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Los escándalos y
denuncias por cuenta de la corrupción estatal no es nada novedoso, va casi a la
par con la creación de los Estados, pero preocupa ver como en Colombia de
manera sistemática se ha venido apoltronando la desidia, la deshonestidad y la
connivencia con la impunidad en los organismos de control, especialmente en La
Procuraduría
y La
Fiscalía
General
de la
Nación
, y esta afirmación la hago con conocimiento de causa y
prueba en mano. 

                             
                                                                                           

Claro que la
situación es preocupante, ya que nunca antes habíamos tenido una avalancha tan
enorme en escándalos por corrupción, como los que se han presentado en los
últimos años, con el agravante de que esta pandemia está haciendo metástasis en
todas las instituciones del estado, no moviéndose una hoja en pos de, por lo
menos, investigar y, de pronto, en sancionar, si hubiere lugar, ya que goza de
plena garantía y blindaje la figura fatídica de la
IMPUNIDAD.

 

Los episodios
que  ha vivido Colombia son únicos y de una exclusividad escalofriante: La
sanguinaria violencia partidista; después la era del ‘bandolerismo’; luego el
nacimiento de las FARC y del ELN, que aún persisten; el del M-19, que firmó el
proceso de paz; los cárteles de la droga, hoy sin tanto protagonismo en el
terrorismo, pero siguen vivitos y coleando, hasta aquí sólo tenemos «un
par» y es el Medio Oriente, en cuanto a victimas se refiere, sólo
superados  por el holocausto judío; después vino lo que menos se esperaba
y lo que nadie se alcanzó a imaginar, y, es aquí donde la sal se empieza
a  corromper:  nace  la alianza más macabra y tenebrosa entre unos
asesinos natos reductos de las ‘Convivir’ con una parte de la clase política,
en diferentes niveles, ávida de riqueza y  de poder, que se
autodenominaron las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’, mejor conocidos como
‘Paramilitares’ o ‘Paracos’, con la aquiescencia, dirección en cierto grado y
protección de gran parte de los miembros de los organismos de seguridad e
inteligencia del Estado y con un apoyo financiero muy significativo por parte
del gremio ganadero. Este grupo armado ilegal empieza  con un único
objetivo: la protección del entorno rural contra las incursiones guerrilleras;
posteriormente, pensando en ampliar la jugosa empresa que tenían a la mano se
convierten, a fuerza de balas y sembrando muerte y desolación, en 
propietarios de los feudos y sus ganados e instalan en ellos la industria
 de los narcóticos, el negocio más rentable del mundo,  y es así como
empiezan a extender sus tentáculos opresores y a permear la  casi 
totalidad de los organismos del orden nacional, territorial y municipal, buscando
a toda costa la simbiosis perfecta e ideal del poder: la combinación del
 político y el económico.   

La alarma se encendió
en algunas regiones del norte de nuestra  geografía, y unos militantes de
un Partido Político denunciaron ante unas instancias judiciales ciertos
comportamientos sospechosos de  posibles vínculos de políticos  con
esos grupos al margen de la ley, situación que fue desapercibida y pasó a
engrosar los empolvados anaqueles; posteriormente, en un operativo cayó en
manos de la autoridad un computador de un» alter ego» de un tal jefe
paramilitar ‘Jorge 40′
y fue la de Troya, se destapó públicamente parte de lo que se había denunciado
y  gran parte de la alianza que se conoce hoy como la’Parapolítica’.

 

Ante este
acontecimiento La Corte
Suprema
de Justicia avoca el conocimiento del caso y empieza a
vincular al proceso alrededor de sesenta personas entre congresistas y
gobernadores. Es de anotar, que por cuenta de este proceso la
Corte
ha tenido que soportar los embates más despiadados del
Presidente, por motivos ampliamente conocidos, y de algunos columnistas de los
medios que han criticado sus decisiones sin esbozar ningún argumento jurídico,
razonable y valedero, cosa que sorprende por demás, por darse una especie de
«Solidaridad de Cuerpo» sin ton ni son.  Pero bueno, al fin y al
cabo, ahí va la investigación, todo indica que aunque no van a recibir el
castigo merecido, ni los unos ni los otros, por lo menos no habrá total
impunidad, quedándonos un gran aliciente: los culpables están detectados y están
siendo investigados y  juzgados.

 

Como no se puede
negar la desestabilización institucional y la contaminación casi indeleble que
nos legó la infiltración paramilitar, quedan en el aire ciertos enigmas o
huellas de impunidad que deben ser investigados, aclarados y sancionados los
culpables, si hay lugar a ello, para así buscar los correctivos urgentes y
necesarios que nos permitan recuperar la seguridad, tranquilidad y confianza en
 el aparto estatal.

