Loco o no loco Jonathan Vega debe responder ante la justicia y pagar con cárcel por lo que hizo, arrojar acido al rostro de Natalia Ponce.

Jurídicamente no puede continuar siendo esta –la frase que da título al post – la relación entre salud mental y delito.  Padecer una enfermedad mental no debería ser, bajo ningún pretexto, una razón para declarar a un delincuente como inimputable, y exonerarlo de responder ante la justicia por el daño, en este caso irreparable, que le causa a otra persona.

La justicia misma no puede continuar proporcionando a los delincuentes todo tipo de herramientas legales para evadirla. Erradicando este principio, sólo así los imputados dejarán de argumentar estar locos para salir libres.

Es debido a este vacío e inconsistencia jurídica que tanto defensa como los que obviamente reclaman justicia han centrado su estrategia en intentar establecer su culpabilidad o inocencia en el hecho de sí padece o no de un trastorno mental  que,  para mí es claro que sí existe; nadie en sus cabales va y hace lo que este sujeto hizo. Existen infinidad de trastornos,  y la capacidad para coordinar, planear y ejecutar un acto no es un indicador que permita establecer con certeza que el  sindicado no padece ningún tipo de patología mental.

Que el ataque haya sido premeditado no descarta que sufra de un desorden mental, ni contradice el hecho de que su condición mental esté deteriorada; que haya sido capaz de comprar el ácido, planear y ejecutar el ataque no implica que esté bien de la cabeza, pero,  comprobar que no lo está, bajo ningún motivo debe ser un atenuante para su pena y mucho menos una excusa para dejarlo en libertad.

Todo lo contrario, comprobar que está loco debería ser la razón principal para entender el riesgo de que un sujeto como este sea puesto en libertad, cuando es claro que no puede vivir en sociedad y representa un peligro para la misma, y con más veraz debería ser recluido en un centro penitenciario.

¿Por qué no recluirlo  en un hospital psiquiátrico?, esa debió ser una decisión autónoma o de su familia, y el lugar adecuado antes, no ahora, después de haber cometido un delito y afectado y arruinado  de por vida la integridad de un tercero.

Es en ese sentido hacia donde mi apunta mi reclamo y el cuestionamiento que hago de la ley.

Por último, quienes padecen de un desorden, llámese esquizofrenia, paranoia, trastorno de ansiedad o cualquier otro, deberían estar en la obligación consigo mismos, pero sobre todo con la sociedad, de buscar ayuda, medicarse, internarse, aislarse… más aún cuando el riesgo de atentar contra la integridad de otra persona es latente, y cuando, según su propio testimonio, este sujeto era consciente de su condición.

“Decía que tenía unos demonios que lo atormentaban»… No podemos seguir pecando de ignorantes, ni deslumbrándonos con cuentos oscuros y esoterismo, esto no se trata de un asunto del más allá, la ciencia ya ha definido y dado nombre propio a esos demonios: enfermedades mentales, y era su deber y el de su familia tratarlas, y no intentar valerse ahora de esa condición para evadir su responsabilidad, no pagar por su crimen, y hacerle conejo a la justicia declarándose a sí mismo como inimputable.