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Nueva información que ha sido develada respecto de la demanda arbitral que la multinacional canadiense Eco Oro Minerals ha instaurado contra Colombia, como consecuencia de la cancelación de sus títulos mineros en el páramo de Santurbán. Se trata de una evidencia más del gran error que ha sido la firma masiva y sistemática de tratados de libre comercio e inversión durante 15 años sin que se consideraran las consecuencias negativas para el país, incluida la posibilidad de actuar de forma libre en la protección de los intereses de su población.
Como ya había sido documentado, la compañía notificó oficialmente a Colombia de la demanda arbitral el pasado 9 de diciembre. También se supo que el Banco Mundial, a través de la Corporación Financiera Internacional, había invertido en Eco Oro a pesar de los evidentes problemas socioambientales que su proyecto bandera implicaba. Al final, fue reconfortante verificar que -aun cuando fue inexplicablemente tarde- dicha organización internacional tuvo que ceder frente a la presión ejercida por diversos sectores de la sociedad civil, y decidió retirar su participación de la minera canadiense.
Pero enfoquémonos en la demanda contra Colombia. Durante esta semana han salido a la luz nuevos detalles de cómo Eco Oro Minerals ha pasado de ser una iniciativa empresarial medianamente seria, a asumir una dinámica mercenaria respecto de lo que un caso como estos le puede representar a nivel económico. Al menos tres firmas administradoras de inversión especializada –Paulson & Co., Tenor Capital Management Company, y Amber Capital LLP– han adquirido intereses en la compañía en los últimos meses, y para ser más exactos, desde que se planteó la posibilidad de entablar una demanda contra nuestro país por la cancelación del Proyecto Angostura.
En condiciones normales, es usual que haya interés en invertir en una empresa que, como Eco Oro, tiene expectativas económicas ciertas respecto de la cantidad y calidad de minerales explotables en la zona concesionada. Sin embargo, resulta extraño que, una vez que la autoridad minera colombiana decide cancelar los títulos otorgados en Santurbán, surjan robustos inversionistas interesados en capitalizar la empresa. ¿Qué pudo haber motivado a estas firmas confiar en el provenir de una compañía que acababa de perder su mayor activo?
La respuesta es simple: la posibilidad de ganar dinero como consecuencia de la crisis de la empresa, pero más aún, de las oportunidades surgidas alrededor de la crisis. Investigando la naturaleza de los nuevos socios de Eco Oro, se trata de poole investment funds. Es decir, son administradoras de recursos provenientes de pequeños inversionistas que buscan obtener réditos de incidentes ocurridos alrededor de la actividad de las empresas. Por ejemplo, quiebras, reestructuraciones, nuevos prospectos, o demandas arbitrales contra países como Colombia. No está interesadas en el desarrollo de una actividad productiva, sino en sacarle provecho a los derechos adquiridos de un actor económico, sin importar su naturaleza o implicaciones.
Hoy en día es claro que Eco Oro Minerals no tenía cómo asumir los costos de una demanda arbitral contra nuestro país, que no son pocos considerando el valor de los honorarios de firmas de abogados especializadas y árbitros. Pero por alguna razón, la empresa consideró que valía la pena conseguir recursos para iniciar la acción judicial -pudo ser vanidad, orgullo o confianza en la victoria a partir de cálculos de probabilidad, quién sabe. Lo cierto es que se celebraron acuerdos con Paulson, Tenor y Amber que permitieron capitalizar en, por lo menos, 20 millones de dólares. En contraprestación, las administradoras recibieron una importante cantidad de acciones de la compañía y notas promisorias de acuerdo con las cuales, en caso de ganar la demanda arbitral, aquellas tendrían derecho de recibir hasta un 51% de lo obtenido por concepto de indemnización.
Todo esto se supo por la airada reacción de dos accionistas minoritarios de Eco Oro, que fueron dejados fuera del lucrativo negocio. Según la edición de 23 de diciembre del Stockwatch Daily, Donato Pica y Rocco Meliambro, dos acaudalados ciudadanos canadienses, interpusieron una demanda contra la junta directiva de la compañía ante la Corte Suprema del estado de British Columbia, en la que se pide la anulación de dichos arreglos por considerarse excluyentes y contrarios a la ley.
Más allá de las pretensiones de estos inversionistas, lo grave de la situación es que la demanda interpuesta por Eco Oro contra nuestro país se ha desnaturalizado. Ya no se trata, como en teoría lo plantea el TLC Colombia-Canadá, de una forma de protección de los intereses de un inversionista extranjero ubicado en territorio colombiano, sino de una forma que tienen los grandes capitalistas globales para aprovechar el infortunio de un país en desarrollo para lucrarse.
Para ilustrar semejante afirmación, dos hechos puntuales.
De un lado, el 26 de julio David Kay fue nombrado como director de Eco Oro. Además de ser socio de Tenor Capital Management, el señor Kay es un reconocido experto en inversiones basadas en disputas internacionales. Su nombramiento en la más alta posición de la empresa es muy diciente, pues significa una alineación propia para tiempos de conflicto judicial.
Del otro, llama la atención el caso de Amber Capital por sus variados intereses en Colombia. Su principal accionista, el francés Joseph Marie Oughourlian, es también el accionista mayoritario de Grupo Prisa, quien a su vez tiene control total sobre Caracol Radio. Igualmente, Amber tiene intereses comprobados en la petrolera Gran Tierra Energy, que opera dos pozos en el Putumayo, y cómo no, en Millonarios F.C., donde según me cuentan mis amigos hinchas no ha hecho nada concreto. Interesante será ver la actitud de la cadena radial, pues su misión de entregar información oportuna e imparcial sobre estos temas podría verse comprometida por el inherente conflicto de interés.
Lo dicho: esta es una muestra de cómo las dinámicas económicas globales pueden convertirse, en ocasiones, en agentes mercenarios y destructores de la buena fe de los estados que confiaron en sus supuestos beneficios inherentes. El 2017 estará lleno de novedades respecto de casos como los de Eco Oro Minerals, por lo que seguiremos atentos.
Twitter: @desmarcado1982
