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El Estado, creo yo, tiene que poner los límites reales, y aplicar una sensatez de austeridad en sus exigencias de fotocopias de documentos. No tengo la estadística, pero creo que el desperdicio del papel representado en hojas tamaño carta en nuestro país debe ser una vergüenza.

Los colombianos nos hemos graduado como consumados usuarios de las fotocopiadoras. Las particularidades de nuestra vida nacional –desconfiada, abusiva, ventajosa, intrincada, empapelada- nos han llevado a hacer de estos aparatos (que cada vez son más sofisticados y dotados de propiedades inverosímiles) parte sustancial de nuestra vida cotidiana.

¿Quién no saca fotocopias? Desde las empresas hasta los alumnos, desde los farragosos procesos licitatorios hasta la misma razón de ser de las oficinas públicas. Nadie puede tirar la primera piedra en esa cultura adoratriz del papel desperdiciado y de las constancias, de la verdad repetida y calcada para que quede certeza de su existencia.

En la orgía de la fotocopia tienen responsabilidad varios agentes. El Estado en primer lugar. Aunque haya medidas y decretos que pretendan regular los trámites innecesarios, es casi seguro que a la oficina pública usted tiene que llevar una fotocopia o salir de allí como un volador a sacar reproducciones en papel. Aunque, claro, como la práctica es febril, muchos despachos montan su propio negocio de fotocopias, rentable, eso sí, dado el alto número de papeles que en esas condiciones tienen establecido como exigencia.

No se diga los alumnos. Casi podría decirse que la fotocopia ha permitido eso que entendemos aquí como “la educación” para millones de colombianos. Un alumno compra el libro, y de ahí se cuelgan otros para sacar las fotocopias de páginas o de ejemplares enteros. Los profesores entregan fotocopias. Muchas instituciones educativas tienen montadas oficinas de fotocopias. Y solo hay que ver los alrededores de las universidades para captar que el lugar que sigue en número a los bares y metederos etílicos son los locales de fotocopias.

Pero eso se está acabando. Por lo menos en lo que tiene que ver con los libros. En “Comercial Papelera” hace unos días, vi cómo a una persona que llegó a solicitar la fotocopia de un libro completo, lo remitieron a un aviso: sólo se fotocopia el 10%. Y no de páginas seguidas. Lo mismo aprecié en “Auros”, con la persona que atendió y buscó en la página que precisaba la autorización del autor. Devolvió el libro con mucha pena y remitió al cliente a la lectura de un aviso fijado en la pared.

La Ley 98 de 1993 (quién lo creyera, ¡hace ya 13 años!) le puso coto a la fotocopiafilia o fotocopiatitis. Está prohibido sacar fotocopia de un libro sin autorización expresa de su autor. Y esos banquetes de libros enteros fotocopiados están en vía de extinción. Es una bendición para quienes escribimos y publicamos libros, que si bien no ganamos mucho en la venta, es siempre más de la nada que nos queda por ediciones piratas y libros fotocopiados.

La misma vida digital que parece tan libre y tan gratuita, ha puesto límites a esa práctica y en el mismo sentido. “Play Libros”, la aplicación de Google, no deja copiar sino el 1% de un libro y va reportándole al lector cómo se le va agotando esa exigua posibilidad. Así que al Copy – Paste, por lo menos en lo que tiene que ver con los libros, también le están templando la brida.

Ahora bien, ese país ideal que armamos tan fácil y legislativamente en Colombia, necesita un principio de realidad. Y tiene que ver con el precio de los libros –sobre todo aquellos que son especializados y cuyos costos resultan encumbrados, incluso para los pudientes. Para el bolsillo del salario mínimo que costea educación y mil cosas más, el libro nuevo es un saludo a la bandera. Incluso la fotocopia continua termina por desfalcarlo.

Muchas veces, inadecuados planes de lectura para las materias conllevan al abuso del recurso fotocopiador. Es un gasto inclemente de papel, aún ahora que se puede tomar fotografías a los documentos con el celular y dejar en la memoria la preciada constancia.

