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En lo que llevamos de año, el Cauca ha sido testigo de episodios que nos transportan de inmediato a los convulsos y sangrientos días del conflicto armado en Colombia. Episodios increíbles como el robo de una caja fuerte, y otros, causantes de la muerte de soldados y civiles. La secuencia ininterrumpida de acciones violentas incluye estaciones de policía destruidas, explosiones, secuestros, ataques a indígenas y hasta el reclutamiento forzado de personas.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades se vieron obligadas a declarar alerta roja en 13 municipios. El gobernador del Cauca alarmado trató de advertirle al presidente Gustavo Petro que: «Hoy esta guerra criminal está acabando con la vida de la población civil. Se enluta nuestro departamento». Sí, el Cauca muere. Colombia llora. Llora por la posibilidad de un reencuentro cara a cara con la muerte como en los años 90; años que, por más que trate, no se pueden olvidar.
Sin embargo, detrás de esta experiencia amarga (sabemos que es amarga), también puede verse la luz débil de una lección que nos convendría perseguir antes de que lleguen las próximas elecciones.
El tamaño del problema
Para nadie es un secreto que el Cauca cuenta con unas suculentas características geográficas que lo convierten en un manjar para los más diversos y numerosos grupos al margen de la ley. Sobre la importancia estratégica de esta región, el periodista Armando Neira nos advierte: «es la bisagra hacia el Pacífico por decenas de ríos y trochas por las que hace décadas circulan coca, armas, secuestrados y oro ilegal». Al parecer, el lugar perfecto para delinquir, así como para esconderse en caso de que las cosas no vayan según los planes.
Lo anterior explicaría el por qué hay tantos grupos armados que se congregan en una misma zona. El periodista continúa diciendo que «hay once facciones armadas ilegales presentes en la mayoría de municipios, incluidos varios frentes del ELN y al menos un grupo del ‘clan del Golfo’». Y es que cualquiera que sea consciente de Colombia, estaría pidiendo al gobierno una explicación sobre el dominio de estos peligrosos grupos en la mayoría de los municipios del Cauca.
Ni se nos ocurra pensar que los grupos armados se adueñaron del Cauca a principios de este 2024. Tal vez, debido a las indeseables imágenes y audios que los medios amplificaron y que definitivamente no podríamos ignorar, estemos hoy más alarmados que ayer. Pero desde 2021, _incluso mucho antes_, según el comunicado que redactó la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, había presencia de grupos armados en el Cauca. En el comunicado se especificaban las áreas de Cauca donde estos grupos ejercían más presión: Norte del Cauca y sur de Valle del Cauca, además del sur del Cauca y Bajo Cauca.
Si esto es preocupante, más preocupante es que el Cauca sea solo un área más entre las otras afectadas. Es decir, otro de los tantos patios traseros que los grupos armados tienen para jugar a derrocar al gobierno. Mientras leía el comunicado del UIA era como si pusieran delante de mí una de esas gráficas con dos colores que se usan para ilustrar la cantidad de votos que tienen en los departamentos los candidatos presidenciales durante las elecciones; solo que esta, en lugar de ilustrar los votos, mostraba las áreas de Colombia dominadas por criminales bien organizados. Un total de 294 municipios tiranizados por el ELN, las tropas guerrilleras de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’ también conocidas como Estado Mayor Central (EMC) que cuentan con 28 frentes móviles y, por último, el ‘clan del Golfo’ con presencia en el 20 % del territorio nacional, según el reporte del UIA a la JEP.
Ahora bien, teniendo en cuenta que las cifras son de 2021 es cierto que uno podría cuestionarse su precisión (la presencia de las disidencias de la FARC aumentó a 299 municipios del país), pero lo que no podríamos negar es la veracidad de los hechos y sus protagonistas. El ELN, las disidencias de la FARC y el Clan del Golfo son los principales responsables de que Colombia descienda a toda velocidad en esta espiral de violencia. Son los responsables de que en Colombia todavía haya zonas rojas. De hecho, las zonas rojas son un doloroso recordatorio de que el conflicto armado en Colombia continúa. Y los responsables andan sueltos como fieras salvajes matando, secuestrando y causando dolor.
