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Se acabó la primera legislatura del año, en la cual hubo bastante actividad en el Congreso de la República, en donde las reformas propuestas por el gobierno, como base de su plataforma programática, fueron las protagonistas, papel compartido con la coalición política, su vigencia y posteriores consecuencias, que dieron al final de la misma con la caída de una de las reformas y el retraso de otras.
Ese protagonismo, compartido con la tendencia de sus actores principales y sobre todo del enfoque de los medios, se ha dado alrededor de los arreglos políticos, más que de las mismas reformas, de su contenido, potencial efecto sobre la vida nacional y mínimo sobre la conveniencia de aprobarlas.
Predominan como argumentos las frases de cajón y lugares comunes, como que “se escogió el cambio para que presentara reformas”, que no se conocían en campaña; y otro, “si no pasan las reformas el país no avanza”. Todo enfocado más en un sentido de cambiar por cambiar y en el entendido que todo cambio es bueno, que en el análisis caso por caso de lo que se ordena en tales reformas y sobre todo de la conveniencia real para el país y los ciudadanos.
Pasa desapercibido el tema de las responsabilidades, se deduce de las conversaciones, debates y justificaciones, que el Congreso es prácticamente un tramitador de reformas, residiendo la responsabilidad de las mismas en el gobierno, que presenta los proyectos y que solo depende de arreglos políticos el aprobarlas o no, sin ninguna responsabilidad del congreso, salga bien o mal la salud, el empleo o las pensiones por causa de estas reformas, que parecen ser solo del gobierno, no del legislativo. De hecho, a posteriori se sigue culpando al gobierno de las mismas, a pesar de ser el congreso quien legisló al respecto.
Es así como la inflación que produce la Reforma Tributaria, el alza de las tarifas de energía que produce el impuesto a las hidroeléctricas, la quiebra de aerolíneas y deterioro crítico del turismo por el impuesto a los tiquetes aéreos, se le achaca enteramente al gobierno, sin mencionar al congreso que fue quien la emitió por una ley de la república, en su independencia de poder legislativo, que a veces queda en duda al ver ministros del ejecutivo prácticamente presidiendo sesiones en que se tratan las reformas, sentados al lado del presidente de una cámara o de una comisión.
Entonces, se debe aprovechar este receso legislativo para pensar sobre la responsabilidad del Congreso de Colombia en el tema de las reformas legislativas, que sean propuestas por el ejecutivo, para eso se deben tener en cuenta varios elementos:
Iniciamos por la mencionada separación de poderes, en el entendido que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial deben ser independientes y equilibrados entre sí. En el caso de las reformas propuestas por el ejecutivo, el Congreso tiene la responsabilidad de analizar, debatir y aprobar o rechazar dichas propuestas, asegurando que se cumplan todos los procedimientos establecidos para ellos mismos por un lado y siempre protegiendo los intereses del pueblo colombiano. En esta separación de poderes y protección, ni la constitución ni la ley incluyen los acuerdos políticos, de manera que estos no pueden primar sobre los puntos anteriores.
Una vez el Congreso esté actuando autónomamente, hay que tener en cuenta sus otras funciones, como son el Control Político que debe ejercer sobre el gobierno, control político que debe incluir la evaluación de las propuestas de reformas. Esto implica que al pupitrear una reforma está incumpliendo esta importante función, en la cual los congresistas deben es analizar en detalle las implicaciones de las reformas propuestas, considerar su conveniencia y beneficios para el país, y actuar en representación del pueblo colombiano al tomar decisiones al respecto, en cuyo nombre puede archivar la reforma de representar un peligro, llegar con vicios, mal presentada o con cualquier característica que nos pueda perjudicar.
Es que esa representación implica un concepto político de fundamental importancia como es el de la Soberanía Popular
, nuestra constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, y el Congreso es el órgano representativo de esa soberanía. De manera que los congresistas tienen la responsabilidad de actuar en consonancia con los intereses y necesidades del pueblo colombiano, al considerar reformas propuestas por el ejecutivo, decidiendo si archivar, rechazar o aprobar cada reforma. Para esto, es ineludible escuchar a la ciudadanía (como por ejemplo las marchas multitudinarias contra las reformas y plantones frente a su propia sede de trabajo), analizar las implicaciones sociales, económicas y jurídicas de las reformas, y tomar decisiones informadas y responsables, de manera que en la inflación, quiebra de aerolíneas, empresas y proyectos de vivienda, alza de las tarifas de energía y en otras consecuencias de la reforma tributaria, el Congreso tiene su responsabilidad y el pueblo soberano sufre las consecuencias.
El Congreso debe ser consciente minuto a minuto en sus procedimientos de elaboración de las leyes y de analizar unas reformas legislativas que deben cumplir todos los principios y disposiciones establecidos por la Constitución colombiana, garantizando que las reformas no violen los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución. Esto implica realizar un análisis jurídico de las propuestas, evaluar su constitucionalidad y tomar decisiones en concordancia con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico.
El cumplimiento transparente y publico de todos los elementos mencionados fortalecen la legitimidad de las decisiones tomadas por el Congreso y aseguran que se tenga en cuenta la voluntad popular en el desarrollo de las reformas, así como el querer de la cabeza del ejecutivo, cuando dijo que iba hasta donde el pueblo le diga que puede ir, en el caso de las reformas y en especial de la reforma de la salud y de la laboral el pueblo en múltiples manifestaciones le dijo ¡ya! ¡hasta aquí! no van más estas reformas; en la pensional todavía hay debate al respecto, pero mucho por oír todavía de parte del congreso antes de la decisión definitiva.
La responsabilidad de las reformas no reside entonces exclusivamente en el ejecutivo, el poder legislativo tiene amplias e importantes responsabilidades. Además, en la independencia de los tres, el judicial debe estar ejerciendo la propia, de fallar cualquiera de los otros dos en sus funciones, deberes y responsabilidades.
