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El Perú atraviesa por uno de sus peores momentos. La derecha peruana en complicidad con Estados Unidos y la Unión Europea, ha perpetrado un Golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo.

Lamentablemente, la situación del Perú no es nueva, pues, durante casi una década, ha tenido en promedio un presidente por año. Más se demora la ciudadanía en realizar elecciones y elegir a su primer mandatario, que el congreso en destituirlo. Situación que nos lleva a pensar que en ese país no hay una verdadera democracia y que, por el contrario, hay una dictadura parlamentaria en el poder que desconoce la voluntad popular.

El congreso peruano está conformado por élites corruptas que se traspasan el poder de generación en generación desde la independencia de España y que están aliadas con élites imperialistas anglosajonas con el fin de mantener sus privilegios a costa del sufrimiento de las mayorías. Asimismo, dicha alianza, busca expoliar los recursos naturales del Perú, situación que se repite en los demás países de la región.

El artículo 113 de la constitución peruana, le permite al congreso unicameral a través de una medida sui géneris conocida como “moción de vacancia” junto a preceptos absurdos como “incapacidad moral”, destituir arbitrariamente al presidente de la república aunque haya sido elegido por voto popular. Esta situación fue prevista por el gobierno de Pedro Castillo quién quiso adelantarse invocando el artículo 134 que establece que, «el presidente de la república está facultado para disolver el Congreso si este le ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros». Dicho decreto, implica convocar elecciones para elegir a un nuevo Congreso.

De esta manera, encontramos un choque de poderes entre el legislativo y el ejecutivo al punto de generar una compleja inestabilidad política. No obstante, es claro que la figura conocida como “moción de vacancia” es totalmente antidemocrática ya que, se presta para el revanchismo político por parte de la oposición al punto de desconocer la voluntad popular expresada en las urnas. En otras palabras, además de ser una crisis constitucional, también es una crisis institucional que está convirtiendo al Perú en un Estado fallido y que, incluso, podría generar una guerra civil.

Es en estos momentos en que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería intervenir expidiendo medidas cautelares a favor del presidente Pedro Castillo porque claramente, se ha conculcado su derecho a elegir y ser elegido y el de tener un tribunal independiente de juzgamiento. Sin embargo, vemos que ese organismo multilateral no actúa conforme al Estado de Derecho y que está alineado a los intereses de Washington los cuales son muy distintos a los de América Latina y el Caribe.

Pero la crisis del Perú no sólo se limita su constitución y a sus instituciones incluyendo a las fuerzas armadas, también involucra a todos los sectores de la sociedad. Es fácil evidenciar que las distintas comunidades no se sienten representadas a nivel político y que la mayor parte de la sociedad peruana ha sido excluida por un sistema elitista, racista, misógino, homófobo, neoliberal y fascista.

Para empeorar, la extrema polarización que existe en el Perú es avivada por unos medios comunicación que pertenecen a grupos económicos privados que tienen intereses particulares muy diferentes al interés común de la sociedad en general. Resulta lamentable la falta de transparencia informativa por parte de los medios peruanos y su evidente tergiversación de los hechos para favorecer a las élites criminales que causaron esta crisis.

No obstante, lo que hoy vive el Perú no es distinto a lo que vivió Bolivia bajo el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, ni es distinto a lo que vivió el Brasil bajo el golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff, ni es distinto a lo que vivió Honduras bajo el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, ni es distinto a lo que vivió el Paraguay bajo el golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo. Así que no es descabellado hablar de una Operación Cóndor 2.0,  lo que debería poner en alerta máxima a todos los países de América Latina y el Caribe.

Y es que es inocultable la participación de los Estados Unidos en el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo. Esto se comprueba con la reunión de la embajadora estadounidense en el Perú, Lisa Kenna, un día antes de la moción de vacancia, con el entonces ministro de defensa del Perú Gustavo Bobbio quién habría ordenado a los militares ponerse en contra del gobierno popular. Posteriormente, la señora Kenna que al parecer trabajó con la CIA y el Pentágono, se reunió con la presidenta de facto Dina Boluarte para intentar legitimarla:

Por su parte, la Unión Europea a través de sus distintos embajadores acreditados en el Perú, dieron un respaldo cómplice al golpe de Estado perpetrado contra el presidente Pedro Castillo. Algo que denota que Europa ha perdido sus valores democráticos y sus soberanía al punto de favorecer los intereses estadounidenses sobre América latina y el Caribe y sobre los propios intereses europeos:

Por fortuna, de manera decidida y digna, los diferentes gobiernos de la región han manifestado su rechazo al golpe de Estado contra el presidente peruano Pedro Castillo:

Así las cosas, resulta decepcionante que el presidente Gabriel Boric, supuestamente progresista, elegido por el pueblo chileno, aparentemente contrario a la dictadura de Pinochet, dictadura impuesta por Estados Unidos, apoye de manera ambivalente el golpe de Estado contra su hermano y homólogo peruano Pedro Castillo:

También existe un factor económico en todo esto. Sólo es recordar que hace poco se realizó la cumbre de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en la ciudad de Lima donde se habló de interconexión eléctrica regional. Asimismo, recordemos que al Perú le correspondía la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Por tanto, podríamos deducir que se busca impedir la unión que se propusieron hacer nuestros países y utilizar al Perú como “palo en la rueda” de manera que se frene el proceso de integración y se favorezcan viejos intereses hegemónicos.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que América Latina y el Caribe se encuentra en grave riesgo por parte de potencias extra-regionales que amenazan con desestabilizar a nuestros Estados para destruir sus democracias y así poder saquear con facilidad los recursos naturales. Enfrentar esta situación no será fácil, pero hay que hacerlo con contundencia y decisión a través de un gran bloque como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) de manera que se defiendan los intereses de la región.

Para terminar, merece la pena conocer lo que dice el pueblo peruano en las calles:

 

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