La aproximación del Gobierno Nacional a la crisis del sector energético demuestra la poca seriedad y entendimiento ante una de las principales problemáticas que impactarían el desempeño general del país. Exministros de Minas y Energía, líderes gremiales y empresarios le han anunciado al Gobierno una preocupación estructural sobre una eventual crisis en el sector, primordialmente por dos causas: presiones en los precios de la energía en bolsa y un riesgo de liquidez en las empresas comercializadoras.  Se calcula un incremento promedio del 11% en el precio de la energía a nivel nacional, esto además de afectar el desempeño sectorial, replegaría en la productividad del país en una de las épocas con mayor demanda comercial.

Según cifras del DANE, los precios de la electricidad han subido en 9,1% en comparación con el año anterior. Sin embargo y para infortunio del país, este año han confluido distintos factores de riesgo que alteran el precio de la energía y que indudablemente son responsabilidad del Gobierno mitigarlos ya que cuenta con las herramientas y facultades para hacerlo.

El primero, está relacionado directamente con la oferta del mercado de energía y más específicamente con un riesgo de liquidez. Esto se da por la famosa ‘opción tarifaria’, mecanismo que se reglamento e implementó en el 2020 tras casi 20 años desde su creación. La ‘opción’, permite el diferimento de pagos por parte de los usuario con el propósito de mitigar subidas extraordinarias en el precio de la energía.  La aplicación de esta se dio en 2020 como instrumento ante la pandemia, en 2021 por el crecimiento de las tarifas y en el 2022 porque la inflación no cedió. Esto, ha generado una deuda acumulada de aproximadamente, 4,9 billones de pesos que se ven relejada en la crisis de liquidez que actualmente viven las comercializadoras. Aunado a esto, el Gobierno Nacional ha demorado el pago de subsidio en energía a las comercializadoras y esto ha afectado incluso más el riesgo de liquidez de las compañías.

Aún más preocupante es la situación de la energía en bolsa. Los precios actuales que superaron los $1.500/kWh reflejan una percepción de escasez frente al fenómeno de El Niño. La llegada de este fenómeno ha generado una expectativa de escasez principalmente por el retraso de los proyectos de energía renovable y la caída en las lluvias y por ende en las reservas de los embalses.

Si bien la crisis no es propiamente generada por acciones del Gobierno, la respuesta del Presidente y del Ministerio de Hacienda, ha sido nula frente a los compromisos que había suscrito el Estado frente al pago de subsidios. No es claro cuál es el plan del Gobierno para esto, no se ha dado una solución a los obstáculos en la construcción de la línea de transmisión de energía solar y eólica de La Guajira, y además, la decisión de suspender los contratos a largo plazo adjudicados en la subasta de energía genera un aumento los precios. Esto sin mencionar el hecho de que la institucionalidad de la energía está inmóvil, hasta hace unas semanas nombraron cargos directivos en la Agencia Nacional de Energía y al momento siguen sin haber comisionados en la CREG. En conclusión, no hay decisiones de política sencillamente porque no hay política energética desde el Gobierno, mientras tanto, el tiempo sigue corriendo, las presiones en los precios son cada vez más evidentes y aumenta el riesgo de entrar en un colapso energético.