Proceso electoral y marco regulatorio en el sector transporte

Mucho de qué hablar está dando la Ministra de Transporte, Natalia Abello, a raíz de sus más recientes declaraciones sobre dos de los temas neurálgicos que hoy tiene bajo su responsabilidad: la reconversión de los vehículos de carga y la situación de Uber en el país.

En cuanto al primero se refiere, lamentablemente fue descartada la puesta en marcha de la política de ajuste dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 mediante la cual se pretendía renovar nuestra deteriorada, ineficiente, peligrosa (desde el punto de vista de la seguridad vial), y contaminante flota de transporte de mercancías, cuyos veinte años de antigüedad, en promedio, nos ubican actualmente por encima de la media de la región (estimada en trece años); lejos todavía de países ejemplares como Chile o Brasil; y a la par con los países más rezagados, a saber, República Dominicana, Nicaragua, y Bélice.

En lo concerniente al segundo, fue rechazada oficialmente cualquier posibilidad de expedir una nueva reglamentación, en el corto plazo, que procurara armonizar la brecha entre el servicio de transporte individual y el servicio de transporte especial de pasajeros a propósito de la irrupción que ha tenido Uber en el mercado colombiano y que dadas sus buenas condiciones de disponibilidad, puntualidad, seguridad, y comodidad ha llevado a que una creciente cantidad de usuarios no solamente haga uso efectivo de su disposición a pagar sino que además empiece a preferir el innovador y eficiente servicio prestado por los taxis blancos, afiliados a la transnacional empresa californiana, antes que el vetusto, deficiente, y desprestigiado servicio a que nos tienen acostumbrados los taxis amarillos de la industria nacional.

En este sentido, no nos queda más remedio que cuestionar la poderosa influencia que ejercen los procesos electorales sobre los marcos regulatorios (del sector transporte en este caso particular) para entender por qué y a cambio de qué se aplazan medidas tan urgentes favoreciendo así los intereses de unos pocos nada más. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden?

En primer lugar, con la decisión de prolongar la vida útil de la flota de transporte de carga (de por sí ya envejecida) ganan el pulso los transportadores al Gobierno que tras las millonarias pérdidas ocasionadas por cuenta del prolongado paro camionero (de casi un mes de duración) no podía darse el lujo de arriesgarse a que el electorado se siguiera indisponiendo, más de lo que ya estaba, con nuevos incrementos en el precio de la canasta básica familiar, mucho menos, haciendo falta sólo siete meses para los comicios locales.

Pero igualmente perdemos todos ya que, desde el punto de vista técnico, es bien sabido que la renovación de los vehículos traería consigo una ampliación de la capacidad de carga del transporte carretero así como una reducción considerable de las externalidades negativas (sociales y ambientales) de una operación que a nivel mundial es responsable del 13% de las emisiones de gases de efecto invernadero y del 23% de las emisiones de CO2 derivadas del consumo de combustible, como para hacernos una idea.

Por tal motivo, era menos costoso y más conveniente para el Gobierno levantar el paro con un grupo de presión cuyo poder había quedado nuevamente demostrado ya que, con ello, lograría estabilizar los precios y tranquilizar, de paso, a los angustiados votantes a pesar de que la concesión acordada hubiera sido tan ventajosa para el sector camionero.

En segundo lugar, con la manifiesta ilegalidad del servicio de Uber en Colombia gana indudablemente el gremio de los taxis amarillos quiénes a pesar de tener una posición dominante en el mercado (estimada en un 90%) no han dejado de sentirse seriamente amenazados un solo día por la amplia acogida y el rápido crecimiento que ha tenido la demanda del servicio ofrecido por los taxis blancos calculada en 10.000 viajes al día solamente en Bogotá.

En ese orden de ideas, pierde, definitivamente, el segmento de usuarios de clase media – alta justo cuando  encontraban un sustituto viable a su vehículo propio (cosa que hasta el momento había sido particularmente difícil) y, con ello, la ciudad.

Finalmente, también resultan damnificados conductores y bancos pues se esperaría inicialmente que con la prohibición la demanda de pasajeros y el número de transacciones hechas con tarjetas de crédito disminuyeran mientras que el riesgo de operación (multas e inmovilización de los vehículos) aumenta.

En resumidas cuentas, el Gobierno Nacional en cabeza de la titular del Ministerio de Transporte ha tomado conscientemente la decisión de dilapidar una excelente oportunidad para modernizar el sistema de transporte de carga y desarrollar esquemas de negocio con mejores niveles de servicio en el sistema de transporte individual de pasajeros por temor principalmente a las repercusiones electorales que una enemistad con dos grupos de presión tan fuertes pudieran tener en el mediano plazo a expensas de la competitividad del país y del bienestar de nosotros los ciudadanos.

Amanecerá y veremos.

@AJARAMORENO