Luego de casi cien años desde su creación, es posible afirmar que gran parte de los colombianos consideran a su banco central, el Banco de la República, como una institución seria y capaz de mantener la economía del país a flote. Aunque es obvio que esta excelente reputación ha sido construida a lo largo de su historia, es loable afirmar que su éxito como emisor se debe primordialmente a su determinante independencia creada y acentuada normativamente por la Constitución de 1991. Aun así, con la posibilidad de que Carrasquilla llegara a la gerencia del Banco, Colombia estuvo cerca de perder la imparcialidad de una de sus instituciones más queridas a causa de la politiquería.

El mantenimiento de la imparcialidad y la independencia del Banco de la República, a pesar de no ser algo muy novedoso en materia constitucional, en Colombia fue un gran avance para el mejoramiento de la reputación de la economía, el mantenimiento bajo de la calificación de riesgo y más que eso, una modificación en la arquitectura institucional que demuestra el avance de la eficiencia y modernización del Estado.

Antes de la Constitución de 1991 y desde su creación en 1923, con la Misión Kemmerer, el Banco de la República se encontraba dentro de la rama ejecutiva y, a pesar de que sus funciones de ese momento demuestran la buena fe de crear un banco central, existen contradicciones estructurales que impiden su buen funcionamiento. La principal función era actuar como banco oficial del Estado -exactamente, la chequera de todo gobierno- pero al mismo tiempo se le pedía controlar la emisión de moneda que en ese momento estaba basado en el patrón oro, lo anterior, a los ojos de cualquier economista de hoy en día es un total descalabro.

Es imposible controlar la emisión de papel moneda cuando se pretende actuar como banco del Estado. Lo anterior, llevó a prácticas y situaciones reprochables por parte de distintos gobernantes en su momento, como la famosa “ventanilla siniestra” que abrió López Michelsen para descaradamente lavar el dinero del narcotráfico y, de una manera, oficializó el ingreso de los carteles como contribuyentes paralegales. De ahí que Pablo Escobar se ofreciera a pagar la deuda externa de Colombia a cambio de una ley de amnistía.

Con la Constitución de 1991 y, con gran parte de la dirigencia política y técnica decidida a cambiar el rumbo del país luego de la convulsión de la violencia, el paramilitarismo y el narcotráfico, la arquitectura institucional de Colombia tuvo una vuelta de 180 grados en muchos sentidos. Una de las reformas más importantes fue la del Banco de la República, que fue expulsado de la rama ejecutiva y, además, se le eliminaron las funciones de otorgar crédito al sector privado o al Gobierno Nacional, esto se haría en casos de emergencia a través de intermediarios financieros ante problemas temporales de iliquidez o escasez de recursos. Sin duda, la innovación más importante fue la decisión de otorgarle rango constitucional a la búsqueda del mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda como objetivo principal del Banco, esto, casi 30 años después, es lo que ha permitido mantener bajos niveles de inflación y mantener una economía dinámica y segura ante inversionistas y, por supuesto, ante la ciudadanía general.

Estos grandes avances se han materializado a partir a la imparcialidad del Banco y especialmente del respeto por parte de otros poderes públicos que le han dado a sus instituciones. En esta ocasión y con la declinación de reelección de Juan José Echavarría como gerente, el Banco de la República tenía entre sus candidatos más opcionados a Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda y a Leonardo Villar, director ejecutivo alterno del Fondo Monetario Internacional (FMI), excodirector del Emisor entre 1997 y 2009 y exdirector de Fedesarrollo. Mejor dicho, el candidato perfecto.

¿Cómo es posible que el ministro de Hacienda, quien por supuesto representa los intereses del Gobierno haya sido siquiera un candidato a la gerencia del Banco y es más, que él con todo el conocimiento de que eso es inviable y poco ético haya decidido postularse? Sin duda, la elección de Leonardo Villar y el rechazo a Carrasquilla como gerente sienta un precedente en la institución quizás más importante y recuerda ese mandato constitucional. Muchos dirán que lo más preciado de la Constitución es la acción de tutela -claro que lo es- pero también uno de los grandes goles a favor de nuestra economía es y ha sido la independencia del Banco Central.