La actual reforma laboral presentada por el Gobierno está aparentemente sentada sobre la premisa de garantizar mayor estabilidad laboral y ampliar los derechos de los trabajadores actuales. Digo aparentemente, precisamente, porque lo que genera la Reforma en caso de ser aprobada es un paquete de incentivos que impulsan a la economía colombiana a la informalidad, la subcontratación e incluso a aumentar el desempleo. Si en algo ha tenido la razón el Ministerio de Trabajo a lo largo del debate público es que la Reforma Laboral no genera empleos y desafortunadamente, si culmina su curso en el Congreso, tampoco logrará mantener los que ya hay.

Desde hace varios años que inicié a sumergirme en el mundo de la economía y su inevitable conexión con la política pública, he reafirmado cada día que la informalidad es el problema macroeconómico más serio que afronta Colombia. No hay futuro en un país que el 58 % de los ocupados, son informales.

Naturalmente, la informalidad tiene efectos comunes para los países que la padecen. Consecuencias como el desempleo y subempleo, el aumento de pobreza y desigualdad, la poca productividad y la evasión fiscal son los problemas regulares que acarrea la informalidad a cualquier país. Si se aterriza esto a Colombia, este es uno de los principales motivos por el que tenemos una estructura económica tan débil, una estructura ilegal tan robusta y una brecha en productividad y generación de valor agregado con nuestros pares internacionales. Además, yendo un paso más allá, se ha demostrado en muchísimos estudios que la informalidad es correlativa a la baja superación de la pobreza, que en Colombia requiere un tiempo tan prolongado -aproximadamente once generaciones y más de cincuenta años según la OCDE-.

El problema central de la Reforma es que desincentiva la formalización precisamente por los costos innecesarios que acarrea tener un empleado formal para una empresa -sea PYME o grande-. Por ejemplo, la disminución del rango de la jornada diurna que en este momento se extiende hasta las 9:00 pm y el recargo nocturno que pasa del 75% al 100%, es insostenible para cualquier compañía en proceso de expansión y crecimiento. Que no se nos olvide que del 100% de la masa empresarial en Colombia, el 80% son PYMES.

Aún más preocupante y en contravía de las grandes promesas del actual Gobierno en campaña, la Reforma trunca las oportunidades para la gente joven. Esto, con la proposición de que los contratos sean a término indefinido y con incorporación inmediata a planta, eliminando por ejemplo los contratos de aprendizaje que también permiten el dinamismo que caracteriza los empleos ofrecidos a los jóvenes.  Quizás lo más grave de la Reforma Laboral es precisamente el desincentivo que está generando a las firmas para no contratar mujeres. La obligación de entregar un bono pensional para mujeres con hasta tres hijos hará que las compañías piensen dos veces contratar una mujer o no.

La Reforma Laboral debe buscar adaptarse a las nuevas dinámicas que caracterizan hoy por hoy el empleo. Jornadas laborales y contratos flexibles harán que los jóvenes puedan incorporarse a varios empleos. No se puede inducir a un modelo de formalidad arcaico que ya no responde a la actividad económica de las principales generadoras de empleo, las compañías.

Si la Reforma no busca responder el problema macroeconómico más complejo, generar empleo y además incentiva la informalidad y la subcontratación como lo han demostrado ya varios actores en el debate público, ¿Entonces qué pretende? Al día de hoy, a más de un mes de la Reforma en curso, no son claros los objetivos de política pública del Gobierno en materia de empleo. Será necesario que los congresistas, de la mano de los centros de pensamiento como el Consejo Privado de Competitividad y gremios como la ANDI, Fenalco y por supuesto ACOPI participen arduamente para la consecución de una reforma viable que le apueste al país y su gente.