MUERTE DE ESTUDIANTE A MANOS DE MILITARES: MATAR POR EQUIVOCACIÓN

Ahora es más difícil establecer el éxito de la seguridad democrática en el país, abanderada por el conjunto de los organismos estatales que, se supone, deberían velar por el bienestar de la nación. Una tarea más compleja cuando son los ciudadanos las víctimas de los llamados ‘errores de procedimiento’.

En una de las peores semanas que ha afrontado tanto la cúpula militar como de policía no puede pasar inadvertido el terrible desenlace de Catherine Soto y Rolando Quintero, estudiantes de la Universidad del Valle que fueron alcanzados por disparos en medio de un operativo ejecutado por un comando del Ejército Nacional. Los hechos acaecidos el pasado 3 de agosto en el corregimiento de San Cipriano, ubicado en la vía Buga-Buenaventura en el departamento del Valle, trajeron como consecuencia la muerte casi instantánea de la joven y heridas de gravedad a su acompañante.

Este insuceso viene a engrosar la larga lista de denuncias hechas por familiares de víctimas ante la Procuraduría General de la Nación. En un reciente informe divulgado recientemente por esta entidad señala que hasta mayo de este año el número de denuncias llegaba a 300, “incluidos 137 casos de los llamados “falsos positivos”, es decir, personas cuyos familiares denuncian que fueron presentadas como guerrilleros o paramilitares sin serlo”, tal como lo reportó la agencia EFE.

El más fuerte cuestionamiento que surge tras conocer este lamentable evento indudablemente se dirige a la planeación de estas actividades en zonas consideradas de alta presencia guerrillera o paramilitar, donde al parecer no hay una suficiente coordinación entre los comandos tanto en su esquema de avanzada como en información a la comunidad, lo que incrementa el temor por terminar víctimas de una acción inesperada y mal ejecutada.

Tanto el Ejército como la Policía gozan aún de la confianza de los colombianos, pero como lo afirma la Revista Cambio en su reciente edición, “lo cierto es que las Fuerzas Armadas en general y sus comandantes en particular parecen estar atravesando por una etapa difícil porque la ciudadanía se muestra cada vez menos tolerante con sus fallas y excesos”. Aún está presente en la memoria el caso Jamundí, uno de los ejemplos más deshonrosos en la historia de la entidad, donde varios investigadores de la Policía fueron brutalmente ultimados.

Por el momento las acciones legales no se hicieron esperar. Ya la familia Soto anunció una demanda penal contra el organismo castrense, lo que se constituye en un nuevo golpe a su imagen, de por sí bastante decaída tras el seguimento hecho por los medios de comunicación, especialmente por la revista Semana, a las infiltraciones de la mafia en su estructura interna. 

Con el anuncio hecho por el Gobierno Nacional de asignar 8,2 billones de pesos para mejorar la movilidad y los servicios de inteligencia a la cartera de Defensa, es injustificado que tal aumento se proporcione sin hacer antes una verdadera depuración de todos los entes que la componen, en el cual se establezcan rutas de acción comprensibles para la población directamente implicada por sus intervenciones.

Publicado originalmente en www.redcamaleon.com

BOCADILLO: "A mi me pagaban con una barra de jabón para lavar" Se lo escuché a una joven indígena que terminó engañada por unos abusivos explotadores. Llevo tres días sin superarla. Por eso, el próximo post será sobre la situación de las personas que llegan a nuestro país en busca de oportunidades. A propósito ¿a ustedes como los tratan en el exterior? ¿Han sido víctimas de algúna trampa  con la promesa de mejorar sus condiciones de vida? Entonces espere el siguiente post o envíe sus comentarios a juanchopara@gmail.com