Esta semana, con el anuncio de Pfizer y Moderna acerca de la efectividad del 90 % y 95 % de la vacuna respectivamente, los ojos del mundo están puestos en la industria farmacéutica. Todo parece indicar que si bien el virus se gestó en un país con uno de los regímenes políticos más autoritarios (China), la solución nos la dará el sector privado y la industria de su principal émulo, Estados Unidos. Curioso pero predecible.

El anuncio, en su debido momento, de la radicación y adquisición de la vacuna serán la prueba de fuego que medirá la eficacia político-administrativa de todos los gobiernos del mundo. Así como a varios dirigentes impopulares se les apareció la Virgen con el coronavirus y la pandemia, la adquisición y distribución de la vacuna será, sin duda, el mayor reto de cada gobierno.

Por supuesto que el gobierno de Iván Duque no será la excepción. Sin embargo, en el caso de Colombia los retos en materia de distribución serán enormes y, sin piedad, expondrán varios problemas estructurales que tiene la arquitectura institucional del sistema de salud colombiano. La primera cuestión será la inclusión de esta en el Plan de Beneficios. Será importante un debate acerca de si es necesario o no una regulación de precios respecto a cada dosis y además, sobre cuál será el costo para cubrirlo en el régimen subsidiado y contributivo. Pero bueno, lo anterior sigue siendo una discusión que seguramente se dará en el décimo piso de un edificio del gobierno en la capital del país. El verdadero reto será la distribución de la vacuna en las entidades territoriales.

Cómo cualquier otro servicio público, la prestación del servicio de salud a nivel territorial sigue siendo un reto que devela lo espinosa que, casi 30 años después de la Constitución del 91, sigue siendo la descentralización. En materia de salud, la descentralización revela graves problemas de infraestructura pública en hospitales y en el caso de la vacuna, esta será imperativa para iniciar un programa de vacunación en las regiones.

Igualmente, uno de los grandes problemas de la descentralización es y siempre ha sido el control fiscal a nivel territorial por parte de las contralorías regionales. Para nadie es secreto la corruptela que versa sobre las contralorías locales y que ya se ha demostrado su inutilidad e inoperancia frente al monstruo presupuestal y legal que es la Contraloría General de la República. El rol y la efectividad de la Contraloría será determinante en el ejercicio del control fiscal para la prevención y el cuidado patrimonial de los recursos que se destinen para los planes de vacunación territoriales. Infortunadamente, uno de los grandes vicios de la descentralización ha sido el clientelismo y la politiquería que rodea el ejercicio público, especialmente en servicios fundamentales como lo son el agua potable y alcantarillado para el caso del Atlántico o la prestación del servicio de salud en Córdoba.

Otro punto importante será la priorización de la población para la primera tanda de vacunación. ¿Será por grupo etario? ¿Por ubicación geográfica? Este será un debate indudablemente controversial para el Gobierno Nacional y que sacudirá el ambiente político de precampaña a casi un año de elecciones tanto de Congreso como de Presidencia.

En conclusión, el Gobierno Nacional tendrá un reto de coordinación y complementariedad con las entidades territoriales una vez se adquiera la vacuna y se inicie un plan de vacunación. Mientras tanto, una vez aparezca la vacuna, sea de Pfizer, Moderna, Astrazeneca o cualquier otro laboratorio, el Gobierno deberá mostrar su capacidad de negociación y concreción con cada laboratorio para asegurar que Colombia sea de los primeros países en la región en adquirirla y distribuirla.