Aunque nos hemos centrado principalmente en los grupos guerrilleros, estos no son los únicos que amenazan la seguridad de los colombianos, hay también organizaciones paramilitares y de narcotráfico, sicarios y redes de tráfico humano que lucran con la violencia o, al menos, la usan para proteger sus lucrativos negocios.
En este punto, surge una inquietante e inevitable pregunta: ¿Cómo piensa el gobierno del presidente Petro lidiar con el problema de los grupos armados que controlan grandes extensiones de tierra, usan la violencia, el secuestro y el narcotráfico para consolidar su poder?
El programa de gobierno del presidente una pieza clave
Para entender el proceder del gobierno actual en esta problemática situación, necesitamos ir dos años atrás, exactamente al año de las elecciones y mirar de cerca su programa electoral. Este es sin dudas una pieza clave que no deberíamos perder de vista porque cada candidato presidencial plasma sobre este su visión de la tierra prometida para Colombia, así como los pasos para conquistarla. Con este documento tratan de persuadir a los votantes de que su proyecto de país no es solo realizable, sino es mejor para que todos vivan más sabroso.
Por eso los políticos se ponen frente a las inquisitivas cámaras y a los impertinentes micrófonos, discuten con otros candidatos y caminan por aquí y por allá con la esperanza de que su mensaje sea trasmitido en cada televisor, celular, pantalla y, en últimas, viaje de los oídos al corazón de los colombianos. Algunos piensan erróneamente que el día de las elecciones el país solo elige al presidente. No es cierto. Ese día el país elige el ideal del presidente y su programa político, que sería como el GPS de su carrera presidencial.
En los programas el tema de la seguridad es uno de los que siempre aparece por ser urgente, espinoso, y preocupante. Un tema abordado en todos y por todos, pero que nunca cerca de solucionarse del todo con ninguno. Si viviéramos en Suiza, quizás no sería ni espinoso, ni preocupante, tampoco urgente. Sin embargo, vivimos en Colombia, y a pesar de sus incontables maravillas, también ostenta una fértil historia de narcotráfico; y como hemos visto, municipios enteros aislados del país por una amenazante línea roja que los grupos armados trazan donde mejor les parece.
Antes de vivir en la Casa de Nariño, el candidato presidencial demostró en su programa de gobierno que era consciente de la problemática. Basta con hacer una lectura del documento para ver las alusiones al conflicto armado, a los principales grupos violentos involucrados y a la amenaza que esto representa para la seguridad del país. Debo admitir que lo anterior tiene su mérito porque en ese mismo año, por ejemplo, el candidato Enrique Gómez en el suyo no dedicó ni una línea al conflicto armado ni mencionó cómo lidiaría con este problema en caso de ser presidente. Teniendo en cuenta que tanto en 2024 como en 2021 los grupos armados como indica el reporte de la JEP, y siguen ganando dinero, poder e influencia, no hay excusa para esquivar la mirada.
Ahora bien, el mérito del entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro es semejante al de un médico que detecta cáncer de pulmón en un paciente adicto al cigarro, pero en lugar de mandarle radiaciones u otro tratamiento a fin al enfermo, le pide que no combata la enfermedad, sino que dialogue con ella. Incluso le asegura al paciente que el mejor antídoto no es eliminar el cáncer, sino lograr la coexistencia pacífica. Algo similar a esto le propondría el presidente en su programa de gobierno a los colombianos.
Cuando nos preguntamos cómo el presidente va a lidiar con las estructuras criminales que llevan años acumulando dinero, poder e influencia, su mejor vocero, el programa de gobierno responde: «Implementaremos un proceso pacífico de desmantelamiento del crimen organizado mediante la vía del diálogo y sometimiento a la justicia de los diversos grupos multicrimen y organizaciones ligadas al narcotráfico». Exacto, va a desmantelar el crimen organizado dialogando con los criminales.
