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Este es el momento en el que el Procurador, Alejandro Ordóñez, lee su declaración, luego de la decisión del Consejo de Estado (Foto suministrada por la Procuraduría General de la Nación).

Mentir desde el estrado de una majestad como lo debe ser el Procurador General de la Nación debería ser un delito, porque no es solo el hecho de que lo haga el funcionario, sino la afectación que puede generar en toda una nación.

Quienes conocemos a Alejandro Ordóñez por sus actuaciones, ya sabemos que miente, que estuvo haciendo campaña presidencial desde la propia Procuraduría, que dejó a un lado su responsabilidad como el agente disciplinario del Estado y se convirtió en un contradictor del proceso de paz, lo que acabó con su credibilidad, porque tantas mentiras juntas no se las van a creer los colombianos bien informados.

Como Procurador debió ser un vigilante de que el Estado, sus funcionarios, el Gobierno, no cometieran faltas disciplinarias. Esa es su función. Pero lo que hizo Ordóñez fue una campaña total para tratar de acabar el proceso de paz, a tal punto que perdió credibilidad.

Sin embargo, entre los colombianos de a pie no se conocen esos juegos políticos y hay quienes, creyendo de buena fe en las instituciones, no se dan cuenta de que algunos de quienes las representan están aprovechándose de ellas.

Eso pasó con el Procurador. Aprovechó lo que más pudo para hacer política a su favor, pensando en unas elecciones presidenciales del 2018, y en su afán por seguir la guerra.

El martes 6 de septiembre de 2016, Ordóñez salió a anunciar que demandaba una directiva presidencial porque eso era autorizar a los funcionarios públicos a participar en política.

No voy a decir si eso es cierto o no, pero sí voy a decir que mientras Ordóñez manifestaba eso, estaba presentando en el Consejo de Estado una recusación contra una magistrada del Consejo de Estado para que se alargara el proceso que podría quitarle a él la investidura de Procurador.

Con lo que no contó fue que el Consejo de Estado resolviera rápidamente esa recusación, entró a estudiar el caso de la reelección del Procurador y anuló su reelección.

Vale la pena, entonces, analizar lo que dijo después el exprocurador Ordóñez, para que el país vea dónde está la verdad.

La primera frase de Ordóñez, al aceptar la decisión del Consejo de Estado fue: “Se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana: la expulsión del Procurador”.

Falso. El primer pacto que firmaron el Gobierno y las Farc fue el de la Reforma Rural Integral. Y nunca estuvo en la agenda el tema del Procurador. En las 297 páginas del Acuerdo final de paz no hay una sola línea que hable de este asunto. Así que el exprocurador Ordóñez miente.

Dice el señor Ordóñez: “Múltiples veces el Gobierno y las Farc presionaron públicamente mi salida. Estaban ansiosos de liberarse del procurador”.

Falso. Las Farc no lo presionaron y el presidente Santos se limitó a pedirle al Consejo de Estado que resolviera ese asunto rápido. No dijo en qué sentido. A favor o en contra del Procurador. Solo pidió celeridad en la justicia. Lo que pedimos todos los colombianos.

“Comprendo el odio de “Timochenko” y el resentimiento de Juan Manuel Santos. He sido, como lo ordena la Constitución, muy riguroso en el cumplimiento de mis funciones”, dice Ordóñez.

Con esta frase quiso vender la idea de que su salida del cargo es política. Y no. Es judicial. Porque no lo habían podido reelegir, según el Consejo de Estado.

Y desde ahí el exprocurador se despachó contra el proceso de paz y contra todo lo que no suene a guerra, haciéndose la víctima. Y no solo eso. Asumió, como lo ha hecho siempre, el verbo del Centro Democrático, para tratar de hacer creer que el plebiscito es ilegítimo. Es decir, que siguió haciendo política desde el estrado del Procurador, violando las normas legales.

No es cierto, como lo dijo, que se esté dando ‘un golpe de Estado contra la Constitución’, porque el constituyente primario es el pueblo y este será el que decida si aprueba o no los acuerdos de La Habana, que entre otras cosas contemplan desarrollos a través de leyes y reformas constitucionales que se tramitarán por las vías legales y constitucionales.

Dice que lo sacaron a él para dejar al Gobierno sin control en la campaña del plebiscito. Falso también. A él lo sacaron por las irregularidades en su reelección, por un asunto judicial, no político. Y a Ordoñez lo reemplazará la viceprocuradora, quien puede ejercer el control de los funcionarios en la campaña del plebiscito. Es decir que sí queda con control.

Necesitamos un Procurador que se dedique a lo que debe hacer: a defender al pueblo y a vigilar disciplinariamente a los funcionarios del Estado, sin ningún afán presidencialista y con el corazón y la mente puestos en el bienestar de los colombianos, no en el suyo propio.

@VargasGalvis

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