La economía cerró el 2023 con números en rojo. A pesar del dinamismo en el comercio que genera diciembre, el temor de caer en una recesión técnica al sumar dos trimestres de resultados negativos en el PIB se siente en el debate económico. Además, el Presupuesto General de la Nación (PGN) para este año se aprobó con un plan financiero bastante controversial en donde los ingresos y rentas que sostendrán los 502,6 billones autorizados son bastante cuestionables. A pesar de todo esto y ad-portas de una potencial crisis, con números negativos en los principales indicadores de la economía, el Gobierno Nacional sigue sin presentarle al país un plan de choque o una política contra cíclica clara que emita señales positivas a los mercados y los inversionistas. Estamos a la deriva en ascuas del 2024.
Para el 2024, el panorama no es bajo ningún motivo optimista. Las proyecciones de crecimiento del PIB varían entre el 1,5 % y 1,8 % como tope. Esto quiere decir que el incremento respecto al 2023 no alcanza a ser un punto porcentual -en febrero se conocerán los resultados de cierre que serán entre 1 % y 1,2 % máximo-. El Gobierno debería fijar el objetivo de crecer por encima del 2 % como mínimo y actuar en consecuencia de esto, para que de 2025 en adelante recuperemos el ritmo y senda del 6% prepandemia.
El PGN se aprobó con muchas controversias y proyecciones de ingreso que dejan en vilo la capacidad de sostener los 502 billones de pesos que el Congreso aprobó. Proyecciones sentadas sobre supuestos que son poco creíbles a pesar del respaldo de autoridades de recaudo como la DIAN e incluso el Ministerio de Hacienda. Por ejemplo, entre los renglones de ingreso que más sorprende está el de ‘litigios’ que tiene unos ingresos proyectados de 15 billones de pesos, esto a pesar de toda la incertidumbre y vueltas jurídicas que tienen los procesos de arbitraje internacional.
Por otro lado, una tercera parte de la reforma tributaria se cayó por impertinencias técnicas, entre las más destacadas está la que planteaba que las regalías no eran deducibles del impuesto de renta -técnicamente absurdo- que le darían al Gobierno ingresos de $6,6 billones de pesos y que finalmente, la Corte declaró inexequible. Como si fuera poca la mala planeación financiera, la distribución del presupuesto declarada por la ley de apropiaciones tiene una sobre concentración en el gasto de funcionamiento (61,3 %) y poco para inversión (19,7 %), fundamental en épocas de crisis.
Las políticas contra ciclas son herramientas que a lo largo de años los distintos gobiernos han utilizado para neutralizar las caídas en el desempeño económico del país. En su momento en plena pandemia, la apuesta de Duque fue el aparato productivo, focalizando el gasto público en dinamizar y sostener PYMES a través de auxilios a la nómina y líneas de crédito y descuento en bancos de segundo piso. Más atrás, la política de vivienda lanzada en el periodo de 2014 – 2018 por el Gobierno de Juan Manuel Santos fue una apuesta tras una contracción del PIB a finales de su primer periodo presidencial y tras los desastrosos resultados de la ‘locomotora minero energética’, en donde se buscaba maximizar las rentas de esta industria. Incluso, Uribe para superar el estancamiento de la economía a inicios de los 2000, impulsó la atracción de empresas multinacionales a través de la deducción del impuesto de renta por la compra de activos fijos, que sería la base para aprovechar a niveles máximos la bonanza petrolera.
Al momento y a un mes de la publicación de resultados de finales de 2023, el Gobierno Nacional sigue sin presentar una política que se entienda como una ventana de oportunidad para salir de los resultados del 2023. Aún más preocupante es si se miran los sectores que han sido motores de la economía en tiempos de crisis como lo es el sector construcción, el más afectado con una contracción general del 8% e indicadores negativos como la venta de vivienda -44,6% a/a.
Las declaraciones del presidente y los funcionarios del Gobierno negando y desconociendo los resultados negativos de la economía, los errores de la DIAN cerrando almacenes de cadena y de consumo primario y la mala planeación presupuestal continúan un mensaje de mal manejo económico que infortunadamente, nos tiene lejos de iniciar el año con el pie derecho. Ojalá el Gobierno decida ponerse a la altura de la realidad al momento de publicación de los resultados del PIB de 2023 el próximo mes.