Borrar el estigma, limpiar el nombre

Foto: Fabián Cardoso

Cuando el 18 de febrero del año 2000 los paramilitares perpetraron la masacre de El Salado gritaban que los mataban por guerrilleros o por ser colaboradores de la guerrilla. Desde entonces este pueblo carga con ese estigma. El reduccionismo de la guerra en Colombia lleva a justificar la monstruosidad de la violencia. “A la gente la matan por algo” y así de simple, se lava la consciencia y se da espalda al horror.

Por cuenta de la lucha territorial entre guerrilla y paramilitares, la comunidad de El Salado, estaba en medio de dos odios que la instrumentalizaba para la guerra.

Luis Torres, líder de la comunidad de El Salado explica: “Además de ser solidarios, porque así es el alma del campesino, también nos aferramos a la vida, y a veces cuando llegaban a pedir nos tocaba darles, no como auspiciadores de una causa sino para salvar el pellejo, eso no nos hace ni guerrilleros ni paramilitares, ni de ningún otro grupo”.

El 21 de febrero luego de cuatro días del cruento festín (masacraron y torturaron con música, licor y aplausos) llegaron los militares, los verdugos se fugaron y los sobrevivientes iniciaron el éxodo pues no querrían quedarse en el lugar donde la sangre de sus seres queridos se fijaba en pisos y paredes, y los gritos del horror retumbaban en los cerros que los cercan.

Pero ser desplazado no es una forma de vida sostenible. Dos años después, el 18 de febrero de 2002, la fuerza del arraigo y la indignidad del desplazamiento serían más poderosas que el miedo a la muerte, así que decidieron regresar para comenzar de cero.

Esta decisión incomodaría a quienes ya habían hecho planes con este corredor estratégico para el tráfico de toda clase de ilícitos. Perseguirlos y amedrentar a sus líderes fue la forma que encontraron para volver a sacarlos.

La persecución fue incesante. En 2003 los paramilitares se desmovilizan, pero en la política de reinserción a la vida civil y a cambio de dinero o rebajas de penas muchos integraron una red de informantes que bajo la protección del Estado, acusaron indiscriminadamente a muchos campesinos, bajo testimonios de los que en algunos casos se retractaron, otros se comprobaron falsos y otros simplemente no tuvieron pruebas. Lo anterior está documentado en diferentes informes de organismos como la Defensoría del Pueblo y el Centro de Memoria Histórica.

En el artículo de la revista Noventaynueve “Cazando brujas con escobas de mentiras” de Irina Junieles, hoy Defensora del Pueblo en Bolívar dice sobre el informe evaluativo de capturas arbitrarias de dicha entidad que: “se concluye que funcionarios de la Fiscalía, organismos de Policía Judicial y Fuerzas Militares, pudieron haber realizado o permitido acciones que dieron lugar a la captura de personas inocentes, con el ánimo de paralizar las actividades de éstas en la defensa de los derechos humanos y en la organización de comunidades y grupos sociales (…) se sembraron pruebas, se clonaron testimonios, se hicieron detenciones sin orden de captura vigente, se instruyó a informantes para que sindicaran a personas previamente determinadas, y en general se construyeron expedientes de ilegalidad”

Lo anterior también se cuenta en el informe del grupo de Memoria Histórica, “La Masacre de El Salado, esa guerra no era nuestra” donde se relata que “El proceso de violencia después del retorno (18 de febrero de 2002) está signado por la presión de la fuerza pública que se manifiesta en las detenciones arbitrarias y los allanamientos ilegales. La militarización de la región por la declaración de los Montes de María como Zona Especial de Rehabilitación y Consolidación por parte del gobierno nacional el 21 de septiembre del 2002 escaló la presión sobre la población civil por parte de la fuerza pública en su afán por recuperar el territorio y doblegar a la guerrilla. Una vez más el estigma que había desencadenado la masacre se prolongaba en las percepciones y el accionar de esta, cuya militarización fue coadyuvada por la hostilidad de la guerrilla con la población civil, expresada mediante asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y amenazas.

A quince líderes de El Salado metieron presos por rebelión. Luego, los dejaron en libertad al no encontrar pruebas que los condenaran; pero una vez libres continuaron las persecuciones y supieron de asesinatos que podrían repetirse en ellos. El miedo los exilió nuevamente y el estigma se profundizaba, ahora también el Estado los llamaba guerrilleros.

Luis Torres estuvo protegido en España por cinco años, hasta que en 2010 decide regresar: “Yo no le debo a nadie, los despojados fuimos nosotros, regresé porque este es mi terruño natural, aquí nací y aquí me quiero morir” afirma el campesino de 68 años.

“Pagué 18 meses de prisión sin haber hecho nada, me acusaron de rebelión. Me metieron por una calumnia. Yo no salgo del campo porque me da miedo que en un retén me pidan papeles y me metan preso otra vez”, cuenta Fabio Romero víctima de captura arbitraria en 2004.

Aunque estos procesos precluyeron; algunos afirman que en sus pasados judiciales, como huella de identidad, está su paso por la cárcel por el delito de rebelión. Borrar eso, es parte de la reparación que piden.

“Agradezco que así como lo acusan a uno también le limpien el nombre. Que la gente me señale como terrorista afecta el trabajo y a la familia” esto pide Iván Medina, campesino víctima de captura arbitraria en 2004 y que manifiesta haber sido detenido en dos ocasiones más, la última hace dos años, precisamente por ese pasado judicial.

En el Plan Integral de Reparación Colectiva de El Salado quedó el compromiso de: “Rendir un informe público sobre la situación judicial de los líderes y las personas relacionadas con las organizaciones y la comunidad que fueron detenidos de manera arbitraria por el Estado colombiano durante el periodo 2002-2010”. A tres años de promulgado el plan, siguen esperando por esta reparación simbólica.

“La ley no señala un término para el cumplimiento del PIRC pero había una expectativa general de tres años” Irina Junieles, Defensora del Pueblo Regional Bolívar.

“La comunidad va priorizando y aquellos aspectos más materiales, que tienen que ver con proyectos productivos, la reconstrucción de la economía, las indemnizaciones, la salud, han sido puestas en primera línea, otros aspectos como esta reparación colectiva, se han quedado rezagados“ Arturo Zea director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Bolívar.

Nada les devolverá a sus muertos. Nada les borrará de la memoria el horror de la violencia y el dolor de la muerte. Nada hará que el tiempo retroceda para evitar que ocurra lo que jamás debió ocurrir. Sin embargo, con el informe podrían recuperar una de las pocas cosas recuperables en El Salado: la dignidad de tener limpio su nombre.

Mientras eso pasa, los demás podríamos borrar ese estigma, sin ser simples, sin lavar la consciencia, sin darle la espalda al horror.