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La controversia por las pruebas internacionales estandarizadas no es endémica a Colombia. Al igual que las filas ante las nuevas tiendas de cadena, las pruebas PISA hacen que muchos países se rasguen las vestiduras sobre el estado de sus sistemas educativos, como el caso de los Estados Unidos, donde una discusión no muy distinta a la colombiana se da cada tres años. 

Siendo los Estados Unidos, cuando aparece esta discusión siempre apunta a una reducción en la presencia estatal, mas específicamente, un incremento en el sistema de vouchers (Utilizado en países como Suecia), en el que los padres, utilizando vouchers o cupones emitidos por el gobierno, podrían matricular a sus hijos en un colegio privado de su elección. Es un buen negocio para todos: Los padres pueden matricular a sus hijos en colegios a los que normalmente no podrían acceder y los colegios aseguran un ingreso por cuanto la matrícula estaría cubierta por el gobierno.

Este sistema plantea un interrogante: ¿A qué colegios pueden ir los cupones? A fin de cuentas, el dinero de los contribuyentes no se puede ir a un colegio de dudosa calidad, frente a lo cual los resultados en pruebas se convierten en el principal criterio: Los colegios de buenos desempeños se convierten en colegios que pueden recibir a estos recursos y estudiantes. 

Sin embargo, esto plantea un riesgo: Se conforma una dinámica de mercado donde los colegios empiezan a ofrecer un producto: La educación, cuya calidad se mide en números, aun cuando esa sea la variable menos apropiada para hacerlo, lo que puede llevar a fenómenos como una inflación en las calificaciones, con maestros que quizá califiquen a sus estudiantes de una manera mas laxa porque a fin de cuentas, ¿Qué padre no quisiera que sus hijos estudien en un colegio donde todos sacan dieces? El riesgo consiste en que nos encontraríamos ante colegios cuyos resultados, objetivamente hablando no son buenos.

Ante esta situación, resulta necesario una redefinición de la mecánica del mercado educativo, los compradores, en este caso los padres, toman sus decisiones con base a la información suministrada, pero cuando esta información está mediada por los mismos vendedores, su fiabilidad es discutible, en este caso, es necesaria una mayor regulación gubernamental, como la que aparece en los colegios de concesión bogotanos donde la calificación de los mismos es realizada por la misma secretaría de educación. Este es uno de los casos en los que la lógica del mercado no puede ser entendida en términos tradicionales, y las utopías libertarias de Milton Friedman no se ajustan completamente a la realidad.

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