Me gustaría ver, por pura curiosidad, a alguno de los políticos del gobierno aplicar esa metodología en la vida real. Sobre el papel suena maravilloso, pero me gustaría ver a uno de ellos caminando sin escolta por esas zonas de Bogotá donde el delito llega más rápido que un pedido de Rappi. Me pregunto si conservará el mismo entusiasmo para dialogar con grupos armados cuando tenga el gusto de conocer al delincuente del barrio y este le ilumine los ojos con el filo del cuchillo acabado de pulir. Estoy seguro que el delincuente disfrutara de un atraco silencioso y pacífico, sus favoritos.
Más allá de lo tragicómico de la escena, hay que admitir la ingenuidad de los que piensan que dicho plan funcionaría a gran escala. Aun así, el programa del presidente apuesta por tal ingenuidad e insiste en dialogar con el ELN y compañía. De hecho, el programa asegura que se retomarán las negociaciones con el ELN «para finiquitar la existencia de la insurgencia armada en Colombia a partir del diálogo político».
Acaso no son capaces de ver las altísimas probabilidades de que suceda con el ELN lo mismo que ya sucedió con la FARC a pocos años que se firmaran los acuerdos. ¿Quién podría decir con exactitud que ese acuerdo final no fomentó el surgimiento de otros grupos armados? ¿O quién podría negar que por muy bueno que fuera el acuerdo fue inútil para impedir el surgimiento de otros grupos guerrilleros? Prometo retomar esta dirección más adelante.
El programa también insiste en que este gobierno cumplirá «a cabalidad los acuerdos de paz con las FARC». Pero sobre este tema se ha dicho tanto que no merece la pena ni detenerse.
De este modo queda montado el marco ideal del gobierno de Gustavo Petro para la seguridad en Colombia. En otras palabras, así soluciona el presidente el problema de la inseguridad en Colombia: dialogando con el ELN y con el crimen organizado, y garantizando que los acuerdos con la FARC se cumplan, todo ello sin olvidar a otros grupos criminales como el EMC susceptibles a la posibilidad de diálogo. En pocas palabras: el problema de la inseguridad en Colombia, según el programa de gobierno, se resuelve con diálogo, y diálogo y más diálogo. En 2022 eso de una Paz Total pudo verse con optimismo y credulidad; ahora, a la luz de los trágicos y numerosos episodios resulta inaceptable.
Pienso que el principal problema no radica en que el país tenga peligrosos enemigos internos, sino la «nueva política de defensa nacional» que el gobierno propuso y persigue en su programa. Ese es el problema dado que no se basa en «la eliminación del enemigo interno», sino en «una seguridad humana basada en igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana…». Sea lo que sea que eso signifique, Colombia necesita un gobierno que sea capaz de detener a los enemigos internos para que la muerte y el miedo no tengan la última palabra. O sea, para que no mueran ni civiles ni aquellos que trabajan para protegernos. En la práctica la visión de la seguridad que el gobierno se esfuerza por impulsar ha sido ineficaz y en la teoría injusta. El Cauca es un testigo de esta realidad que día tras día le afecta y que cada vez más amenaza la seguridad de todos.
En el próximo post les comentaré cómo llegué a esta terrible conclusión y cuál es esa lección que necesitamos aprender antes de las próximas elecciones.
Por: Lázaro Del Valle
Correo: jucumcartagenablog@gmail.com
Instagram: @colectivohuesosvivos
Un genio este columnista, descubrió que: “el agua moja”, quedaremos pendientes, expectantes para que nos cuente según sus propias palabras como llegó a su mente e intelecto tan brillantes y privilegiados a esta conclusión, porque ninguno de los colombianos habíamos acertado a dar con semejante conclusión: “En el próximo post les comentaré cómo llegué a esta terrible conclusión”, este es un genio que definitivamente toca preservar, cuidar y proteger por el futuro y el bien de la patria.
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