Con la pérdida del grado de inversión anunciada el pasado miércoles por parte de la calificadora Standard & Poor’s (S&P), en donde Colombia pierde la calificación que había mantenido por casi más de diez años, se encendieron las alertas de todos los analistas económicos del país e, indudablemente, del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, más allá del impacto que esta pérdida supone para la inversión extranjera y el encarecimiento del crédito, es importante reflexionar en torno al hecho de cuáles son los motivos de esta calificación y si realmente corresponden a la realidad e institucionalidad económica de Colombia.
La mejor explicación de lo que implica la calificación de inversión la dio alguien que paradójicamente no tiene absolutamente nada que ver con el debate económico, el influencer ‘La Liendra’, quien explica que la calificación es exactamente lo mismo que el reporte de datacredito que tienen las personas naturales. En términos un poco más exactos, la pérdida del grado de inversión para un país significa que inversionistas que buscan una tasa de riesgo baja no pueden invertir en Colombia, especialmente la inversión referida a los fondos de pensión. Es decir, de una forma u otra, esto nos saca de una parte del mercado de inversión y afecta particularmente al corto y mediano plazo.
La exposición de motivos de S&P, respecto a la calificación de Colombia, está primordialmente cimentada en la caída de la reforma tributaria y la incapacidad del gobierno de tramitar una nueva, también insisten en que la situación fiscal del país es inestable por las elecciones que se aproximan. Por supuesto que la caída de la reforma y el estallido social que ha supuesto el paro nacional han demostrado que en Colombia hay una crisis política que se refleja en un creciente déficit fiscal con un faltante en caja. No obstante, estas razones responden a la coyuntura que vive Colombia y no a la institucionalidad económica que hay en el país y que ha demostrado ser la salvación en distintos momentos históricos.
Las opiniones -porque no son más que eso- de las calificadoras de riesgo son meramente procíclicas. Las aumentan o mejoran en tiempos de auges económicos y luego, las recortan en periodos de contracción o de crisis, es decir, ignoran meramente la naturalidad del ciclo económico y además, atentan contra variables que necesitan las economías en todo momento como lo son la llegada de inversión extranjera y el acceso al crédito. Igualmente, también es importante insistir en que, si bien S&P bajó la calificación casi que sin advertencia, Moody’s y Fitch advirtieron que la mantendrían mientras se sepa cuáles son las fuentes de financiación para el próximo año.
La calificación no debería estar basada en algo netamente coyuntural como lo es el escenario político de los países. A lo mejor, debería basarse en variables más dicientes como lo es la estabilidad macroeconómica, que en el caso colombiano se ha probado de manera reiterada gracias a instituciones como el Banco de la República. Igualmente, gracias a esta institucionalidad hemos tenido el lujo de tener expectativas inflacionarias controladas y además, de acceder al mercado de deuda privada.
En conclusión, si bien S&P basó sus conclusiones en la coyuntura nacional, la calificación debería basarse en criterios más rigurosos y realistas como lo son las instituciones y el historial que tiene el país en manejo de crisis -que en el caso colombiano es muy bueno-. Igualmente, ya es hora de que el debate se centre en cuestionar las calificaciones que en distintas oportunidades han demostrado carecer de criterio.