El cambio climático y la lucha por un mundo más sostenible es quizás el punto de común acuerdo y con mayor urgencia en la agenda mundial entre los países occidentales. Mientras que en Europa, Úrsula von der Leyen avanza con el Pacto Verde en el Parlamento y la Comisión Europea, la agroindustria de Colombia y América Latina ve cada vez más lejos su sueño de convertirse en una despensa mundial.  Mucho se habla sobre la sostenibilidad no solo medio ambiental sino en otras aristas como los derechos humanos, la trazabilidad a la cadena de suministro y las certificaciones ‘cruelty free’, sin embargo, el coletazo que esto representa para Colombia y en general para los países agroindustriales de la región es un costo desproporcionado y alejado de la realidad.

El Pacto Verde de la Unión Europea y la normatividad expedida en relación con esta iniciativa, ha sido tal vez la más exigente para las compañías europeas y por supuesto, para sus proveedores tanto nacionales como internacionales. Los proyectos de debida diligencia en deforestación y sostenibilidad en proceso de implementación y aprobación respectivamente por el parlamento europeo son la expresión más clara de la exigencia exorbitante e ilógica que ha supuesto la lucha por un mundo más sostenible. La política ‘De la granja a la mesa’ que prohibió los tres tipos de insectisidas más importantes en la producción agroindustrial: Chlorpyrifos, Mancozeb y Chlorothalonil, imposibilita y eleva costos en más de 50% para la producción tropical según cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Quizás lo más impopular sea decir que la lucha contra el cambio climático supone un freno -tal vez en seco- a la lucha contra la pobreza y eso, para el caso de América Latina significa un stop a su valor agregado en el comercio internacional: la agroindustria y producción de commodities.

Han pasado más de tres décadas desde la creación de la Organización Mundial de Comercio y aún, a los países de esta región, les sigue costando la superación de barreras no arancelarias y la obtención de registros sanitarios para la comercialización de productos con exigencias mínimas. Para Colombia, el 10 % de sus exportaciones tienen como destino la Unión Europea, y sí, a pesar de que el Ministerio de Comercio y ProColombia han realizado mesas técnicas de cara al cumplimiento de los requisitos y exigencias de entrada de la Europa para productos agroindustriales, la cruda realidad es que es poco probable que nuestros agricultores los cumplan.

La discusión de la sostenibilidad está llevando a Colombia y la región, a escenarios inconcebibles en donde la alimentación será carísima y además, donde todos seremos más pobres. La prohibición de fertilizantes e insecticidas como el Mancozeb, tanto a nivel internacional como local, tendrá a futuro una alza en los precios de casi 90% según el Departamento de Agricultura de EE.UU.

A lo mejor y la pregunta a futuro será si queremos ser más sostenibles siendo pobres y malnutridos o si existe realmente un camino intermedio -sin extremos- que nos permita equilibrar la preservación del medio ambiente con el desarrollo del comercio internacional y la superación de la pobreza.