 

Cuando el
casete»Pastrana» destapó el mini escándalo político, proceso 8.000, y
que afortunadamente no tuvo una impunidad total pero sí relativa, ya que se
quedaron por fuera algunos, el señor Fiscal General de ese entonces manejó el
acervo probatorio de la manera más arbitraria y como le vino en gano, sin ningún
pronunciamiento de responsabilidad penal hasta el momento, por parte de La
Cámara
, también se incurre en corrupción por omisión y por
falsedad en el manejo indebido de las pruebas.

Cuando en los
departamentos costeños, incluido Urabá, y en el Magdalena Medio comenzó el
estrépito ensordecedor de las motosierras ‘paracas’ el señor

Embajador en
México,  en ese entonces Fiscal General, en razón de su cargo tuvo
conocimiento de todos los pormenores de esta situación y guardó total
hermetismo, lo que dio pié a que avanzaran estos grupos en sus desmanes y
desafueros arbitrarios y sanguinarios. No se ha pronunciado La
Cámara
en cuanto a su responsabilidad penal por prevaricato y
otros conexos.

El Fiscal actual ha
sido muy lento, pasivo y amigo de la ‘justicia selectiva’ ha encontrado poco
apoyo y mucha deslealtad en sus colaboradores, sobre todo en las regiones
infestadas por el paramilitarismo. Ha demostrado mucha desidia en casos que
requieren más celeridad y atención en su investigación como lo es el del Comité
Reeleccionista; el de Paramilitarismo; el de Cohecho de la aprobación de la
reelección; el del ex-director del DAS; el del ex-director de Invías; el de la
nueva Pirámide de Manizales; el del infierno que se vive en La
Dorada
(Caldas);, etcétera. No conozco pormenores ni los
móviles que originaron el viaje de sus hijos a La
China
, pero de eso tan bueno no dan tanto. También, está
siendo investigado por La
Cámara
de Representantes. Es de recalcar que el nombramiento
de este Funcionario lo hace la
Corte
Suprema
de Justicia de ternas
atornilladas y elaboradas irresponsablemente por el Presidente de la
República.¡Que
tal que este nombramiento recayera en el
Congreso!.

 

En cuanto a La
Procuraduría
después del pronunciamiento disciplinario de los
encartados en la
Yidispolítica
, no vale un comentario ni el Procurador
saliente, ni mucho menos el entrante. ¡Que error tan «supino» e
imperdonable cometió el Senado de la
República
en este nombramiento, no obstante haber sido tan
alertado a tiempo.! Necesitamos conocer los culpables o responsables de los
elegidos y de los que eligieron.

 

En el 2.004 se
tramitó en el Congreso una reforma constitucional en procura de darle
viabilidad legal a una reelección presidencial la cual culminó con la
aprobación del Acto Legislativo por parte del Senado y Cámara y superó el
examen constitucional por parte de la
Corte
respectiva, sin conocer ésta por supuesto que la
parafernalia aprobatoria tenía un tinte delictual, ya que para hacer la mayoría
requerían de un voto para lograr su objetivo, el cual consiguieron a través de
un soborno lo que se conoce en el código penal como Cohecho. Hasta el momento
se conoce a dos culpables, del lado que recibieron, faltan los otros, del lado
que dieron. Ahora se está tramitando otra reforma constitucional con el mismo
fin, con el agravante de que la reelección que se busca va en contravía de la
Constitución
y está acicalada con un sinnúmero de delitos. No
se conoce culpables, pero ya empezaron ciertas conductas a ser investigadas.

 

Sólo nos resta
esperar que aparezcan en las Fuerzas Armadas, la
Policía
Nacional
y Organismos de Inteligencia
los culpables, en cada caso, de los ignominiosos falsos positivos;
infiltraciones y grabaciones ilegales de toda índole; relaciones estrechas con
grupos al margen de la ley tales como: paramilitarismo, narcotráfico,
captadoras ilegales de dinero, etcétera.

 

Tenemos derecho a
conocer sobre la culpabilidad o responsabilidad de los Magistrados del Consejo
Superior de la Judicatura,
en cuanto a la inasistencia familiar, el nexo  del Italiano de los
«botines» y la «cartera» y de la platica de los ingenuos de
la Hormiga
(Putumayo) que Murcia le regaló al ex-candidato a la gobernación de Boyacá.

 

Es responsabilidad de
todos los colombianos exigir que se investigue y se castigue todas las
conductas delictuosas, y la de los funcionarios por la misma causa o razón,
además, por la responsabilidad política y administrativa. ¡¡Que aparezcan, en
cada caso particular, los culpables!!. ¡No más encubrimiento!.

 ¡ No más Solidaridad
de Cuerpo!. ¡Tenemos que recuperar la grandeza y dignidad del pueblo
colombiano!!

 

Marco Aurelio Uribe
García

Manizales, Abril 17
de 2.009

 

 

 

 

 

 

     

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