¿Qué está pasando en España? El pasado domingo 12 de noviembre las principales calles de España se llenaron de ciudadanos en protesta contra las última decisiones del actual presidente del Gobierno de España en funciones, Pedro Sánchez. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo, realmente, en España? Pocos en América Latina, y en el mundo lo saben, porque la mayoría de los países están informados de lo que pasa en España por la versión oficial que emiten la todopoderosa agencia de noticias EFE y el diario EL PAIS, medios de comunicación al servicio del poder político.
Sin embargo, hay un consenso mayoritario en jueces, magistrados, fiscales y líderes políticos, de que Pedro Sánchez está llevando a cabo un auténtico golpe de Estado en España. Parece difícil de creer, la verdad. Pero si uno analiza en detalle el pacto alcanzado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Junts per Catalunya (la voz negociadora de los independentistas catalanes), con el fin de investir al socialista Pedro Sánchez en el poder, los temores son fundados.
Para entender lo que está pasando en España es importante comprender que existen varios tipos de golpes de estado, no solo el militar. Por eso, cuando las cuatro asociaciones judiciales españolas se han unido para expresar su parecer sobre el pacto de investidura alcanzado entre el PSOE y Junts, todo parece indicar que España está viviendo un golpe de estado perpetrado por el poder ejecutivo.
¿Qué dicen las asociaciones profesionales de jueves y magistrados de España al respecto? Todas ellas muestran su rechazo por “las referencias al lawfare o judilización de la política y sus consecuencias”, ya que el texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a “la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judilización de la política”, cargándose así, de facto, la Constitución española y la separación de poderes que ella defiende en el artículo 117.1 de la Constitución.
Se trata, por tanto, de un Golpe de Estado del Ejecutivo, porque, en la práctica, el acuerdo alcanzado reconoce la posibilidad de “someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales».
Para quien tiene mínimos conocimientos de ciencia política y de derecho, los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, y no pueden estar sometidos a presiones políticas desproporcionadas e impositivas, y mucho menos al margen de un sistema de garantías jurisdiccionales, como ha aceptado Pedro Sánchez en su pacto con Junts per Catalunya (JxCat).
Su presidenta, Laura Borràs, condenada por prevaricación y falsedad documental por trocear contratos para un amigo cuando era responsable de la Institución de las Letras Catalanas, ha señalado que lo sustancial del acuerdo alcanzado es la introducción del concepto de lawfare, ya que implica que el PSOE «reconoce la guerra sucia que el Estado ha utilizado para perseguir la disidencia política». Borrás ha asegurado que su partido no ha hecho ninguna renuncia y que ha sido el PSOE quien ha dado un giro copernicano y ha cambiado de opinión «renunciado al planteamiento de que la amnistía era inconstitucional».
Por eso concuerdo con la tesis de Itzu Díaz, que sostiene que lo que está pasando en España es que la extrema izquierda se está robando la democracia delante de nuestras narices, ante la impotencia de la oposición y la pasividad de la comunidad internacional:
«Lo primero que hay que saber es que la izquierda de Pedro Sánchez perdió las elecciones generales de julio. Las ganó el centroderecha del Partido Popular de Feijóo, con un importante respaldo del derechista Vox de Santiago Abascal. Sin embargo, su victoria no fue suficiente para formar gobierno y Sánchez maniobró para reunir a todos los parlamentarios de extrema izquierda, a los ex terroristas de ETA y a todos los nacionalistas regionales para impedir la investidura del partido que ganó las elecciones. Ahí fue donde Sánchez empezó a desplegar su plan: mantenerse en el poder a toda costa.
Para mantenerse en poder, Sánchez necesita el voto de siete parlamentarios independentistas catalanes, y para ganárselos «ha vendido toda la nación a los caprichos de quienes dieron un golpe de estado contra España en 2017, anunciando una amnistía incluso para los involucrados en terrorismo, perdonar la deuda catalana (que ahora la pagarán todos los españoles), introducir en el acuerdo el concepto de “lawfare” para que los políticos puedan ahora perseguir a los jueces que defendieron la legalidad constitucional en 2017, y comprometerse a la celebración de una referéndum de independencia ilegal e inconstitucional», explica Díaz.
