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Foto: Juan Carlos Martínez Castro / El Tiempo

La democracia no consiste en que todos pensemos igual, sino en llegar a acuerdos en medio de las diferencias. La pluralidad de pensamiento es básica para que una sociedad se pueda considerar democrática, pero esa condición requiere de otros factores que implican el reconocimiento, la aceptación y el respeto hacia quien piensa distinto.

Es imposible que todos los miembros de una sociedad piensen igual puesto que, ni siquiera en una familia, los hijos de unos mismos padres lo hacen aunque convivan bajo un mismo techo, consuman los mismos alimentos y reciban las mismas enseñanzas. Y si los miembros de una familia no piensan igual, mucho menos se puede pretender que los ciudadanos de un país lo hagan. 

El pensamiento distinto es esencial  para que una sociedad  progrese,  para que supere toda clase de obstáculos, para que avance en el tiempo. Limitar la pluralidad de pensamiento es atentar contra la civilidad, es perjudicial, es antinatural, es sumamente antidemocrático. Entre más se valore el razonamiento contrario, más fácil se alcanzarán los acuerdos que se requieren para la convivencia y la prosperidad.

De forma lamentable, Colombia atraviesa por una álgida polarización debido a la discrepancia que hay entre sectores opuestos de la sociedad en cuanto a temas políticos y económicos. A esto se suma el deplorable actuar de algunos medios que en vez de informar de manera veraz e imparcial, se dedican junto a la oposición a desestabilizar el país.

Es por ello que hay que recordar las reglas básicas del juego democrático en el cual, los diferentes sectores de una sociedad nombran a sus representantes para que los ciudadanos deliberen sobre sus propuestas y elijan así al Jefe de Estado. Una vez elegido, el conjunto de la ciudadanía se debe acoger al programa de gobierno ganador y respetar el periodo presidencial hasta que se realicen las siguientes elecciones.

Así las cosas, resulta deplorable el actuar de ciertos sectores que al perder los comicios, pretenden imponer sus intereses sobre el resto de la sociedad al punto de hacer todo lo posible por tumbar al gobierno nacional. Es como si la democracia sólo les funcionara cuando están en el poder, pero no cuando otro sector es el que gobierna. Estamos ante unas élites plutocráticas y mafiosas que pretenden imponerse sobre una sociedad que anhela ser democrática. 

Si bien es cierto que la oposición es esencial en una democracia, esta en ningún momento debe atentar contra la institucionalidad. Del mismo modo, tampoco debe perjudicar la imagen del gobierno en el exterior, ni solicitar sanciones internacionales, ni mucho menos conspirar contra la economía nacional simplemente porque no acepta los resultados electorales, porque no está en el poder o porque no le gusta el gobernante elegido.

Colombia está pasando por cambios estructurales que, claramente, afectan los privilegios de unas diminutas élites en beneficio de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Es así que, las reformas presentadas en el Congreso, buscan crear un Estado de Bienestar para que todos los colombianos tengan un mayor estándar de vida. Algo que puede afectar el interés particular en pro del general, pero que, finalmente, pretende implementar la justicia social.  

El que un gobierno procure generar mayor acceso al sistema de salud, de educación y de vivienda, no es algo malo. Garantizar un salario justo o una pensión después de años de trabajo, no es algo malo. Por el contrario, que un pequeño sector que se beneficia de la privatización de esos derechos busque desestabilizar al gobierno que eligió la mayoría de la ciudadanía, sí es algo malo. De hecho, es algo muy perverso. 

Entonces, si comprendemos que los derechos de la inmensa mayoría de los colombianos deben primar sobre los intereses de unas diminutas élites, también podremos comprender que esas diminutas élites no tienen derecho a imponer sus intereses sobre la inmensa mayoría de los colombianos.

En este momento de convulsión, urge realizar un Acuerdo Nacional para evitar hechos violentos como los que ha vivido el país en el pasado. Tanto las élites y sus medios así como los partidos que les representan, deben sentarse junto a la ciudadanía colombiana y su gobierno para llegar a acuerdos en medio de las discrepancias. Específicamente, se debe respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

No se trata de quien haga la marcha más grande ni de quién haga más ruido con cacerolas y silbatos, tampoco de quién se hace más notorio en los medios o en las redes. Se trata es de entender que en un país verdaderamente democrático, ningún sector se debe imponer sobre otro por la fuerza, ni por la manipulación, ni por el chantaje. Se trata de entender que los derechos de las mayorías priman sobre los intereses de las minorías. Se trata de entender que se debe respetar el periodo presidencial y el programa de gobierno del Jefe de Estado elegido por el pueblo.

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