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Recientemente causo indignación en un pequeño sector de la opinión pública colombiana, la solicitud de alias “Timochenko” a la Justicia Especial de Paz: la apertura de un macro caso que permita su reconocimiento (y en general de los integrantes de las FARC-EP) como víctimas del conflicto armado. Los criminales que ahora se sientan en el Congreso de la República, fueron responsables durante décadas de los crímenes más atroces en contra de la población civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. La destrucción de poblados enteros mediante el empleo de los cilindros bombas, “pescas milagrosas”, secuestros, actos terroristas como collares bomba, bicicletas, cadáveres o incluso animales cargados de explosivos con el único fin de asesinar indiscriminadamente y demostrar su macabro poder.
Todos los colombianos que fueron testigos de este pasado sanguinario, tienen la responsabilidad de no permitir que ese sufrimiento sea olvidado, y deben exigir que sus responsables sean finalmente condenados en vez de ser premiados. La sociedad colombiana debe oponerse con firmeza, a los intentos de instituciones como la Comisión de la Verdad, que señalan que todos los colombianos son culpables del largo conflicto armado, mientras que grupos terroristas como las FARC˗EP o el ELN, pasan a ser víctimas del Estado colombiano. La paz debe alcanzarse con la democratización de la justicia y la reparación efectiva de las víctimas, en sentido opuesto, vemos como el gobierno emite decretos designando como gestores de paz a probados criminales, democratizando la impunidad y recordándonos que para el presidente Petro y su círculo: “el fin justifica los medios”.
El resultado de ese olvido, en el que los victimarios se convierten en víctimas, nos recuerda ese viejo adagio que dice: “…la Historia la escriben los vencedores”. Lo lamentable, es que cualquier persona que consulte la hemeroteca y revise al azar las noticias de la década de 1990, podrá darse cuenta cómo se vivió en Colombia el horror generado por los grupos armados ilegales y los carteles del narcotráfico, además de cómo el Estado en ese entonces no contaba con los medios suficientes para enfrentarlos, sin dejar de mencionar a una élite política incompetente y corrupta, asociada en muchos casos a estos grupos criminales.
Un ejemplo de lo anterior es el caso prácticamente desconocido del genocidio del partido político fundado por desmovilizados de la guerrilla del EPL (Ejército Popular de Liberación) que cambió su nombre a “Esperanza Paz y Libertad”. Se calcula que alrededor de 3.000 de sus desmovilizados fueron sistemáticamente asesinados en la región del Urabá tanto por las Autodefensas como por las FARC-EP, pero fue este último grupo en cabeza de alias “Iván Márquez”, quien ha sido reconocido por los sobrevivientes como el mayor responsable del asesinato de cientos de miles de desmovilizados, ¿Por qué la JEP no ha investigado estos crímenes? Finalmente, los Acuerdos de La Habana no trajeron la paz a Colombia, no desmovilizó a la totalidad de los integrantes de los grupos armados ilegales, por el contrario, se ha convertido en un ejemplo del cómo democratizar la impunidad y crear un puente de acceso en el cual los criminales obtienen cuantiosos beneficios y sus víctimas son nuevamente vulneradas mediante la manipulación de la verdad del conflicto armado.
