Los árboles: la nueva moneda del siglo XXI que, técnicamente, no resuelve del todo el problema de la desforestación y la acumulación de C02 en la atmósfera; pero sobre esto volveré más adelante.

La narrativa de la deforestación en Colombia en cuatro gobiernos hito: Uribe, Santos, Duque, y Petro.

“El ejercicio de una autoridad efectiva, que sigue reglas, contiene y disuade a los violentos y está comprometida con el respeto a los DDHH (…)”.  Así se define la Seguridad Democrática en el PND 2002 – 2006 del gobierno Uribe, donde las dinámicas ilícitas relacionadas al narcotráfico, permearon fuertemente la toma decisiones entorno a la lucha contra la deforestación. En definitiva, el enfoque para contrarrestar esta actividad, tenía una visión militarista de intervención directa hacia combatir los cultivos ilícitos, promover la sustitución, y las Familias Guardabosques como un programa innovador replicable a nivel internacional.

La deforestación de la tan anhelada Paz: ¿Un compromiso de medio y no de resultado?

El gobierno de Juan Manuel Santos vivió el pico más alto que el país ha enfrentado en la tala de árboles desde el 2001: 220.000 hectáreas en comparación a las 180.000 reportadas previo al Acuerdo de Paz. Y es que a pesar de los avances como El Pacto Intersectorial por la Madera Legal, la suscripción al Acuerdo de París y la política de Pago por Servicios Ambientales, el nacimiento de los Acuerdos significó paradójicamente un arma de doble filo para los compromisos en materia de deforestación.

La desarticulación de las FARC exacerbó las deficiencias institucionales en la Amazonía, y acabó con un sistema de protección de la fauna a `pistolazos´ , pero eficiente, que logró contener hasta cierto punto las cifras de árboles talados. En definitiva, la toma del control del territorio por parte de los grupos armados, aseguraba lo que el Estado no podía: crear un sistema reglado de protección.

Y como las aguas se comenzaron a revolcar, desde la nueva presidencia de Iván Duque se toma la decisión de darle vida a una operación bastante controvertida, con enfoque militar y judicial y fiscal, en aras de enfocar los recursos hacia los responsables del crimen. No obstante, los campesinos de las zonas `fichadas’ por el Estado terminaron siendo el objetivo equivocado y perseguido, donde bajo desgarradores testimonios narran incluso la quema de sus hogares como medidas de advertencia. En este discurso, el Gobierno Nacional habla de áreas intervenidas, controladas y recuperadas como logros tangibles de Artemisa, pero sin tener presente que contrario a ello,  se configuraron zonas sin programas de reforestación, control de la criminalidad, y falta de garantías de acceso a las instituciones ambientales en el territorio afectado.

El giro de 180º: de una Artemisa fallida, a la estrategia comunitaria y participativa.

Con el paso de Petro al poder se despide de Artemisa para darle vida al ordenamiento del territorio alrededor del agua y a la justicia ambiental, con miras a brindar mayor protagonismo a los campesinos e indígenas en el cuidado local de la selva. Las JAC, ONGs, CAR, y demás instituciones ambientales, facilitarán la materialización de acuerdos y planes que permitan llegar a una reducción poco ambiciosa de la deforestación (20 %), pero cuidando la integridad del pequeño campesino. Sin embargo, la estrategia genera ciertas dudas en el porqué de una cifra tan conservadora, en la verdadera capacidad de las instituciones ambientales, en la financiación, y el alcance que tendrán las comunidades para verdaderamente contener el problema como autoridades territoriales.

En este escenario es fundamental detenerse en lo siguiente: Si bien la línea del tiempo ha estado marcada por enfoques políticos yuxtapuestos, hay un punto que no se puede perder de vista y que pareciera ser ignorado por el Gobierno: plantar árboles se ha convertido en una estrategia controvertida para combatir la crisis climática a nivel mundial. Los árboles por naturaleza contribuyen a absorber C02 y evitar que la temperatura de la atmósfera se desestabilice, pero pensar que el problema se va a acabar contrarrestando la tala con más siembra, es una afirmación osada.

La siembra “a la loca” de árboles puede provocar un aumento de incendios forestales si no se les da el mantenimiento adecuado en su crecimiento, o si se ubican en terrenos equivocados. Adicionalmente, no hay un equivalente de árboles que neutralice las emisiones que provienen del hombre; esta es una carga bastante alta que se les ha impuesto. En zonas como el Ártico, la siembra de árboles en las praderas de tundra, ocasionaría el aumento de temperaturas del suelo y el derretimiento del permafrost, generando así más C02 por la descomposición de los microbios.

Reforestar no es restaurar: los desiertos verdes son solo funcionales para seguir alimentando el ciclo vicioso de la tala, quema, y venta a la industria, sin tener en cuenta el ciclo ecológico que se ha roto por completo.

El remedio termina siendo entonces, más perjudicial que la misma enfermedad: una posición científica que no puede ser ignorada

¿Ustedes qué opinan?