Salvo sorpresa de última hora, el Partido Socialista gobernará a partir de mediados de este mes, asociado a los comunistas amigos de Hamás, junto a Bildu, el brazo político de la banda terrorista ETA, convertido hoy en socio de Sánchez sin haber ofrecido ni siquiera una disculpa a las familias de las cerca de 1.000 víctimas mortales de sus atentados, sin cooperar con la justicia para resolver los casos pendientes, y habiendo asesinado también a numerosos políticos socialistas.
Todo un despropósito que explica que una parte de España se haya levantado y haya dicho «¡Basta!». Las impresionantes imágenes del domingo, de cientos de miles de españoles llenado plazas y calles en protesta contra la amnistía a los golpistas catalanes, son un ejemplo evidente. Pero nada es capaz de cambiar la voluntad de un tirano.
Aunque una gran mayoría de españoles no aprueba lo pactado por Pedro Sánchez con ERC y Junts, no solo por ser rabiosamente anticonstitucional, sino porque es radicalmente injusto con el resto de España, Pedro Sánchez será presidente, gracias a la deriva democrática española, que es más una «partitocracia», que una auténtica monarquía parlamentaria. En efecto, el parlamentario no es libre de votar al mejor candidato para el país, sino solo puede votar al candidato de su partido, aunque ésta sea un tirano y llegue al poder con quienes quieren destruir España cediendo a ellos, para conseguir sus votos para la investidura, lo que pidan, aunque implique violar principios de la Constitución española y del mismo partido al que representa. Los diputados del PSOE por Extremadura, que han expresado su rechazo al acuerdo alcanzado por Sánchez con Junts, son el mejor ejemplo.
¿Por qué es tan grave la amnistía pactada por Pedro Sánchez con Junts? Porque establece la creación de una justicia sólo catalana, la entrega a Cataluña del 100% de lo que allí se recaude sin restar lo que aporta el conjunto de España a Cataluña, o, en su defecto, abonar los 86.000 millones de su deuda. Todas estas peticiones hacen que el resto de las regiones españolas se sientan, en verdad y con razón, agraviadas.
No son las urnas, sino la codicia de un ciudadano la que nos ha hecho llegar hasta aquí, la codicia de un tirano que ha pactado que el menos del 6% de los votos decidan el futuro del 100% de los españoles. No se ha visto algo igual en ninguna democracia occidental. El independentismo tiene menos apoyos que nunca, pero ha encontrado un atajo: la falta de escrúpulos de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, para continuar siendo presidente, ha diseñado y acordado un Golpe de Estado. Queda por ver cuál será la respuesta el asalto al poder del tirano socialista. Por el momento, el líder de la oposición y vencedor de las pasadas elecciones, ha afirmado: «No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. Sánchez ha comprado su investidura a cambio de la impunidad judicial de sus socios pagada con los impuestos de todos los españoles. Tenemos el infortunio de que nuestro presidente (Sánchez) quiere romper la convivencia pacífica en nuestro país. Ha subestimado la inteligencia de los españoles: llama convivencia a la connivencia, reconciliación a la sumisión, cambio de opinión a mentir.
Ante toda esta polémica, Sánchez afirma que hay que «hacer de la necesidad, virtud». Pero la verdad es muy diferente: hay que hacer, de sus necesidades personales, problemas para todos los españoles. Y para Europa. Es el momento de resistir y de no dejarse engañar: que nadie piense que todo el lío que está armando Pedro Sánchez es para que dentro de cuatro años los españoles vayan a votar y lo puedan expulsar del poder democráticamente. La segunda etapa del Golpe comenzará al día siguiente de su investidura.
Pablo Álamo
PhD en Economía y Empresa
CETYS Universidad
Presidente de NLG
@nuevalibertadygobierno
Yo creo que en una democracia todo el mundo tiene derecho a ser escuchado y así no estén de acuerdo con la constitución Española como le sucede a los separatistas catalanes quienes tienen una votación considerable y no se puede botar a la basura. Cataluña fue anexada a España sin ningún referendo y si por el capricho de una monarquía lo cual tiene consecuencias en tiempos modernos. España es una colcha de retazos y así hay varios países a los cuales llamaría países sintéticos como sucede en con Israel o como sucede con Ucrania. Bélgica acogió a Puigdemon por la derecha Flamenca Belga por el mismo motivo, porque Bélgica es un país sintético y algunos partidos están de acuerdo con su separatismo al igual que los catalanes
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