El Procurador Ordoñez está en plena Cruzada evangelizadora. No desde hace unos días a raíz del dictamen de la Corte Constitucional que le exigió retractarse, y dejar de tergiversar, en seis puntos sobre el tema de la interrupción del embarazo en tres circunstancias; sino desde mucho antes, cuando incubó el fanatismo religioso en su natal Bucaramanga, que lo ha llevado hoy a constituirse en el adalid del conservadurismo y a la postre del uribismo, que ya lo han sugerido como candidato presidencial. Porque ese es el pecado de Ordoñez: la encarnación perfecta del maridaje entre un discurso moralista y la práctica politiquera, ambos anclados en lo profundo de la manera de hacer política en Colombia.
El fanatismo religioso del Procurador no es el primero y con seguridad no será el último. La capacidad de dar a luz políticos defensores a ultranza del Catolicismo en nuestro país es de admirar: la Regeneración liderada por Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro a finales del siglo XIX, cuyo primer acto de gobierno fue devolver a la Iglesia las tierras confiscadas por la ley «de manos muertas» impuesta unos años antes; el ortodoxo Laureano Gómez, líder natural del partido Conservador cuyo aversión por Alemania no se debía a los estragos de Hitler y sus secuaces, sino porque en este país nació Martin Lutero, el reformador y hereje mayor del Catolicismo; y ni hablar de Uribe Vélez, que no se perdía una misa en sus correrías por el país o en el extranjero. Bendiciones cuyo colofón fue Monseñor Perdomo, quien ponía y quitaba presidentes desde su púlpito.
Y por el otro lado, la corruptela política, que no es por dinero -algo bueno debe tener toda persona-, sino por el alcance mismo de sus decisiones. Que podemos corroborar en las sentencias hacia quienes de uno u otro modo son incómodos para el establecimiento. Ahí están los 18 años -a los que agregó otros catorce- contra Piedad Córdoba con pruebas irregulares; y claro, la subsecuente y evidente indulgencia hacia aquellos que han recibido el guiño o la protección de un apellido o del pasado gobierno: el exembajador Jorge Visbal Martelo, que afronta un proceso penal por vínculos con paramilitares; o Alex Char, consejero para las Regiones del gobierno Santos, y quien fue socio contratista del clan Nule siendo alcalde de Barranquilla (Hora 20, Juan Carlos Flores).
Además, Ordoñez ha planeado una audaz estrategia para su reelección, digna de Rodrigo Borgia en su pugna por el trono de El Vaticano hace medio milenio. «Tiene a todos de acuerdo y contentos» (Semana, 2012), hasta tal punto que hoy no conocemos el nombre de los posibles postulantes para el próximo período como Procurador. Y que se constituirían en mero formalismo: su elección es casi un hecho.
Para lograr tal objetivo, denunció Daniel Coronnell «Ordoñez está entregando a cuotas el ministerio público para asegurarse su reelección, algunos de los padrinos están envueltos en procesos judiciales o disciplinarios» (Semana, 2012). Y el hecho de que familiares de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que trabajan en la Procuraduría no hubiesen sido removidos de sus puestos o hayan presentado su renuncia, a raíz de su nombramiento como candidato del máximo ente judicial, deja entrever el juego de intereses y beneficios que se mueven con la reelección del Procurador. Que el constitucionalista Rodrigo Uprimny enfatizó como una violación al artículo 126 de la Constitución.
Y ese es el debate de fondo: el Procurador, que debería ser el garante de los derechos ciudadanos y vigilante de los funcionarios públicos, anda en Cruzada evangelizadora. Ya no desde las aulas como simple monaguillo del párroco chileno René Trincado (Kien y ke), ni quemando en pilas de fuego a Nietzsche, Proust o Freud, o planeando persecuciones a homosexuales. Sino desde la Procuraduría, que ha convertido en un montaje clientelista, y aún peor: ha atropellado los derechos fundamentales de las ciudadanas, como escribió Daniel Samper Pizano en su columna del pasado domingo.
El procurador propende por un Catolicismo ultramontano, similar al de la Inquisición en España. «El martirio de Santiago», del pintor español Francisco de Zurbarán, 1648.
Ordoñez y su séquito, que más bien es una jauría ha interpuesto todos los obstáculos posibles para impedir que las mujeres gocen del derecho de decidir sobre su cuerpo y su salud, establecido por sentencia de la Corte Constitucional en el 2005. Desde demandas, amenazas a médicos y clínicas (el caso de la Clínica de la Mujer en Medellín, que María Eugenia Carreño persiguió hasta desamortizarla), hasta mentir, al decir que «el Gobierno adelanta campañas masivas de apoyo» (El Tiempo, 2012). En consecuencia, muchos médicos dejaron de atender casos de interrupción del embarazo, asustados quizás, coaccionados por el discurso retrogrado o cobijados por la objeción de conciencia.
Y por mentir, por falsear la verdad, que en este caso es el desacato al máximo ente y protector de la Constitución de 1991, dicha Corte le exigió al Procurador Ordoñez que se retractara. Y la respuesta, conociendo su talante no pudo haber sido otra: interponer un recurso de nulidad del mandato. Con lo cual se sitúa no en una posición ascética o ética como defensor de la moral pública; sino que se constituye en el primer ciudadano es desacatar un fallo de la Corte Constitucional, con lo cual se instala por encima de ésta, y del resto de los ciudadanos.
Lo hace por la terquedad, leí en una revista, la misma que caracterizó a los Inquisidores de hace varios siglos. No oye ni comprende y menos aún, acata mandatos constitucionales o legales, porque su lucha es moral, religiosa, evangelizadora. Una guerra, que en nuestro país se traduce en una persecución hacia quienes piensan diferente a él. Tal como se ha hecho la política aquí: una sola verdad, un solo partido, y de nuevo, una sola religión.
Campaña Procura Colombia, en la imagen la bogada Mónica Roa, revista Diners, 2012.
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