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Este mes, con la llegada de las vacunas, se demostró una cosa por encima de cualquier otra: estamos en un año preelectoral y los políticos, sin excepción alguna, empezaron campaña. Desde el retraso de la vacunación en Cali para que el Ministro de Justicia, Wilson Ruiz, alcanzara a llegar a la foto, hasta el contenido publicado por Daniel Quintero, Alcalde de Medellín, presumiendo el plan de vacunación como logro propio. Evidentemente, para los tiempos políticos estamos ad portas de las elecciones. Como si el show de las vacunas no fuera suficiente, el Gobierno anunció una reforma fiscal que necesitará todo el apoyo para pasar en el Congreso, sabrá la mermelada y las exenciones fiscales, a que costo se aprobará este proyecto en un año preelectoral.
La reforma fiscal, indudablemente, supone reordenar la casa. Esto no implica solamente repensar en nuevos ingresos para arreglar el déficit sino también enfocar el gasto en programas y proyectos que verdaderamente generen valor agregado en la economía. Para lo primero, es necesario hablar de los beneficios al IVA que estableció el Gobierno el año pasado como estrategia para fomentar el consumo y también las exenciones tributarias a la renta.
Según la Dian, el costo fiscal de las exenciones tributarias en 2019 ascendió a $92,4 billones, de los cuales 74,9 billones provienen de los beneficios al IVA y $17,1 billones de la renta. En ese sentido, sería interesante hablar de las exenciones a la renta del cual se ha demostrado incontables veces que no genera ningún retorno en materia de empleo. Por otro lado, también sería importante pensar en términos de gasto público, reevaluar varias entidades, agencias y programas del Estado. Lo anterior para reinvertir estos recursos en actividades que sí generan una dinamización de la demanda como lo es la infraestructura.
Pero hablando en serio, ¿qué son y de qué sirven todas estas ideas cuando estamos próximos a las elecciones de Presidencia y de Congreso? Posiblemente se queden en la nada. Nada podría ser más impopular para un gobierno y para sus coequiperos del Centro Democrático -que evidentemente son un contendor importante en las elecciones a pesar de la crisis de su líder natural- que quitarle a los grandes contribuyentes las exenciones tributarias y además, eliminar varias estructuras del Estado gendarme que tenemos en Colombia.
Indudablemente, el Gobierno enfrenta una coyuntura difícil. El desgaste político que implica pasar una reforma tributaria es bastante alto, pero tramitarla en un año donde todos los funcionarios públicos buscan posar como los grandes precursores del Plan de Vacunación es aún más complejo.
En fin, el pronóstico para la reforma de la estructura fiscal en Colombia no es alentador, el Gobierno, que se ha caracterizado en los últimos años por ceder ante las presiones políticas, no hará los verdaderos cambios a la estructura fiscal para mejorar el sistema tributario y combatir el hecho de que es uno de los más regresivos de la región. Indudablemente será una reforma, como todas las que se han hecho en los últimos 20 años, pegada con babas y hecha para sanear los huecos fiscales.
