Una vez más, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro anuncia que Colombia no permitirá más contratos de exploración y explotación minera, en aras de cumplir con la meta global de vencer el cambio climático y preservar el medio ambiente. Si bien esto representa un propósito noble, Colombia no tiene mayor peso en la distribución de emisiones entre países, apenas el 0,3 %, sin embargo, el costo para las finanzas públicas e indicadores como la balanza comercial y de pagos es altísimo. Si los bienes minero energéticos representan la mitad de la canasta exportadora del país y si no exploramos, ¿qué exportamos?
Las proyecciones de instituciones como la Agencia Nacional de Minería (ANM), sugieren que, si el Gobierno para la adjudicación de contratos de exploración y el país se queda sencillamente con los 330 que hay hoy en día en vigencia, en 6 – 8 años, Colombia necesitaría importar petróleo para abastecer la demanda interna. Un absurdo con la disponibilidad de crudo y potenciales reservas que tiene hoy el país, esto ignorando el efecto en la balanza comercial, considerando que esto aumentaría aún más su déficit disparando drásticamente las importaciones.
Las cifras preliminares de comercio exterior de Colombia arrojan que las exportaciones crecieron entre 2021 y 2022 en un 36 %. Si se desagrega por los tres principales sectores: Minero energético; industrial; y agroindustria; la participación de cada uno es 55 %, 25 % y 20 % respectivamente. Para que eventualmente la transición energética y la diversificación de la canasta exportadora sea efectiva -y no traumática-, el Gobierno debe tener en sus proyecciones como reemplazar ese 55 % de las exportaciones minero energéticos del país.
Cuando las discusiones de diversificación de la canasta exportadora surgen, generalmente el debate se orienta hacia la agroindustria porque es dónde realmente las ventajas competitivas del país recaen. Sin embargo, si se observa la demanda internacional de cada sector, la agroindustria es el de menor crecimiento.
Debe llamar la atención el hecho de que las materias primas y productos agroindustriales representan un mercado altamente competitivo donde muchas veces el único factor de decisión que influencia la demanda es el precio de mercado de los bienes -altamente sustituibles-. Para una economía como Colombia este hecho es crítico, ya que los costos de producción son altísimos cuando se evalúa el comportamiento y costos del país frente a mercados como Brasil y Vietnam. En ese sentido y teniendo en cuenta que Colombia en el futuro próximo no será una economía mineroenergética, el sector industrial es el de mayor importancia y atractivo.
El Gobierno Petro ha hablado desde el día uno sobre la ‘reindustrialización’, no obstante aún no se entiende técnicamente qué es y cuáles son las metas específicas a cumplir para que el país se ‘reindustrialice’ -las bases del Plan Nacional de Desarrollo son muy pobres y deficientes en esta materia-. Igualmente, es imposible ignorar la aversión que el nuevo gobierno ha mostrado hacia el sector empresarial e industrial, la afrenta a herramientas de comercio exterior y competitividad como lo son las zonas francas y el desaparecido régimen de mega inversiones, son señales claras de que el Gobierno no tiene muy claro como ‘reindustrializar’ al país.
El 2023 será un año definitivo para el Gobierno, reformas a la salud, pensiones y trabajo serán las principales temáticas de la agenda nacional. Sin embargo, en un año de recesión como será éste, el Gobierno Petro deberá trazar una hoja de ruta clara en donde se entienda qué oferta tiene Colombia frente al mundo en materia de competitividad y atracción de divisas para luchar contra la inflación y la devaluación de la moneda y aún más, para abastecer sus finanzas públicas.