En Colombia, en distintos momentos históricos, la movilización social ha probado tener grandes victorias. Pocas cosas son más reivindicativas y recalcitrantes de una democracia que el derecho a la protesta que, en el caso de nuestro país, se encuentra consagrado en la Constitución Política y que gracias a la institucionalidad ha sido protegido históricamente por instituciones como la Corte Constitucional. Sin embargo, en la historia reciente y más específicamente en los últimos 50 años es posible afirmar que en Colombia, en el ejercicio de esta protesta pacífica y legítima, múltiples grupos de interés se han aprovechado de este derecho para hacer peticiones inconsecuentes con la capacidad del Estado colombiano. 

El Comité Nacional del Paro no es más que un grupo de líderes sindicales que, si bien ejercen su derecho a la protesta, no han articulado una propuesta de país realista que el Gobierno Nacional tenga la capacidad de cumplir. Igualmente, la representatividad del Comité respecto a la realidad que se vive en las calles es poca, teniendo en cuenta que está conformado mayoritariamente por las principales centrales obreras, confederaciones de pensionados y Fecode. Ah y sí, solo una asociación estudiantil, (ACREES), que no estuvo en la conformación inicial del Comité. Con base a esto, el Gobierno Nacional, intentando hacer una lectura de lo que sucede con el paro, ha diseñado programas que buscan responder a las problemáticas que atraviesan los jóvenes en materia de empleo, poder adquisitivo e ingresos per cápita. Si bien los programas no están enteramente bien diseñados, como es el caso de Matrícula Cero y su pésima focalización con los estratos -en lugar del Sisben-, no sería justo decir que el Gobierno no ha tenido una respuesta frente al Comité del Paro.

Indiscutiblemente, la mayoría de los protestantes que han conformado las arengas y gritos por un país mejor en las calles son los jóvenes que, según el Dane, son personas de 18 a 28 años. Lo que ocurre con el Comité del Paro es un problema histórico que es bastante representativo de América Latina y si bien es multicausal, es posible afirmar que la principal causa son las barreras de entrada a la hora de acceder al diálogo con autoridades públicas y el Gobierno Nacional. En ese sentido, a raíz de estas barreras de acceso y el derecho a la libre asociación, la concentración de grupos de interés ha sido mayor. ¿Cómo es posible que existan gremios que representan el 60 % del PIB o 72 sindicatos al interior de una misma institución? Algo que por naturaleza parece antidemocrático. 

Lo que vive Colombia hoy a causa del Comité del Paro es claramente el resultado de la gran concentración de grupos de interés. Sin embargo, es importante mencionar que esta extorsión histórica había sido agenciada de una mejor manera por anteriores gobiernos debido a la apertura al diálogo y a su capacidad de respuesta ante demandas sociales. Personalmente, en mis 23 años de vida y en lo que he escuchado de generaciones mucho mayores, no ha existido un gobierno más incompetente a la hora de mediar y negociar con la ciudadanía. La respuesta de los programas sociales hacia los jóvenes no fue enteramente acertada por la mala planeación y focalización que denotan todas las medidas tomadas, desde matricula cero hasta el subsidio al empleo juvenil -que de hecho ya estaba contemplado muchos meses antes en la Ley del Primer Empleo aprobada por el Congreso-. 

El Gobierno Nacional deberá aprender a lidiar con la extorsión histórica de los grupos de interés como lo han hecho sus antecesores, pero la realidad no va a cambiar mientras mantengan un tono clasista y donde no acepten la responsabilidad respecto a lo que ocurre especialmente en materia de Derechos Humanos. Mientras tanto, persistirán las conversaciones entre el Comité y el Gobierno y el país seguirá aumentando sus pérdidas que ya se calculan en más de 10 billones de pesos -la mitad del recaudo que planteaba la a reforma tributaria por la que se inició el paro nacional-.