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Por: Lorena del Pilar Motta Forero
Consultora en Global Forensic Auditing (GFA)

Para mi último blog del año, adelanté una revisión aleatoria de las noticias que sobre corrupción en el sector público fueron publicadas en periódicos y revistas de circulación nacional de enero a diciembre.

Estas noticias que se presentan en la tabla titulada “El desangre del sector público en el 2016 en Colombia”*, corresponden a algunas de las investigaciones más destacadas en el año de casos de presunta corrupción y delitos de tipo financiero.

Subrayo que no es un listado exhaustivo y que muchos de estos casos están siendo aún procesados por la justicia a fin de comprobar delitos y responsables. Sin embargo, este ejercicio ha resultado interesante para encontrar algunos aspectos comunes que resalto a continuación:

  1. La corrupción está presente en todas las ramas del poder público, tanto a nivel central como descentralizado. Ministerios, empresas del Estado, el Congreso, la Rama Judicial, gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, las fuerzas militares y de policía, el ministerio público, órganos autónomos del Estado… todas las entidades estatales, como se puede ver en la tabla anexa, demostraron ser vulnerables a la corrupción en el año 2016. El fenómeno de la corrupción se ha vuelto omnipresente y corresponde, lamentablemente, a una práctica general y extendida difícil de atajar.
  1. La corrupción es un fenómeno nacional, no localizado geográficamente. Si bien alcaldías de las costas Atlántica y Pacífica fueron objeto de una atención especial por el impacto de la corrupción en muertes de niños y en afectación de población vulnerable, en todo el país hay hallazgos importantes y que han llevado al ministerio público y a la justicia a adelantar acciones de control y sanción.
  1. La corrupción responde a “redes organizadas” que han logrado un alto nivel de especialización y aprovechan las curvas de aprendizaje. Desde redes de policías de tránsito hasta las bandas de “cuello blanco” que comprometen a ejecutores del gasto y contratistas, hoy por hoy la corrupción ha perfeccionado su modus operandi, involucrando a un gran número de personas que se protegen con la “omertá” e innovan permanentemente para ir un paso adelante de la justicia.
  1. La corrupción no excluye rangos de ingresos ni montos de beneficios percibidos. Es corrupción desde el pago de una coima para evitar una multa de tránsito, pasando por la materialización de sobornos para lograr el acceso a un derecho adquirido, hasta la sofisticación de carruseles que se usan para saquear, vía sobrecostos, el erario.
  1. Pese a lo anterior, la corrupción tiende a gravitar, preferencialmente, oportunidades de grandes ganancias. Por esto las regalías y entidades como Ecopetrol, parecen ser las favoritas de los delincuentes de cuello blanco. Un solo contrato garantiza, en estos casos, grandes “dividendos ilegales”.
  1. La corrupción es indolente. En el año 2016 quedó demostrado que la afectación que a la vida, a la salud, a la alimentación, o a la dignidad puedan generar los actos de corrupción, son indiferentes para los delincuentes de cuello blanco. Al parecer, un peso en el bolsillo, independientemente de cómo se consiga, vale más que la vida de otros o la libertad propia.

Por ser general, nacional, extenderse en redes, no excluir montos de beneficios, gravitar preferencialmente grandes capitales y ser indolente, la corrupción es un cáncer que ha hecho metástasis en nuestra sociedad.

Por esta razón, medidas paliativas como las establecidas en el MECI que parten del autocontrol y de los códigos de ética y mapas de riesgo que se quedan en declaraciones de papel; o en las oficinas de control interno las cuales dependen del representante legal al que están llamadas a controlar;  o en acciones del Ministerio Público que resultan aleatorias y que no están libres tampoco de la corrupción, son insuficientes. Ver ‘Cómo combatir la corrupción en el Estado’.

Para enfrentar la corrupción, es necesario pasar ya a procedimientos agresivos y que vayan a la raíz. En esta “quimioterapia” para atacar la metástasis de la corrupción, además de lo indicado en mis blogs , se debe impulsar y proteger, con medidas de tipo conductista (refuerzo y castigo), la denuncia del ciudadano. En el caso de la Unidad Nacional de Protección que aparece relacionado en la tabla que acompaña esta entrada, resulta evidente que la detección de un pago indebido en un contrato, permite alertar para una intervención de mayor calibre en la entidad.

Subrayo que la figura de control interno debería revisarse seriamente en todo el sector público. Controles externos y auditorías forenses, pueden ayudar a controlar la enfermedad y a proteger los recursos de los impuestos que, en escenarios de contracción económica como los que se avecinan por el contexto internacional, son muy valiosos.

Ya entramos a la fase de metástasis. Sólo una acción profunda y valiente puede salvar la institucionalidad.

Ver tabla en esta página: El desangre del sector público en el 2016 en Colombia*

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