¿HUBO O NO MANIQUEISMO EN LO QUE FUE EL PROYECTO «LEY DE VICTIMAS»

HUBO O NO MANIQUEÍSMO EN LO QUE FUE EL PROYECTO «LEY DE VICTIMAS»?

Sólo nos faltaba que el filósofo persa Manes se reencarnara en uno de nuestros coterráneos para que, de manera omnímoda, a los actores del conflicto armado se les clasificara en buenos y malos, según las circunstancias y su objetivo final. Sin rodeos y de manera escueta las victimas son: los muertos, los martirizados, los lesionados, los perjudicados y los damnificados, y los victimarios son: los culpables, los verdugos, los asesinos y los criminales, sin miramientos, ni a los unos  ni a los otros, de ninguna condición especial sean hombres o mujeres, blancos o negros, católicos o protestantes, ricos o pobres,  de que filiación política, ni de que clase social, sin son paramilitares, guerrilleros o agentes del estado, que para el efecto da lo mismo y  sólo es necesario establecer las victimas reales que es lo que cuenta para su reparación, ya que la justicia y la verdad están quedando en el aire o a medias por no decir que en nada, de conformidad con la ley de Justicia y Paz.

No es inteligible algunas posiciones del gobierno nacional en lo referente al trámite de algunas leyes que desde el momento en que se radicaron principiaron con un tinte de crucial, urgente y necesaria y, por supuesto, más que avaladas por el ejecutivo, tal es el caso del primer proyecto de reforma política conocida como el de la ‘silla vacía’, y el complemento de la ley de Justicia y Paz, conocido como proyecto de ‘ley de victimas’, ambos proyectos fueron sometidos a intensos y desgastadores debates por espacio de casi dos años con la participación activa del Ministro de la política, los dos corrieron la misma suerte: muerte por asfixia mecánica por orden arbitraria; este epílogo tan lúgubre no lo merecía estas iniciativas que, aparte de prioritarias, eran loables y bien intencionadas, sobre todo, el proyecto de ley de victimas que buscaba establecer las reglas para la reparación de los damnificados o perjudicados por esta guerra, ajena por completo a la sociedad civil, y por cuenta de los grupos irregulares y de los agentes del Estado. Además, para el gobierno el único tema de importancia que relegaba y relega cualquiera otro es el del referendo reeleccionista a lo que se sumó la polarización política que pudo más que la intención de hacer una justa reparación y, una razón de mucho más peso que la fiscal que nos vendieron a última hora como si este proyecto hubiese sido una parodia improvisada, se manifestó con contundencia en el tratamiento  de las victimas de crímenes cometidos por agentes Estatales, primando la siguiente tesis presidencial :»Al Ejército y a la Policía no los voy a equiparar con los terroristas». No, señor Presidente, no se trata de equiparar al Ejercito y a la Policía Nacional con los grupos al margen de la ley, estas instituciones son y serán respetadas, acatadas y respaldadas por todos los ciudadanos de bien, pues, son los encargados de velar por la vida, honra y bienes de todos los asociados, y nos acongoja sobremanera los hechos oscuros e inexplicables de los ‘falsos positivos’, pero si dentro de su seno resultare uno o mas de sus miembros involucrados en conductas delictivas aisladas, como todo parece indicar, deben de ser castigados con todo el peso de la ley como un delincuente mas, sin clasificarlo ni equipararlo, y esa concepción debe de llevar consigo cualquier ley de reparación de victimas. Ya lo dijo muy acertadamente el relator de la ONU: «si no castigan ejemplarmente a los responsables, otros lo harán por ustedes». Y es que estas palabras del funcionario de Naciones Unidas no son gratuitas, él sabe que en la Corte Penal Internacional de la Haya, como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en Costa Rica, se ventilan procesos de responsabilidad penal y pecuniaria, y me da la impresión que van a ser muchos más.
 
