– Al ritmo que va la Agencia Nacional de Tierras (ANT), de atender 20 solicitudes por año, va a tardar 18 años en resolver las 348 que están radicadas, indicó el presidente de la Comisión, Jhon Arley Murillo.
– Gran preocupación generaron las irregularidades informadas por la ANT durante el debate, que indican un 86 % de titulaciones con traslapes.
Bogotá, diciembre 07 de 2020. En la más reciente sesión de la Comisión Legal Afrocolombiana del Congreso de la República, se adelantó el debate de control político a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, y a su directora, Myriam Martínez Cárdenas, con el objetivo de conocer las acciones adelantadas por dicha entidad para garantizar la oportuna titulación colectiva de tierras a las comunidades negras del país.
Para dar inicio al debate, el presidente de la Comisión, Jhon Arley Murillo Benítez (foto), explicó que el debate de control político estaría enfocado en revisar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Plan Nacional de Desarrollo, que son la base para calificar los indicadores de gestión del Gobierno Nacional en el capítulo Afro.
“La titulación colectiva de tierras es un tema incluido en el Plan Nacional de Desarrollo con objetivos muy puntuales que se han venido incumpliendo por parte del Gobierno Nacional”, aseveró el representante Murillo durante su exposición.
Desde que se expidió la Ley 70, la meta en el reconocimiento de hectáreas de títulos colectivos de tierras fue de 8 millones de has y después de 27 años se ha logrado la titulación de alrededor 5 millones de has, en 202 títulos colectivos con 88.500 familias beneficiadas.
Sin embargo, durante los dos últimos años, la ejecución de la política pública de tierras para comunidades afrocolombianas no presenta resultados.
Durante el actual Gobierno sólo han sido expedidos ocho títulos colectivos, que suman 1198 hectáreas. Y actualmente se cuentan 380 solicitudes que permanecen en trámite y que no han sido objeto de ningún impulso administrativo para su titulación.
Durante el debate, fue presentado un cuadro comparativo que da cuenta del nivel de gestión en cada Gobierno desde 1994 en lo que a titulación de tierras corresponde:
Según el Representante Murillo, elegido por circunscripción especial Afrodescendiente, “estas cifras revelan el bajo nivel de gestión durante este Gobierno y el incumplimiento a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo”.
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Sumado a ello, el plan de choque acordado no avanza, ni siquiera se ha puesto en marcha y permanecen paralizadas más de 348 solicitudes, puntualizó el congresista.
Murillo expresó, además: “aquí lo que vemos es que al ritmo que va la Agencia Nacional de Tierras, al atender 20 solicitudes por año, va a tardar 18 años en resolver las 348 que están radicadas. Algo totalmente inaceptable”
Otros de los problemas enumerados durante el debate estuvieron relacionados con la compra de tierras y el subsidio integral para los consejos comunitarios, cuyos recursos asignados ascienden a los $17 mil millones y en 2019 sólo se ejecutaron $4mil millones y para 2020 se hizo una apropiación de $5mil millones, lo que representa solo un 30 % de ejecución.
Así mismo, uno de los argumentos para el debate se fundamenta en el incumplimiento del capítulo étnico de los Acuerdos de Paz de la Habana, que creó el Fondo de Tierras para la Paz, adoptado mediante el Decreto 902 del 2017, donde la Agencia Nacional de Tierras debió darle preferente aplicación a los procesos de ampliación, saneamiento y restitución de los territorios colectivos de las comunidades afros, utilizando para ello las tierras incluidas en el Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.
No obstante, transcurridos cerca de 4 años desde la vigencia del Decreto Ley 902 del 2017, la Agencia Nacional de Tierras no ha puesto en marcha estos instrumentos.
En respuesta, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Martínez Cárdenas, informó inicialmente que parte de los inconvenientes en la gestión de las peticiones se debe a que “llegamos a una agencia con un rezago muy alto.
Y lo más importante es que la Agencia está en un atraso de sistemas y de archivo bastante grande, lo que generó demoras y atrasos en algunos procesos, muchos de ellos ni siquiera están documentados, gran parte de los procesos que encontramos para nuestros grupos étnicos estaban incompletos”.
Así mismo, indicó que “de la gran cantidad de títulos que se emitieron en las administraciones anteriores, el 86 % de estos tienen traslapes por constituciones irregulares de los títulos colectivos”.
La funcionaria dijo también que “gran parte de los conflictos territoriales se han dado por esta serie de traslapes y una gran parte de nuestro tiempo lo hemos dedicado a todo lo que es el diálogo social para evitar el conflicto en territorio y empezar como a encontrar aquellos espacios en donde podamos encontrar soluciones ante estos traslapes”.
Por su parte, el representante del partido Centro Democrático, Milton Angulo, quien también citó el debate de control político, indicó que:
“El proyecto de vida de los integrantes de los consejos comunitarios de la población negra y afrocolombiana se basa en el uso y manejo de su territorio, razón por la cual la obtención de títulos colectivos se convierte en un paso fundamental para su supervivencia y fortalecimiento de su arraigo ancestral.
Los intereses culturales, sociales y económicos de estas comunidades que también ejercen actividades ecológicas dado su compromiso ambiental, llevan a cabo un trabajo mancomunado con las instituciones que contribuyen con la preservación de este patrimonio, vector de las dinámicas de desarrollo y bienestar”.
Reivindicar la propiedad colectiva de las comunidades afro es también la manera de salvaguardar la cultura, historia y una forma de garantizar su propio sustento.
La falta de titulación expone a estas comunidades a estadios de vulnerabilidad que amenazan sus formas de vida, además de restringir el uso y aprovechamiento de los recursos para su desarrollo económico y social, expresó el Representante del Valle del Cauca, Milton Angulo, en su intervención.
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Al cierre del debate, el presidente de la Comisión Legal Afrocolombiana, Jhon Arley Murillo, manifestó su insatisfacción ante las respuestas entregadas por la Agencia Nacional de Tierras, lo que motivaría un segundo debate de control político una vez se conozca la votación en la próxima sesión de dicha Comisión, e hizo un llamado para que todas las irregularidades sobre traslapes, que fueron indicadas durante la exposición, sean denunciadas.
“No vislumbré soluciones a ninguno de los planteamientos de fondo que aquí se hicieron. Les pido respeto con las comunidades negras, y quedo muy preocupado por las irregularidades informadas. Señora directora: denuncie penalmente y disciplinariamente a los funcionarios que en su momento asignaron tierras y presentaron informes favorables que dieron origen a los traslapes. Más allá de hacer mesas técnicas y diálogos, se deben presentar las demandas para que se revoquen los actos administrativos”, concluyó el representante.
**Trazador misional de esta publicación de Fundación Color de Colombia: Línea estratégica 1: Mercados inclusivos y desarrollo sostenible. Iniciativa: Incidencia pública para cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2030 en subregiones y municipios con significativa población afrocolombiana. Proyecto: Control público para el desarrollo sostenible.