Acuerdo de paz es la solución a los problemas sociales: falso, el acuerdo reafirma muchos asuntos que ya están contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano, incluso en la Constitución de 1991, como por ejemplo, “una verdadera restructuración del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo a su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma…” así como hace referencia a principios de igualdad y enfoque de género, bienestar y buen vivir, integralidad, desarrollo sostenible, entre otros, que han hecho parte del discurso político de las guerrillas y de varios gobiernos durante muchos años.
Entre otros, el tema de la tierra no ha dejado de ser polémico para muchos, en especial para aquellos quienes desde un margen de “legalidad” fraudulento han adquirido predios en varias regiones del país, tema dominado ampliamente por los detractores de la ley de víctimas y de restitución de tierras, como el senador Álvaro Uribe y su rebaño de congresistas, entre ellos, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, así como, José Feliz Lafaurie, presidente de FEDEGAN y el “precandidato presidencial” Alejandro Ordoñez o que mejor que el magistrado suspendido, Jorge Ignacio Pretelt y su esposa, quien trabaja en la Procuraduría.
Es claro que el gobierno actual se la ha jugado por esta ley, aunque según estadísticas de la Fundación Forjando Futuros, para abril de 2016, solo el 3.4% de las solicitudes presentadas han sido resueltas judicialmente, tan solo una muestra de que, si ha sido difícil implementar y ejecutar integralmente esta ley, todavía hay un desafío por delante para implementar el acuerdo en materia de tierras, entre el gobierno y las FARC.
Han sido décadas de abandono e indiferencia estatal respecto al desarrollo social, ¿es acaso el presente acuerdo de paz, la solución, por fin, definitiva a la crisis en la salud, la falta de oportunidades en materia educativa o el instrumento para erradicar la pobreza? (página 21 del acuerdo), elementos también tratados por los objetivos del milenio y diversos acuerdos internacionales, así como los compromisos del gobierno con los camioneros, maestros, médicos, entre muchos más que han sido a las calles para protestar, muchos sin distinción alguna, humillados, ignorados, lesionados y catalogados como simples guerrilleros o violentos, mientras los guerrilleros, bueno, ya conocen Cuba, Venezuela y Ecuador y sus hijos, varios países de Europa.
Los acuerdos de paz son la toma del poder de la guerrilla: falso, el paso de las armas a la política por parte de la guerrilla, exige un proceso de dejación de las mismas y previo cumplimiento exigidos por la ley para la creación de un partido político excepto la obligación de haber obtenido el 3% de los votos depositados en las elecciones legislativas.
El gobierno, además, garantizará, 5 curules en el Senado y 5 en la Cámara durante dos periodos electorales, de tal manera que si el grupo guerrillero no alcanza este mínimo, se asignaran las restantes hasta completar aquel número, lo anterior equivale a 4.9% y 3%, respectivamente, insuficiente para generar una reforma constitucional o, incluso, sacar adelante un proyecto legislativo, en conclusión, llegaran al cuerpo legislativo para debatir, proponer y darse a conocer a través de las ideas y no las armas, como una minoría política más, al principio, por lo menos.
Si comparamos el acuerdo de paz colombiano, en el tema político, con los realizados en otros países, concluiremos que el gobierno no cedió tanto en esta materia como pensarían algunos, como el caso de Sudan donde se otorgaron 126 asientos sobre 450, o el caso de El Salvador donde fueron elegidos 21 de 84 parlamentarios dos años después de la firma del acuerdo en 1992, además, tuvieron que pasar 17 años para que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que de ser un grupo guerrillero pasara a ser partido político, llegara a la presidencia en 2009 con Mauricio Funes.
Incluso, Irlanda del Norte llegó a tener representación en algunos ministerios del gobierno, de la comunidad Unionista y la Nacionalista, quienes fueron protagonistas de la violencia sectaria allí entre 1968 y 1998.
El mismo panorama se repite en países como Sudáfrica, Nepal y Angola, entre otros, donde la mínima exigencia por parte de los grupos guerrilleros o sectarios es tener participación política, así que si el pueblo colombiano se ha dado el lujo de tener paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, corruptos y un capo como Pablo Escobar, ¿por qué no darle la bienvenida a las FARC al debate político?
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