resumen, el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Gabriel Boric en Chile para cumplir con un fallo de la Corte Suprema ha generado tensiones y críticas. Las isapres argumentan que la medida pone en peligro la viabilidad del sistema de salud privado en Chile. En un debate absolutamente ideologizado, quizás el punto central de discusión deba ser la necesidad de mantener el control de precios a los planes de salud privado mientras se asegura la libre competencia en el sector y con ello la continuidad del sistema privado. Sin embargo, esta propuesta seguramente está lejos de cumplir con los estándares éticos y morales que profesa un gobierno de izquierda como el de Gabriel Boric.
Por lo pronto, ya sea porque no se podrá cumplir con el pago de los 1.400 millones de dólares por exceso de cobros o porque no se van a ajustar los ingresos por los planes de salud, las Isapres están técnicamente quebradas y con ello, todo el sistema de salud privado en Chile. Inversiones millonarias que valdrán poco o nada y la debacle completa de un sistema de salud privado como ninguno en la región.
Triste pero cierto.