La posición del avestruz de introducir su testa en el suelo es inocua, ni quita ni pone, todo sigue lo mismo en el exterior el peligro latente no desaparece y las condiciones climáticas no cambian. Igual sucedió con el proyecto de ley que se negó, ya que el derecho de   las victimas a la indemnización sigue incólume, los tribunales de justicia nacionales e internacionales siguen a la espera de recibir sus demandas con los consabidos sobre costos legales, el Estado cargará desde este momento y por mucho tiempo más este «sambenito», que no le conviene en sus relaciones externas; con el hundimiento del proyecto en mención se  cosechó frutos de vergüenza que traspasa fronteras, se aumenta el odio y la frustración en las victimas, se hace mas difícil el perdón, el olvido y la convivencia entre victimas y victimarios, se aumenta el escepticismo frente al gobierno quedando a la par con el legislativo, demostrando de manera inequívoca su falta de responsabilidad y seriedad en el manejo de la iniciativa legislativa por su improvisación cuantitativa y, de paso, elude olímpicamente el deber garantista del Estado, comulga con la discriminación de los actores, desconoce la responsabilidad extra contractual, la no aceptación de la reparación por vía administrativa a ciertas victimas, evitando así procesos innecesarios y demorados que sólo dilatan el dolor y menguan su peculio.

No es raro en este gobierno la intolerancia y la soberbia frente al disenso de cualquiera otra institución o de los Partidos opositores o de los Jefes políticos, pero sí lo es, que de manera constante se dedique a negar y a distorsionar ciertos hechos reales y concretos tratando por todos los medios de ocultar o disimular con cortinas de humo, que bien pueden hacer parte de las más burdas e ingenuas escenas bufonas y que parece que encuadra a la perfección con la teoría del «negacionismo». La seguridad democrática ha tenido aciertos que no se pueden desconocer en lo que respecta a la tranquilidad ciudadana con más efectividad en el área rural que en la urbana, con unos costos altísimos, pero, al fin y al cabo se tiene seguridad y tranquilidad; sin embargo, por cuenta de las fuerzas del orden se ha tenido desmanes en sus actuaciones y algunos conceptos equivocados que han desbordado no sólo las reglas de la ética y la moral, sino que se infringe la ley penal de manera casi sistemática, a través de los ‘falsos positivos’ que no son otra cosa que apéndices malignos que aparecieron como consecuencia de los perversos «incentivos» que adornan la seguridad democrática. En el finado proyecto, por demás complejísimo, es necesario hacer un análisis de dos situaciones puntuales para tratar de comprender los móviles que incidieron para el triste sepelio, por cuanto la verdad a medias que esgrimió el gobierno no satisface a una persona que tenga un mínimo de raciocinio, veamos:
Primero: es inconcebible que a una iniciativa de esta envergadura no se le hubiera hecho un estudio planificado y controlado que permitiera establecer unas reglas claras para la indemnización sobre la base de un aforo real en cuanto a número total de victimas, además, por victimario sólo con fines estadísticos e históricos, un costo total aproximado para efectos de análisis presupuestales y de reservas y los procedimientos unificados para hacerse efectivo el pago o desembolso de la indemnización, este procedimiento unificado debe entenderse si se requería que mediara sentencia judicial o por vía administrativa con un simple Acto de reconocimiento. Sí estos pasos no estaban plenamente preestablecidos y concertados con el legislativo al momento de avalarse dicho proyecto por parte  del gobierno nacional, ¡apagá y vámonos!, no pasaba de ser una pilatuna de mal gusto con las victimas, un burdo engaño.
Segundo: no cabe duda de que el monto de la suma a la que ascendería esta indemnización sería inconmensurable y de difícil cumplimiento, así sea de tracto sucesivo, pero no un imposible ni que el Estado se quiebre o  vaya a desaparecer por sustracción de materia, ya que éste como el globo terráqueo son perennes, pero esta no es ni disculpa, ni una causal de justificación valedera legal, ni razonable para evadir una responsabilidad obligatoria en cabeza del Presidente como representante legal de la Nación. Ahora bien, si al gobierno a través de una ley se le   autorizaba para indemnizar a las victimas por la vía administrativa, a fin de obviar y evitar los engorrosos y largos trámites judiciales de la acción de reparación directa, mal haría la norma en señalar que para indemnizar a unos pocos ( los de falsos positivos ) se les exigiera que mediara sentencia para su reconocimiento, sería lo más absurdo e inconstitucional, ya que se violaría el principio fundamental del Derecho a la Igualdad. Es de anotar, que entre todas las victimas, si de discriminación se trata, los que tendrían más prelación casi por derecho propio serían las victimas de los agentes del Estado, que tendrían una relación más estrecha y directa que la que pudiese existir con los ‘paracos’ y ‘farianos’.

Marco Aurelio Uribe García
Manizales, junio 26 de 2009