Creo que el gobierno debe pronunciarse al respecto –en este asunto de los libros y de los recursos pedagógicos– desde instituciones como el Ministerio de Educación, en trabajo unísono con las asociaciones universitarias y de colegios y la misma Cámara Colombiana del Libro.

El Estado, creo yo, tiene que poner los límites reales, y aplicar una sensatez de austeridad en sus exigencias de fotocopias de documentos. No tengo la estadística, pero creo que el desperdicio del papel representado en hojas tamaño carta en nuestro país debe ser una vergüenza.

La demanda de fotocopias ha generado empresas y empleos, y dinamizado otras industrias como las del papel y las tintas. Y productos anexos como anillos y pastas. Seguramente las mencionadas en este artículo estarán supliendo con otros servicios el faltante que representa el cumplimiento exigente de la ley. La medida llegará tarde o temprano a los pequeños locales –muchos de ellos familiares, en los que la supervivencia se busca también con conexiones a Internet y todo tipo de alternativas, incluidas las alimenticias. La ley es para todos.

Creo que el gobierno debe pronunciarse al respecto –en este asunto de los libros y de los recursos pedagógicos– desde instituciones como el Ministerio de Educación, en trabajo unísono con las asociaciones universitarias y de colegios y la misma Cámara Colombiana del Libro.

Y en todo caso, reducir drásticamente el uso de fotocopias en los trámites, en los requisitos que el Estado nacional, departamental y municipal impone a sus ciudadanos. Un país que se asoma a la paz no puede hacerlo a través de la ventana de la desconfianza y complicándoles la vida a sus habitantes, robándoles el tiempo que necesitan para reconciliarse, claro, pero también para aumentar la baja productividad nacional. La misma que necesita incrementarse para sufragar todo lo que se viene y para lo cual vamos a necesitar esfuerzos originales y no fotocopiados.

www.carlosgustavoalvarez.com

 

VER

http://www.gerencie.com/derechos-de-autor-en-el-servicio-de-fotocopiadoras.html

https://encolombia.com/medio-ambiente/normas-a/hume-decreto215095/

 

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PERFIL
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Carlos Gustavo Álvarez G. es periodista y escritor. Ha dirigido y editado diferentes medios de comunicación --Revista Elenco, Edición Dominical EL TIEMPO, Revistas Credencial y Cromos-- y publicado 14 libros sobre diversos temas. En 2017 cumple 35 años como columnista de prensa, labor que ejerce actualmente en Portafolio y en el blog Motor de Búsqueda de EL TIEMPO. www.carlosgustavoalvarez.com

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10 Comentarios
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  1. luzalvarez0626

    Este jugoso negocio de las fotocopias tiene que acabar porque estamos tapados de papel, que luego hay que botar y como precisa el comentario anterior, el daño a la naturaleza es enorme. Cuantos arboles se talan para fabricar las hojas de papel que luego se botan ?

  2. La empresa privada no se queda atrás. Davivienda exige copia de registro civil de defunción y registro civil de nacimiento para procesar un reclamo de sucesión, desconociendo que para elaborar la escritura de sucesión se requieren esos documentos, por lo tanto están implícitos en la escritura. La DIAN pide varias veces el mismo documento porque dicen no tener forma de encontrar el que ya se ha entregado previamente.

  3. Syleolibros en Amazon, DOnald Trump, lo mejor que le puede pasar al Mundo y a los Estados Unidos, si es Elegido Presidente, LA historia del Papa Francisco, JUsticia Bajo Fuego, LA Oración de Francisco, FRancisco Antes de ser Papa, EL Eme y la Toma y más.

  4. luisalvarez0628

    Solución: incentivar la producción virtual de documentos y el costo razonable de textos y libros impresos. De todas formas, la lectura no se puede erradicar, sea a título de formación escolar o de gusto personal.

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