Ya hemos escuchado, seguramente, una premisa similar. Reducir la deforestación no es solo una necesidad que además está planteada, entre otras cosas, en los acuerdos internacionales de los que hacemos parte como país, sino que es una de las vías más ‘fáciles’ para lograr resultados tangibles en el reto de enfrentar los problemas ambientales.

Con ‘fáciles’ me refiero a la complejidad que significa reducir el 20 o el 30 por ciento de la deforestación, como se ha planteado en las metas nacionales. Logro que daría sentido a la autoadulación de ser el primer, segundo o tercer país más megadiverso del planeta. Ese término que poco se logra entender del todo y que aunque se asocie con riqueza (creer que somos uno de los países más ricos del mundo por la riqueza de nuestra biodiversidad),  realmente implica una mayor vulnerabilidad a los cambios climáticos y otros problemas planetarios, pero también una mayor posibilidad de impacto positivo.

Por eso, y gracias a la oportunidad que tuve de participar en las 46 Jornadas de Derecho Penal y Constitucional, organizada por Las facultades de Derecho de la Universidad de los Andes y la Universidad Externado, en donde uno de los paneles se dedicó al tema, pude conversar con dos expertos, economistas y del mismo apellido (Cárdenas, aunque no son de la misma familia) y tener una mirada interesante frente a la Colombia megadiversa, rica y prometedora de la que solemos hablar: Mauricio Cárdenas, el exministro de Hacienda y Juan Camilo Cárdenas, el Director del CODS para América Latina y el Caribe.

Como todas las conversaciones sobre el tema, que suelen pasar por el panorama desolador y tenebroso que  se nos avecina como especie, sus visiones me parecieron llamativas, sobre todo porque coinciden en poco, salvo en la necesidad de repensar los sistemas económicos y en la urgencia de reducir la deforestación como eje primordial de acción. Como lo diría Juan Camilo en la expresión popular: “esos son nuestros mangos bajitos”.

“Colombia está en una posición muy interesante. El privilegio de la biodiversidad que tenemos como país también implica que somos muy vulnerables a la afectación, en términos de la provisión de alimentos y agua, por ejemplo”, explicó el director del CODS en esa primera mirada desoladora. Sin embargo, también destacó que pese a ese panorama “en los tiempos actuales el mensaje es claro: debemos descarbonizar nuestra economía y hacer real el compromiso de protección de la biodiversidad. Es ahí donde nos va a salir mucho más barato cumplir las metas de reducción de emisiones de carbono y tener un papel de responsabilidad frente al mundo”, enfatizó.

Lo anterior, según comentó posteriormente, implica que frenar la deforestación es una ruta clara y una circunstancia valiosa en términos de las oportunidades que hay para el reducir el impacto negativo y como opción económica. Deforestación que se hace históricamente para la venta de madera, la producción agrícola, los cultivos ilícitos y otros cambios en el uso del suelo que afectan los ecosistemas por razones económicas (aunque sean muchas más).

Por eso, en medio de las discusiones que reunieron a economistas y abogados para intentar hablar en un lenguaje común y comprender una problemática que requiere de múltiples visiones, un tema conocido, cuestionado e incluso estigmatizado, saltó a la luz: Los mercados de carbono, los bancos de hábitat (que no son lo mismo) o las diferentes formas que se han buscado para convertir en servicios, los recursos ambientales de esos países biodiversos, como el nuestro.

Y en eso estoy de acuerdo, al menos parcialmente,  porque es muy duro pa’l citadino entender que de nada nos sirve nuestra dichosa megadiversidad, si no la traducimos en oportunidades, en acciones sostenibles y, aunque muchos discrepan: en oportunidades económicas lícitas (ojalá, y por favor, responsables ).

A propósito, mencionó Juan Camilo, frenar la deforestación como una oportunidad de conservar o de ofrecer servicios ambientales “incluye muchas dimensiones, desde el orden público y militar, pasando por lo jurídico y el mercado de tierras, los medios de vida de las poblaciones más vulnerables, la Reforma Rural Integral, el cumplimiento de los acuerdos de paz, entre otros factores”. Insisto, aún así esta es nuestra vía más ‘fácil’.

Esto nos lleva al segundo Cárdenas: Mauricio, quien también afirmó que reducir la deforestación es indispensable, y que la conservación es fundamental para Colombia, no solo en un sentido biológico y ambientalista, si es que el término llegara a ser correcto. 

“Tenemos que trabajar juntos para entender las distintas tensiones que existen en lo ambiental. Por ejemplo, cambiar la economía y el sistema jurídico para la sostenibilidad. Eso se logra con acceso a los mercados internacionales de carbono, con vender servicios ambientales”, destacó.

Si bien uno podría pensar que la mirada sobre el medio ambiente como recurso económico es, cuando menos, reducida y deja de lado otras razones para la conservación como lo mencioné en una entrada anterior, vivimos una carrera contra el tiempo en el que la economía basa nuestros acuerdos, nuestras vidas y nuestras relaciones. Así que ¿por qué no apostarle a capitalizar eso de lo que tanto nos hemos ufanado a costa de la naturaleza que nos tocó?

Ya sabemos que el mercado de los bonos de carbono quizás aún no es eficiente. Que los costos pagados a nuestros países son absurdamente inferiores a los extranjeros, que la efectividad de la voluntariedad en la compra de bonos es casi nula y que las visiones de muchos de nuestros líderes nacionales frente al tema son básicamente miopes.

De hecho, como menciona Camilo Garzón en la Silla Vacía “es un negocio que también ha estado señalado de potenciales abusos a las comunidades que se encargan de la conservación. Diversas investigaciones han mostrado que, en ocasiones, las empresas intermediarias de bonos se saltan a las comunidades que cuidan el bosque y terminan vendiendo bonos sin que estas se enteren”.  

Sin embargo, ante avances en la regulación como la Sentencia T-248 de 2024 de la Corte Constitucional que busca garantizar la dignidad y los derechos de las comunidades y que ha permitido la discusión para entender que no basta con una mirada económica para resolver temas complejos y multidisciplinares; ante la oportunidad de que economistas, ambientalistas y abogados penalistas se sienten en la misma mesa a conversar un lenguaje diferente en lo técnico pero común en lo fundamental; e incluso ante la consolidación de nuevas propuestas como los bancos de hábitat, que parecieran ser mucho más estructurados, medibles y certificados (espero hacer una entrada al respecto), la reducción de la deforestación, aunque sea como posibilidad económica, parece ser una prioridad real.

Me atrevería decir que bienvenidas todas las oportunidades para hacer las cosas bien, para pensar modelos económicos, pero que sean aplicables en la realidad de los territorios y las comunidades; para inventarnos nuevos mecanismos, pero que atiendan y se enmarquen en los avances que hemos logrado; y para que más encuentros de expertos que aun no entienden cosas básicas sobre el mundo en el que vivimos (como los ríos voladores o los límites planetarios) se sigan realizando.