La Pax Colombiana empieza a percibirse como una realidad. Se ha firmado un fundamental acuerdo en materia de cese al fuego con las Farc, y es previsible que la refrendación final de las negociaciones adelantadas durante 4 años en Cuba se dé pronto. Sin embargo, también es cierto que, como manifestó el presidente Santos, éste no es un punto de llegada sino uno de partida de cara a la construcción de una paz duradera en el país. Y las soluciones a los grandes retos socioeconómicos vendrán, de forma inevitable, atadas a importantes transformaciones con impactos a todo nivel.
Bajo este escenario, aún incierto pero esperanzador, las empresas que operan en el país tienen un papel fundamental en tanto motor económico. Sin embargo, también se han escuchado comentarios sobre los aparentes perjuicios que la Ley de Víctimas y lo acordado en La Habana le traerán el sector privado, bajo la idea de que se afectarán sus derechos de propiedad y seguridad jurídica.
En términos concretos, ¿qué debe esperar el sector empresarial del proceso de construcción de paz en Colombia?
Antes que nada, las empresas que operan en nuestro país deben tener la certeza que, en tanto el modelo económico insertado en la constitución 1991 -de marcada tendencia neoliberal- no va a ser modificado por ahora, su posición privilegiada en el país no va a cambiar de forma abrupta (como dicen por ahí).
Esto quiere decir que seguirán siendo reconocidos como actores fundamentales en el desarrollo económico del país; que seguirán viéndose cobijados por la consagración de la libre iniciativa privada y la internacionalización como principios constitucionales; y que sus derechos de propiedad e intereses económicos legítimos seguirán siendo protegidos por la ley y las autoridades públicas, en el marco de nuestro estado social de derecho.
Cosa distinta es pensar que un proyecto transicional de gran magnitud y simbolismo, como el que Colombia ha decidido asumir para alcanzar una paz estable y duradera, no va a generar eventuales impactos en los intereses y las dinámicas de operación del sector empresarial. Claro que habrá repercusiones para los actores económicos privados.
Se ha asumido que el conflicto armado colombiano tiene una naturaleza estructural, y que por ende su resolución implica la conducción de transformaciones profundas en identidades y relaciones sociales -particularmente en el sector rural, el más afectado por la guerra. Por lo tanto, es claro que en algún punto ciertos intereses privados se verán impactados con ocasión de la implementación de regulación pública -políticas, leyes, actos administrativos, etc.- que tiene como objetivo la concreción de lo acordado en la Habana. Pero más importante aún: que busca cumplir con lo prometido a las víctimas del conflicto y a la población colombiana que ha sido históricamente relegada.
La eventual intervención del estado en este sentido es, igualmente, una prerrogativa consagrada a nivel constitucional. Por lo que no es que se esté inventando nada nuevo, sino que la acción de las autoridades públicas se está encausando hacia el cumplimiento definitivo del proyecto nacional:
“asegurar a los colombianos la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.”
De un lado, se producirán progresivos cambios en las políticas públicas generales -como el desarrollo rural- o sectoriales -como la minero-energética- que tendrán implicaciones concretas para los actores económicos, ya que su modelo de negocio o expectativas de inversión podrían verse modificadas.
Igualmente, las víctimas del conflicto se verán empoderados como consecuencia de la paz. Campesinos, indígenas y comunidades afrocolombianas podrán actuar como actores políticos relevantes en el territorio sin miedo a ser amedrentados o desplazados. A partir de sus particulares concepciones socioculturales, entrarán a discutir aspectos del modelo de desarrollo que están relacionados con su entorno. Por lo tanto, el uso de herramientas participativas como la consulta previa y la consulta popular va a jugar un papel clave en la viabilidad y efectivo desarrollo de muchas actividades económicas, como el desarrollo de infraestructura o proyectos agroindustriales y extractivos.
Pero de forma particular, hay que tener de presente que en muchas zonas del país -principalmente rurales- hay una superposición entre intereses empresariales y espacios donde ocurrieron hechos relacionados con el conflicto. En estas zonas sí que se van ver tensiones entre lo que para las empresas son “derechos adquiridos y expectativas legítimas”, y el adelantamiento de acciones públicas de reparación o transformación, como la restitución de tierras o la cancelación de concesiones que fueron autorizadas sin tener en cuenta las implicaciones del conflicto.
Bajo estos tres escenarios, es probable que la condiciones bajo las cuales una empresa se decidió iniciar una actividad económica pueden cambiar. La promesa de un país estable y en paz -escenario ideal para que el sector privado desarrolle todo su potencial productivo- requiere ir más allá de un cese de hostilidades armadas. Esto se concreta en la apertura de espacios para que los históricamente excluidos accedan a derechos básicos y oportunidades, para así cerrar las brechas sociales que en algún momento motivaron la opción de las armas. Es simple aritmética: en un país con recursos escasos, es necesario cerrar algunas llaves para poder abrir otras.
En este punto, lo importante es entender las reales dimensiones de este proceso, y no dejarse confundir por quienes no están de acuerdo con las opciones del presente proceso de paz y reconciliación. Si bien habrá efectos a nivel distributivo y de expectativas de utilidad, en Colombia no se van a implementar dinámicas -políticas, jurídicas o económicas- como las de países que han arremetido contra el sector privado como expropiaciones, controles arbitrarios de precios o retención de divisas. Y en todo caso, cualquier cambio en el modelo económico tendría como escenario decisorio la institucionalidad democrática. Esto fue lo que finalmente las Farc, al firmar el cese al fuego, accedió reconocer como el medio para buscar la implantación de sus posiciones en el país.
Hay que reiterar que las empresas que operan en Colombia, sean nacionales o extranjeras, disfrutan de la protección de la ley, pero al mismo tiempo están sujetas a las restricciones o condicionamientos que el estado social de derecho impone. Por lo tanto, el deber de solidaridad que consagra nuestra constitución se proyecta en que las empresas asuman un rol protagónico en la construcción de paz de cara al postconflicto.
¿En qué consiste este compromiso?
Primero, asumir de forma positiva -o al menos no-contenciosa- los eventuales impactos que traerá el proyecto de construcción de paz. Y especialmente las empresas multinacionales, que tienen a la mano los contoversiales acuerdos internacionales de inversión para frenar las acciones públicas del estado que afecten sus intereses. Segundo, aprovechar la coyuntura actual para hacer modificaciones en estructuras y prácticas que pudieran haber sido próximas a las dinámicas del conflicto armado. Y tercero, aportar de forma directa a la generación de cambios socioeconómicos en el país, especialmente a nivel territorial.
Las empresas puede ser protagonistas de primera mano de la consecución de una paz estable y duradera para Colombia. Pero si éstas no logran entender y asumir una posición solidaria y proactiva frente a los cambios y las implicaciones estructurales de un proceso de transición como el que empezamos a vivir en el país, también podrían terminar contribuyendo a que el postconflicto se convierta en promesas incumplidas, fracasos institucionales, y el resurgimiento de luchas armadas irracionales. Se trata de un desafío real, pero perfectamente manejable para un sector privado potente y racional.
Twitter: @desmarcado1982
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