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El 2016 fue un año vertiginoso para Colombia en muchas materias. Se firmó la paz con las Farc, pero la inmensa minoría dijo que no estaba de acuerdo con el producto de cuatro años de negociaciones y sólo al final, un acuerdo entre élites salvó los platos de un proceso que estaba pensando en los males históricos del pueblo. La selección Colombia al mando de Pekerman empieza su declive, mientras el ciclismo colombiano se empotró en lo mas alto del concierto mundial con Nairo y compañía. Y se inició, de forma masiva y sistemática, el embate de un gran número de empresas multinacionales contra la soberanía y autonomía de nuestro país, como consecuencia de la firma de tratados de libre comercio e inversión.
Durante todo el año, esta columna ha tratado de posicionarse como un espacio de visibilización de este último fenómeno, que explotó de forma súbita pero predecible en el panorama político colombiano. Somos una nación que quiere posicionarse como protagonista del contexto económico global, pero ni siquiera hemos podido resolver nuestros conflictos, marginalizaciones y desigualdades internas.
El asunto es muy sencillo, así se quiera mostrar como una compleja ecuación cuya solución debe dejarsele a los tecnócratas del estado: como consecuencia de la deliberada firma de instrumentos internacionales, se le entregaron poderes exhorbitantes a las empresas multinacionales para protegerse de cualquier acción de las autoridades públicas, de modo que la capacidad regulatoria del país para impulsar cambios estructurales -fundamentales para el futuro del país- se ve truncada.
Bajo dicho contexto, supimos que al menos seis empresas (Tobie Mining, Eco Oro, Glencore, America Movil, Fenosa y Novartis) amenazaron con llevar a Colombia ante tribunales de arbitraje de inversión en caso de que se confirmaran decisiones públicas importantes para el país, pero que tocaban sus derechos o expectativas de negocio. De aquellas amenazas, sabemos que las tres primeras se han transformado en demandas que ponen en jaque la estabilidad financiera de la nación, su credibilidad como democracia, y hasta sus opciones de una paz estable y duradera.
Como lección nos queda que los TLC son engendros del capitalismo salvaje que crecen sin medida, y que como fueron negociados por inocentes (…) equipos técnicos que no pensaron en sus consecuencias políticas últimas, hoy fungen como una constitución económica para el país. Nada se puede hacer sin su aprobación. Y la verdadera constitución, la del estado social de derecho, quedó maniatada de por vida -o hasta que algún gobierno tenga los pantalones para denunciar o renegociar dichos tratados.
Mientras tanto, lo que queda es armar sólidos equipos de defensa jurídica que protejan de forma digna los intereses del país. Y para esto es clave que pasen dos cosas. Primero, que la presidencia de la república deje de asumir el tema como un secreto y como un problema de pocos. Se trata, ni más ni menos, de una amenaza contra nuestra soberanía y democracia, y por ende debe haber respaldo masivo de todos los sectores de la sociedad, así como procesos de rendición de cuentas de parte de los responsables de esta malsana política desarrollista. Y segundo, el Ministerio de Comercio, en cabeza de su oficina de inversión extranjera, debe abrir canales de diálogo con sociedad civil, academia y practicantes especializados para robustecer su respuesta a las demandas. Hay mucho por hacer y el tiempo apremia.
Para cerrar, quisiera dejar sobre el tapete dos descenlaces de historias que se contaron aquí, en Desmarcado, y que nos muestran lo que puede pasar en el 2017:
1. En el caso Novartis, el Ministerio de Salud terminó fijando de forma unilateral el precio del medicamento para la leucemia. Es verdad, que se bajó de forma sustancial y eso beneficia a los pacientes. Pero la medida inicial, que buscaba la entrada de competidores al monopolio de la compañía a través de una licencia obligatoria, quedó truncada por la presión ejercida desde el gobierno suizo y el congreso de Estados Unidos. Una muestra del poder que tienen estas empresas, y del temor que generan en países como el nuestro.
2. Unos días después de publicado el artículo sobre Eco Oro Minerals y su cercanía al Banco Mundial, uno de sus delegados en Colombia me escribió un escueto correo asegurando que “la Interenational Finance Corporation (parte del grupo World Bank) terminó su inversión en la compañía el 25 de noviembre”. Grandes noticias, porque estaba comprobado que el proyecto que dicha empresa quería iniciar en el páramo de Santurbán implicaba serios impactos socioambientales. ¿Pero por qué sólo hasta ahora, que hay una demanda de por medio, la IFC decidió separarse de esta iniciativa, cuando desde hace mucho se sabía esto?
La lección: sí a la inversión extranjera, pero bajo condiciones dignas y consecuentes con la realidad del país. Los tratados de libre comercio e inversión son, en gan parte, responsables de este imbalance y por lo tanto, deben ser revisados. Obviamente, seguiremos informando y revelando la suerte de estos casos desde esta tribuna.
Twitter: @desmarcado1982
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