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Cuatro años antes de lo esperado, se espera que el acuerdo del Paris sobre el cambio climático entre en vigor. Los países de América Latina y el Caribe tuvieron un papel importante en el impulso diplomático para asegurar el acuerdo y ahora están haciendo progresos en la ratificación.
A la fecha, más de una docena de países de la región han ratificado el acuerdo – entre ellos sus emisores más grandes, Brasil y México, y también algunos de los más pequeños y los más vulnerables como Barbados y Belice.
Sin embargo, la ratificación es solamente un primer paso hacia la implementación. Afortunadamente, la región y las instituciones han avanzado en el diseño de las políticas para aplicar el acuerdo. Perú, Brasil, México y Costa Rica fueron de los primeros países en desarrollo a presentar sus compromisos climáticos voluntarios de reducción de emisiones a partir de 2008.
Ante la evidencia del empeoramiento del calentamiento global, es necesario acelerar estos esfuerzos. El anuncio por parte de la NASA de que el 2016 ya está en camino de ser el año más caluroso refuerza el sentido de urgencia. Los países deben adoptar un programa de transformación para aplicar el acuerdo.
América Latina y el Caribe es una región altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, incluyendo la intensificación de las inundaciones, sequías y otros desastres naturales. Nuestras cifras indican que los daños en la región, causados por impactos asociados con un aumento de los dos grados centígrados, se aproximan a los $100 mil millones de dólares anuales para el año 2050.
Al mismo tiempo, ya que la población y las economías de la región crecen, la demanda de infraestructura sostenible y amigable con el medio ambiente es cada vez mayor. De este modo la infraestructura debe responder a los riesgos que presenta el cambio climático, mientras se enfrenta a los desafíos regionales incluyendo la rápida urbanización, la necesidad de un acceso universal a los servicios básicos de agua, electricidad y saneamiento.
Estimamos que se requerirá hasta un cinco por ciento del producto bruto interno (PIB) de América Latina o aproximadamente $ 250 mil millones de dólares al año para satisfacer la futura demanda de infraestructura.
El Acuerdo de París ofrece un impulso sin precedentes para garantizar la financiación pública para cumplir efectivamente con la inversión necesaria para la transición hacia economías resilientes y bajas en carbono.
El acuerdo tiene por objeto limitar el aumento de la temperatura media global muy por debajo de 2 grados centígrados y proseguir los esfuerzos para limitar la temperatura global a 1,5 grados centígrados.
Los países tienen una obligación legalmente vinculante de presentar sus planes nacionales de cambio climático llamadas Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) – cada cinco años. En el plan, deben indicar el progreso de las medidas para reducir las emisiones y adaptarse a los impactos del cambio climático.
Para poner las NDCs en práctica, los países desarrollados deben proporcionar a los países en desarrollo con la financiación y el apoyo a la creación de capacidades y la transferencia de tecnología. El acuerdo también es explícito acerca de la necesidad de hacer que el flujo de las finanzas sea coherente con una economía bajas en emisiones y un desarrollo resiliente.
En abril de este año, los gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) acordaron un objetivo de incrementar su financiamiento climática hasta un 30 por ciento para finales de 2020.
Ahora estamos preparados para dar un paso más para alinear las actividades a los objetivos del Acuerdo, y proporcionar a los países con las herramientas adecuadas, los instrumentos y la capacidad para garantizar que sus NDC se traduzcan en planes de inversión viables.
Así nace una nueva iniciativa para ayudar a los países a poner en práctica sus planes nacionales. La iniciativa tiene como objetivo proporcionar un apoyo integral a los países para transformar sus compromisos climáticos nacionales en planes de inversión viables y movilizar recursos para su implementación. Vamos a trabajar estrechamente con los países para proporcionar un paquete completo que ofrece apoyo y medidas que respondan a sus circunstancias nacionales.
Un reto apremiante será la integración de sus NDCs en los países con las estrategias de desarrollo, planes de inversión y presupuestos. Esto requerirá una fuerte participación de los Ministerios de Hacienda, ya que deberán alinear las agendas políticas nacionales con las agendas de cambio climático para trazar el camino hacia un desarrollo sostenible.
Las NDCs pueden ayudar a reescribir los planes de desarrollo para responder mejor a las demandas de los ciudadanos y entregar un programa de crecimiento inclusivo. NDC Invest tiene como objetivo apoyar estos esfuerzos para hacer frente al cambio climático, mediante la estimulación del crecimiento, impulsando los mercados internos necesarios para crear puestos de trabajo y para la movilización de la inversión para la infraestructura sostenible.
Esto puede ayudar a asegurar ciudades más verdes y más saludables con comunidades rurales más productivas al mismo tiempo que protegen la biodiversidad de la región.
El papel de la sociedad civil, los inversores y el sector privado será indispensable para poner en práctica las NDCs. Una encuesta de 2015 dice que el 77 por ciento de los latinoamericanos cree que el cambio climático ya está perjudicando a la gente. Es alentador saber que los inversores y las empresas de la región son cada vez más proactivo acerca de iniciativas contra el cambio climático.
Este blog fue originalmente posteado en Inglés para el Financial Times.
Entonces, la única solución es combatir con todo los medios a nuestra alcance la sistemática oposición de Minenergia al desarrollo de las energías limpias y renovables.
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