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No voté por el presidente Santos ni en su primera elección de 2010, ni en la primera vuelta de su reelección de 2014, pero sí voté por él en la segunda para su contundente victoria, después de tomarme una dosis de “ecuanil” para calmar los trémulos que me invadían por el sólo hecho de imaginarme a Uribe, en el cuarto de San Alejo de la Casa de Nariño con férula en mano, dándole a Zurriaga ordenes perentorias para el cumplimiento y ejecución de sus diabólicas veleidades. Además, complementé mi decisión de votar porque desde un comienzo creí que esta manifestación de las partes del conflicto iba en serio y que no era el momento de desaprovecharla; también, consideré la seriedad de la propuesta por las calidades y cualidades humanas de quien se encargó de la etapa exploratoria: Enrique Santos Calderón.

No es ningún secreto los escollos que se presentan a diario en los diálogos de La Habana, unos son superados, y otros quedan sin dilucidar o sin aclarar o sin interpretar, y salen a la luz pública cuando los voceros, sobre todo los de las FARC, dan declaraciones a los diferentes medios un poco pendencieras y/o ambiguas y difíciles de interpretar, bien sea, refiriéndose a la aceptación de responsabilidades, al reconocimiento y reparación de víctimas, al sometimiento a una justicia transicional, al compromiso sagrado de no repetición, al perdón y plena verdad, a su incursión en la vida civil y política y, ante todo, cuando se toca el punto neurálgico y complejo de la dejación y/o entrega real de las armas, ya que los dos verbos tienen acepciones diferentes, y no se han aclarado e interpretado satisfactoriamente, al decir por Iván Marques.

En verdad, no creo que quede aún por negociar puntos difíciles del proceso, todos son negociables y superables, sólo se requiere en su punto y momento claridad para su aplicación, por eso soy un convencido de que se logrará firmar ese acuerdo para alcanzar la anhelada paz que anda extraviada hace sesenta (60) años; sin embargo, tengo un profundo escepticismo sobre su estabilidad y duración, no obstante, haberse iniciado gestiones y consultas importantes para el post conflicto, tanto en la comunidad nacional como en la internacional con resultados positivos, con excepción del lunar cancerígeno de Uribe y sus huestes nacionalistas; hasta el momento nadie, ni el gobierno ni los que se creen los gurús en conflictos y que sus consejos son escuchados, han abordado el tema de reformas radicales que urgen en la Justicia y en la Política, temas de gran envergadura e indispensables para garantizar la paz duradera y estable.

Leí con mucho cuidado y atención el artículo del doctor Carlos Julio Vargas Velandia, “Los retos de paz y el periodo posacuerdos”, publicado por la Revista Semana. Estupendo escrito, de contenido serio y de análisis profundo. Le asiste al autor en mención toda la razón cuando sostiene que la única forma para lograr lo que podría sintetizarse en un acuerdo para la construcción de un nuevo proyecto de Estado y de sociedad común es una Asamblea Nacional Constituyente. Este aserto lo complemento con esta reiteración: es el único organismo qué, por la independencia en su conformación, podría garantizar la aprobación de las reformas radicales que se requieren para la viabilidad en el cumplimiento de los acuerdos de paz que se firmen, ya que es casi una utopía pensar en el trámite parlamentario por su ineptitud, su corrupción, su pusilanimidad y la prevalencia de muchos intereses personales que estarían en juego. ¡Qué estupenda ocasión para que se revocara el parlamento, toda la nación aplaudiría!

Las reformas que necesita este país son muchas y de diversa índole, pero, las más apremiantes o de urgencia manifiesta y que son prenda de garantía para una paz duradera y estable, evitando que se convierta en una quimera o falacia, y que todos los esfuerzos físicos y económicos que se han hecho en estos cinco (5) años se desmoronen, son las mencionadas reformas de la POLÍTICA y de la JUSTICIA, sin titubeos y mano firme, con prelación sobre cualquier otra reforma aún sobre la económica y social, habida cuenta de que la historia política de Colombia, sin lugar a equívocos, ha demostrado la facilidad que tienen los colombianos por su ambivalencia para organizarse en grupos emergentes delictivos y violentos de orden político y de crimen organizado. Para muestra un botón: FARC, ELN, EPL, M- 19, MAS, PARAMILITARES, PEPES, BACRIM, URABEÑOS, ÚSUGAS, RASTROJOS, y otras yerbas más, y analicen los argumentos que dieron origen a su nacimiento.

Las manifestaciones de los protagonistas –combatientes- de esta absurda guerra, Fuerzas Armadas y guerrilla, tienen algunas cosas en común y otras no, los primeros consideran que el uso de las armas tiene una justificación: la defensa del Estado, y en los segundos: la injusticia social; respecto a la justicia transicional, los militares consideran indignante el concepto de la simetría porque los equiparan con los subversivos, los beneficios entrañan una especie de tratamiento de delincuentes y no de combatientes, verdad y reparación implican confesión y arrepentimiento, situación que los incomoda, rechazan los beneficios derivados de casos penales individuales; la guerrilla solo acepta una responsabilidad histórica abstracta y que el Estado asuma igual responsabilidad y que no pueda condenarlos individualmente; a militares y guerrilla les preocupa el marco jurídico de la paz porque allí quedó consignado el concepto de “máximo responsable”.

Todo lo anterior, conlleva a deducir que se está frente a unos problemas gramaticales de semántica, de sintaxis y de léxico, corregibles por supuesto, y que obligan indefectiblemente a recurrir a personas u órganos expertos en Filología a fin de que coadyuven en la redacción jurídica adecuada, sobre todo en la normativa o diseño de un nuevo marco jurídico para la paz y de justicia transicional, que encuadre en los estándares de los organismos internacionales de derechos humanos, sistema interamericano y la Corte Penal Internacional. Procurando elaborar agendas con los mencionados órganos e invocando la complementariedad positiva de la Corte Penal Internacional, a fin de evitar traumas a futuro.

No debe olvidarse que la comunidad internacional solo avala una justicia transicional cuando ésta impone sanciones reales, no importa que haya penas alternativas, pero es requisito sine qua non la existencia de una pena y los subrogados dependen de cuanta verdad y reparación se dé a cambio; las amnistías están proscritas y han procurado bloquear cualquier intento de indulto total. La situación no es fácil, pero tampoco es un imposible.

Marco Aurelio Uribe García.
Manizales, febrero 26 de 2015.

Apostilla: ¿No creen los colombianos, sobre todo aquellos de a pie o a los que llaman de ruana, qué fallos como el proferido por el Consejo de Estado sobre la fallida reforma a la justicia, en donde se exime de responsabilidad a unos sinvergüenzas y corruptos parlamentarios que tenían la condición de “Conciliadores”, sean caldo de cultivo y generadores de violencia? Con sobrada razón se considera a ese alto organismo de la justicia: “La Celestina del poder político”.
Es imposible que una Paz sea duradera y estable, con una administración de justicia tan corrompida. Esta es una más de las tantas semillas envenenadas a las que se refiere ÓSCAR COLLAZOS, en su columna de hoy.

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