Esta es la época del año en la que los estudiantes universitarios (y sus familias) se preparan para los trámites de matrícula del siguiente semestre o, en algunos casos, el inicio de los estudios universitarios. Un proceso el cual, en el caso de la Universidad Nacional de Colombia, ha tomado un giro preocupante, el cual plantea varias preguntas sobre la actitud hacia la educación superior pública.

El grupo de trabajo Avanza UN puso de manifiesto esta semana las irregularidades presentadas en el cálculo del pago de matrícula de los estudiantes que inician sus estudios en el segundo semestre de 2015. Esencialmente, el sistema calculó los valores a pagar de tal manera que dejó altísimas cuentas de cobro a estudiantes que no tienen los medios para pagar matrículas con valores entre los 3 y 5 millones de pesos. Si bien el mismo grupo de trabajo reconoce que esto está asociado en buena parte con errores en la implementación de la plataforma virtual para el ingreso de los documentos necesarios para la realización del trámite, también resulta importante tener en cuenta este suceso en relación con otros.

En los últimos días, se ha anunciado con bombos y platillos la continuidad del programa Ser Pilo Paga para los graduados de este año, al mismo tiempo que los beneficiarios que ingresaron a la universidad a través del mismo este semestre renuevan sus créditos para el segundo semestre del año. Frente a esto, resultaría interesante conocer las estadísticas de deserción por parte de los beneficiarios en este mismo periodo de tiempo para obtener una medida clara de la efectividad del programa en esta primera etapa. En este sentido, si bien puede entenderse como una instancia en la que se hila muy fino, también es cierto que resulta preocupante que una medida que, en su sentido mas básico es una forma de financiación estatal a las universidades privadas, sea mantenida y sea considerada como la forma de garantizar el acceso a la universidad en desmedro del apoyo a las universidades públicas, especialmente si tenemos en cuenta que en este año, la desfinanciación de la Universidad Nacional llegó a un punto crítico, como lo demuestra lo ocurrido en la facultad de ciencias humanas de su sede Bogotá. Algunos, me incluyo, podrían considerarlo como una teoría de conspiración, pero resulta de todos modos pertinente preguntarse si lo ocurrido con las matrículas en la Universidad Nacional no es otra instancia mas en un proceso de desmantelamiento de las estructuras de la educación superior pública.

Este es el momento para realizar una discusión seria sobre las políticas públicas con respecto a la educación superior, no solo en términos de su calidad, sino de la manera en la que el Estado participa dentro del mismo proceso, una participación que debe estar encaminada a un aseguramiento de la calidad del mismo junto a una garantía de sostenibilidad.